La batalla cultural avanza, también en el área de educación. Con el foco en la autonomía de las escuelas y el rol de las familias, el Gobierno trabaja en un proyecto de ley de libertad educativa que define como “el derecho de toda persona a enseñar y a aprender conforme a sus propias convicciones, métodos y proyectos pedagógicos, con sujeción al orden jurídico y al respeto de los derechos fundamentales”. De aprobarse así en el Congreso, esta iniciativa derogaría la actual Ley de Educación Nacional (N°26.206), que rige desde 2006.
Pese a que se focaliza en la educación básica –que incluye los niveles inicial, primario y secundario–, la iniciativa también toca normativas universitarias. La propuesta, presentada en el Consejo de Mayo, habilita el homeschooling, la publicación de las evaluaciones de las instituciones y cambios en el financiamiento, entre otros puntos. Transfiere a las familias un mayor poder de decisión para elegir la oferta educativa para sus hijos, las describe en el primer artículo como “el agente natural y primario de la educación de los hijos”. A su vez, redefine al sistema educativo nacional como “el conjunto organizado de iniciativas y acciones educativas promovidas por la sociedad y el Estado”.
Aunque remarcaron que es un borrador, fuentes del Ministerio de Capital Humano ratificaron a LA NACION el contenido del proyecto difundido por La Politica Online. Según pudo saber este diario, no solo está trabajando la Secretaria de Educación, que encabeza Carlos Torrendell, sino que hay un doble comando con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, que coordina el Consejo de Mayo, en donde, según dijo el Gobierno se buscará acordar propuestas legislativas en línea con los principios planteados en el Pacto de Mayo por Javier Milei en julio de 2024.
Servicio esencial
El texto insiste con la esencialidad de la educación: establece que debe garantizarse “la continuidad mínima del servicio y el derecho de los alumnos” durante toda medida de fuerza o conflicto colectivo. El Gobierno había intentado incorporar este punto mediante el DNU 340/2025, luego derogado. La Cámara de Diputados llegó a aprobar un proyecto, pero nunca fue tratado en el Senado.
El borrador reconoce “el derecho a recibir educación básica mediante formas alternativas de enseñanza desarrolladas total o parcialmente fuera de los establecimientos educativos”. Habilita así el homeschooling, una propuesta que la Ley Ómnibus buscaba permitir a partir de los 9 años. Ahora, no establecen una edad mínima. También habilitan la educación híbrida y a distancia. Resta definir los mecanismos de acreditación. Quienes se eduquen en sus hogares tendrán la posibilidad de hacerlo “mediante exámenes periódicos o adscripción a instituciones de educación básica”.
El proyecto promueve una amplia libertad pedagógica y autonomía para que las instituciones diseñen sus propios planes de estudio “conforme a su ideario y proyecto educativo”. El reconocimiento oficial está sujeto al cumplimiento de los contenidos comunes y la carga horario mínima anual. El artículo 28 deja en claro que “la autoridad jurisdiccional competente deberá evaluar la equivalencia de los contenidos mínimos sin interferir en los contenidos propios del ideario institucional ni en su orientación pedagógica”. También permitirá que otras instituciones educativas podrán adoptar planes de estudio ya aprobados para otras instituciones y dotados de validez nacional.
Pruebas
Habilitan la publicación de los resultados de las evaluaciones nacionales –las pruebas Aprender– resguardando la identidad de los docentes y estudiantes. Hoy no está permitido por la ley nacional. Quienes promueven su difusión argumentan que permitiría a las escuelas con peores resultados aprender de las que obtienen mejor desempeño.
“La autoridad nacional de aplicación publica anualmente, en un portal digital abierto, accesible y de fácil navegación, información desagregada por institución educativa”, señala el artículo 63. Se establece, además, el derecho de cada estudiante y de sus padres o tutores a acceder a los resultados individuales.
El proyecto dedica un título completo al financiamiento, en el que se repiten los conceptos de eficiencia y transparencia: establecen un “Sistema Federal de Monitoreo de la Inversión Educativa” para consolidar los indicadores de eficiencia y equidad del gasto educativo y cada institución que reciba financiamiento público deberá “presentar anualmente una rendición detallada de la utilización de los fondos”.
Plantea la equidad de financiación entre instituciones educativas estatales y privadas “mediante criterios basados en el sostenimiento de la institución y centrados en el estudiante”. Y retoman la idea de los vouchers. Entre los instrumentos de financiamiento listan “partidas especiales de equidad e innovación, orientados a reducir desigualdades estructurales y promover mejoras de calidad” y asignaciones para las familias o alumnos que podrán ser “becas, vales educativos, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes”.
Universidades
Esta iniciativa también alcanza el financiamiento universitario, un tema sensible para la administración libertaria. Establece que los aportes del Estado nacional para las instituciones de educación superior “se distribuirá en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida -tales como carreras de grado, posgrado y otras- y su área de formación, las carreras estratégicas, el número de egresados, las áreas de vacancia, los hospitales y/o escuelas secundarias que posean a su cargo, la actividad científica y tecnológica y otros criterios que defina el Consejo Interuniversitario Nacional», se lee en el artículo 128.
Entre otros puntos, también permiten que la educación superior se dicte de forma sincrónica, en tiempo real, con interacción simultánea entre docentes y estudiantes, sea presencial o mediada por tecnologías de la información y la comunicación, o asincrónica, en tiempos no simultáneos, con interacción diferida a través de entornos y recursos digitales.
Además de presentarlo en el Consejo de Mayo, el borrador, que cuenta con 136 artículos, fue entregado por la Secretaría de Educación a la Fundación Libertad y Progreso, para que haga sus aportes. En línea con el espíritu de la ley, la organización presentó el martes pasado su Índice de Libertad Educativa en la Legislatura porteña en un acto encabezado por la legisladora Marina Kienast (La Libertad Avanza) y los economistas Agustín Etchebarne y Martín Krause, quien iba a ser secretario de Educación de la administración libertaria.
Ahondaron en la “pedagogía de la libertad” y en la necesidad de volver a los valores tradicionales. Y bajo la lógica de oferta y demanda, expusieron el índice que analiza la libertad que tienen las familias para elegir escuelas y la de quien quiere abrir estas instituciones. En el análisis regional presentado, la Argentina se ubicaba en el medio, Chile ocupa el primer lugar y Cuba, el último.
