El Gobierno de Bangladesh ha reclamado nuevamente a India este lunes la extradición de la ex primera ministra Sheij Hasina tras ser condenada a muerte durante la jornada por crímenes contra la humanidad cometidos durante la cruenta represión de las protestas de julio y agosto de 2024, que costó la vida a unas 1.400 personas y que finalmente provocaron su caída, tras quince años de mandato.
«El veredicto emitido por el Tribunal de Crímenes Internacionales ha declarado culpables a los acusados fugados, Hasina y Asaduzaman –en referencia al exministro del Interior Asaduzaman Jan Kamal– y los ha condenado por los asesinatos durante el levantamiento de julio», ha resaltado el Ministerio de Exteriores bangladeshí en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X.
«Sería extremadamente hostil y degradante para la justicia que cualquier otro país concediera asilo a estas personas condenadas por crímenes contra la humanidad», ha apuntado, antes de pedir a India que «entregue inmediatamente a estos dos condenados a las autoridades bangladeshíes».
Así, ha recalcado que «se trata además de una obligación legal para India a partir del tratado de extradición entre ambos países», sin que las autoridades de India se hayan pronunciado por ahora sobre la posibilidad de entregar a Hasina, que ha criticado duramente el fallo y ha acusado al tribunal de estar «amañado» y de ser «parcial».
El tribunal ha dictaminado además la confiscación de los bienes de Hasina, huida a India y que tiene otros tres casos pendientes en esta misma corte, establecida en 2009 para investigar y enjuiciar crímenes de genocidio y de lesa humanidad: dos por desaparición forzada y otro por la represión de unas protestas de 2013.
Hasina, para quien la Fiscalía había reclamado la pena de muerte por este caso, ya fue condenada a principios de julio a seis meses de cárcel por desacato tras ser imputada por crímenes contra la humanidad al ordenar la represión de las protestas, convocadas contra un polémico sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de los puestos públicos a familiares de veteranos de guerra.
