El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, junto con los otros cuatro detenidos en la segunda fase del caso ‘Mascarillas’, que investiga el presunto cobro de comisiones a través de contratos irregulares a través de la institución provincial, han sido trasladados a la Ciudad de la Justicia de Almería para prestar declaración ante el juez.
Tras dos noches en dependencias de la Guardia Civil, donde en la tarde de este miércoles declararon ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), los arrestados han sido conducidos poco antes de las 11 horas hasta el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería para su primera declaración judicial.
Junto con García, pasan a disposición judicial el vicepresidente segundo de la Diputación de Almería, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP). Ambos, junto con el hijo del primer edil, también detenido, estaban ya investigados en la primera fase de la instrucción, que se remonta a abril de 2021.
Como quinto detenido también trasladado a dependencias judiciales, donde se prevé el inicio de las declaraciones a las 12,30 horas, se encuentra un funcionario del Área de Fomento de la Diputación al que, además, estaba adscrito el exvicepresidente tercero Óscar Liria, quien se sitúa en el epicentro de la trama y que ha sido nuevamente investigado en esta nueva fase.
En total son cinco los investigados, sin que se descarten nuevas imputaciones, a los que la UCO señala en esta segunda fase, entre ellos dos hermanos del presidente de la Diputación y un empresario de Fines. Según lo previsto, serán llamados a declarar más adelante por el juez instructor.
A la sede judicial acudieron a primera hora algunos de los abogados que representan a los detenidos así como el de la acusación popular que ejerce el PSOE, el letrado Javier Salvador, quien se ha mostrado expectante ante el «largo día» que acontece. «Esto es una cuestión de saber de qué van realmente las imputaciones que se van a marcar, qué es lo que va a pedir el fisca y, a partir de ahí, pues actuaremos», ha dicho en una breve atención a los medios.
Durante los últimos dos días la UCO ha realizado más de una decena de registros en distintas sedes de la Diputación de Almería, en especial, en los despachos de Presidencia y en el Área de Fomento. También se han registrado domicilios particulares y sedes de empresas, así como el Ayuntamiento de Fines, donde se recabaron expedientes.
El origen de la trama se sitúa en un contrato de más de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en la fase más incipiente de la pandemia de covid-19, del que se habrían obtenido ‘mordidas’, lo que derivó en una investigación más profunda que destapó un entramado de empresas. La causa principal cuenta ya con 14 personas investigadas judicialmente –entre ellas Giménez, Sánchez y Liria– así como siete empresas.
La investigación llevada a cabo muestra indicios de que los investigados «hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber si destinatarios, entre otros».
