Ante la petición de la Fiscalía de Perú para que la sentencia contra el expresidente Martín Vizcarra se ejecute de inmediato, el exmandatario ha descartado categóricamente cualquier posibilidad de solicitar asilo diplomático y ha reiterado su respeto por el proceso judicial. De acuerdo con el diario ‘La República’, el fiscal encargado del caso ha argumentado que la medida busca evitar riesgos de fuga y garantizar que no se repita la impunidad en procesos pasados contra altos funcionarios. Esta solicitud implica que Vizcarra, en caso de ser condenado, debería cumplir la pena establecida sin esperar la resolución de apelaciones en instancias superiores.
Según informó ‘La República’, la Fiscalía reiteró su demanda de una condena de 15 años de prisión para Martín Vizcarra, quien enfrenta cargos por supuestos sobornos recibidos mientras gobernó la región de Moquegua durante los años 2011 a 2014. La acusación sostiene que Vizcarra habría recibido aproximadamente 2,3 millones de soles, equivalentes a unos 536.000 euros, a cambio de conceder contratos públicos en su administración regional.
Durante la audiencia de juicio oral, el fiscal enfatizó la necesidad de que la sentencia se aplique de forma “ejemplar” para, según sus palabras recogidas por ‘La República’, “demostrar eficacia en la lucha contra la corrupción en las más altas esferas del poder”. Esta petición incluye también la inhabilitación de Vizcarra para ejercer cargos públicos durante un periodo de nueve años. La Fiscalía considera que el caso representa una oportunidad significativa para reforzar la confianza ciudadana en el sistema judicial y enviar un mensaje claro contra la corrupción dentro del Estado peruano.
En su declaración, el propio Vizcarra rechazó la existencia de cualquier plan para buscar protección diplomática y expresó su voluntad de presentarse en la lectura de la sentencia. “No hay posibilidad en absoluto de que pida el asilo diplomático a otro país”, declaró, citado por ‘La República’. Además, defendió que su conducta previa demuestra compromiso con el cumplimiento de las decisiones judiciales. Vizcarra había recuperado la libertad a inicios de septiembre, después de pasar más de tres semanas bajo prisión preventiva, tras una resolución del tribunal de apelaciones que calificó la medida cautelar como “infundada”.
El medio ‘La República’ consignó que la petición de la Fiscalía se fundamenta en antecedentes donde otros altos funcionarios investigados lograron eludir la acción de la justicia gracias a los plazos que otorgan las apelaciones. Ante esta situación, el fiscal solicitó que el tribunal suprima la posibilidad de dilaciones, argumentando que el Estado debe adoptar un rol más activo en la garantía del cumplimiento de sentencias relacionadas con delitos contra la administración pública.
El proceso contra Vizcarra está centrado en denuncias de cohecho pasivo propio, es decir, la recepción de pagos indebidos por parte de empresas que buscaban adjudicaciones de obras concesionadas en Moquegua. La suma que se investiga habría sido pactada para influir en licitaciones específicas, un esquema que la Fiscalía considera parte de una trama de corrupción más amplia.
Además del pedido de encarcelamiento inmediato y la inhabilitación política, la Fiscalía subrayó la importancia de evitar precedentes en los que la justicia peruana no consiga sancionar de manera efectiva a exautoridades involucradas en delitos similares. El caso de Vizcarra cobra notoriedad por tratarse de un expresidente que ocupó la jefatura del Estado de 2018 a 2020, por lo que la decisión del tribunal será observada con atención por instancias nacionales e internacionales, según reportó ‘La República’.
El debate actual en el tribunal oral incluye la evaluación del pedido fiscal y los argumentos de la defensa de Vizcarra, quien mantiene su inocencia y reafirma su disposición a acatar cualquier decisión firme que dicte la judicatura. El seguimiento del caso ha generado amplias repercusiones en el contexto político del país, y la resolución definitiva tendrá implicaciones sobre la percepción de la lucha anticorrupción en el Perú, de acuerdo con lo expuesto por ‘La República’ en su cobertura sobre la causa judicial.
