El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó su preocupación por el desacato de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y del fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez a la orden judicial que dispone la reposición de Delia Espinoza como fiscal suprema y titular del Ministerio Público. La entidad apuntó a la existencia de “intereses políticos” detrás de estas acciones.
A través de un comunicado, calificaron de una grave afectación al principio del Estado de derecho y poner en cuestión la autonomía de las instituciones de justicia en Perú al no acatar la resolución del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, emitida el 10 de noviembre, que ordenó a la JNJ la inmediata restitución de Delia Espinoza Valenzuela en el cargo de fiscal de la Nación, con un plazo máximo que vencía el 14 de noviembre.
Consideraron que la negativa justifica “una acusación constitucional contra ellos y acusarlos ante el Congreso”. Sin embargo, dado el respaldo, tienen la libertad de “vulnerar el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas”.
«Desde la Junta Directiva del CAL vemos con preocupación el deterioro institucional en el país, el incumplimiento de las decisiones judiciales en el marco de un Estado Democrático de Derecho, que mella al Sistema de Justicia y, en particular, al Poder Judicial, así como el desvío de las decisiones judiciales por decisiones políticas“, escribieron.
Por último, exhortaron a la JNJ y a Gálvez a acatar la decisión “como un ejemplo para todos los peruanos de que las decisiones judiciales se acatan y se apelan en un Estado de derecho”.
Delia Espinoza exige cumplimiento inmediato
Delia Espinoza acudió a la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de reclamar celeridad en los trámites administrativos y la notificación oficial a las partes involucradas, tras la sentencia que dejó sin efecto su suspensión y dispuso su reincorporación.
La magistrada considera que tanto la Junta Nacional de Justicia como el actual fiscal interino evidencian desacato al no concretar su regreso e insiste en que la situación debe resolverse para evitar mayor incertidumbre en la gestión del Ministerio Público y poder retomar su plan de trabajo detenido por la medida disciplinaria.
“Para los que conocen el derecho, lo que se habría cometido desde ya es el delito que se llama resistencia y desobediencia a la autoridad. Ellos, contrariamente a obedecer, lo que han hecho es continuar con el procedimiento administrativo disciplinario en mi contra, cosa que había sido ya detenida por orden del juez constitucional. Entonces, ante esa demostración de renuencia, de no acatamiento, de desacato manifiesto, lo que el juez debe hacer es ejecutar y exigir al fiscal de la nación interino para que proceda simplemente a hacerme entrega del cargo”, expresó y adelantó que habrá una nueva notificación de ejecución inmediata.
A pesar de la orden judicial, persisten cuestionamientos sobre la precisión en la ejecución de la sentencia, debido a un pedido de aclaración presentado por su defensa. No obstante, Espinoza sostiene que la reposición debe concretarse de inmediato, sin otros obstáculos administrativos.
