El retraso en la actualización de la bonificación judicial dejó a 59.000 empleados del sector justicia sin recibir un componente esencial de su salario, lo que encendió las alarmas de la Contraloría General de la República por los riesgos fiscales y jurídicos que enfrenta el Estado colombiano.
A seis semanas de concluir el año, la delegada para el sector Justicia advirtió que el Gobierno nacional aún no ha expedido el decreto que fija el reajuste anual de la bonificación establecida por el Decreto 383 de 2013, la cual debe pagarse mensualmente y actualizarse cada año conforme al incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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Sin embargo, Infobae Colombia conoció que el decreto 1195 de 2025 sí se firmó, pero aún se están realizando los ajustes internos en las nóminas de los empleados para que pueda hacerse efectivo el desembolso del dinero correspondiente a la bonificación.
Dicho documento fue firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila el jueves 13 de noviembre del presente año.
No obstante, esta omisión, que ya suma once meses, ha impedido que los servidores judiciales reciban el pago ajustado, afectando directamente sus derechos salariales y prestacionales.
El organismo de control señaló que la falta de definición del reajuste expone al Estado a reclamaciones administrativas, tutelas y demandas que podrían derivar en pagos retroactivos elevados.
Según la Contraloría, esta situación puede traducirse en la constitución de pasivos contingentes y ciertos, lo que comprometería el equilibrio presupuestal del Ministerio de Hacienda y de las vigencias futuras.
Además, la acumulación de obligaciones económicas no reconocidas durante el año genera una brecha entre lo presupuestado y las obligaciones reales, poniendo en riesgo el principio de sostenibilidad fiscal y la regla fiscal aplicable al sector.
Las entidades del sector justicia han solicitado en repetidas ocasiones al Ministerio de Hacienda y al Gobierno nacional que definan el reajuste y asignen los recursos necesarios para iniciar los trámites administrativos y financieros que permitan saldar la deuda acumulada.
La falta de respuesta ha generado presiones adicionales sobre el gasto de personal y ha afectado los principios de planeación, anualidad y sostenibilidad fiscal, tal como lo establece el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Leyes 38 de 1989 y 179 de 1994).
La Contraloría enfatizó que, una vez se expida el decreto, las entidades deberán reconocer y cancelar la bonificación acumulada, lo que requerirá recursos adicionales y podría significar un incumplimiento de los principios presupuestales. Además, advirtió que la no revelación oportuna de estos pasivos en los estados financieros afecta la transparencia y precisión del reporte contable del sector público.
El organismo de control instó al Gobierno nacional a actuar con eficiencia en el uso de los recursos públicos, evitar reprocesos administrativos y prevenir mayores costos derivados de intereses, sanciones o ajustes tardíos. La Contraloría subrayó que la acumulación de obligaciones no reconocidas puede generar una brecha estructural entre las apropiaciones presupuestadas y las obligaciones reales de la entidad, lo que pone en riesgo la sostenibilidad fiscal y genera impactos sobre la regla fiscal del sector.
En este contexto, la advertencia de la Contraloría General de la República resalta la urgencia de que el Gobierno nacional expida el decreto correspondiente y disponga los recursos necesarios para garantizar el pago oportuno y ajustado de la bonificación a los servidores judiciales, evitando así mayores riesgos fiscales y jurídicos para el Estado colombiano.