Un nuevo capítulo en la disputa entre Gustavo Petro y el grupo empresarial Keralty se abrió tras una publicación del presidente en su cuenta de X, en la que acusó a la compañía de haber realizado una donación de cincuenta millones de pesos a la campaña de Fabio Aristizábal, que posteriormente asumió el cargo de superintendente de Salud durante el gobierno de Iván Duque.
Esta afirmación se suma a los recientes cruces de declaraciones entre el mandatario y los propietarios de la EPS Sanitas, intensificando la controversia en torno a la relación entre el sector salud y la política en Colombia.
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El jueves 19 de noviembre, durante un consejo de ministros, Petro ya había manifestado públicamente sus críticas hacia Keralty.
La respuesta del grupo empresarial no se hizo esperar y llegó en la mañana del día siguiente, el 20 de noviembre, cuando la compañía defendió su posición frente a las acusaciones del presidente.
Sin embargo, la tensión escaló cuando el jefe de Estado recurrió a las redes sociales para exponer una denuncia concreta sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de campañas políticas.
En su mensaje, Petro escribió: “La empresa Keralty, Sanitas, donó 50 millones de pesos a la campaña de Fabio Aristizábal que después se convirtió en superintendente de salud de Duque. Está prohibido que extranjeros donen a campañas políticas. Para mí ha sido un principio permanente, no solo porque está prohibido por nuestra constitución, sino porque es venderse a intereses extranjeros”.
La controversia se centra en la supuesta contribución de Keralty a la campaña de Aristizábal, un hecho que, de confirmarse, violaría la prohibición constitucional sobre la financiación extranjera en procesos electorales.
El señalamiento de Petro no solo apunta a una posible infracción legal, sino que pone en tela de juicio la independencia de las autoridades de salud y la influencia de actores privados en la toma de decisiones públicas.
