El avance del juicio oral por la causa Cuadernos expuso el relato detallado de los imputados arrepentidos dando cuenta de las maniobras de corrupción. Fue durante la última jornada y su repaso reavivó las acusaciones contra los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, y renovó el debate sobre la responsabilidad política en el aparato de corrupción estatal. En diálogo con Infobae en Vivo, la legisladora porteña, Graciela Ocaña, trazó un duro diagnóstico sobre el alcance del sistema ilegal y cuestionó el papel de Cristina Kirchner: “Ella no podía ignorar estos hechos. Pudo ignorarlos hasta un momento, pero después de la muerte de Néstor fue partícipe clara de este hecho de corrupción”.
El avance del juicio por el caso Cuadernos —una de las investigaciones emblemáticas de la corrupción en la obra pública durante las gestiones kirchneristas—, y la exhibición pública de las declaraciones de imputados colaboradores y acusados, instaló nuevamente en la agenda la discusión sobre el círculo íntimo de poder de los años 2003-2015. En este contexto, Ocaña fundamentó sus cuestionamientos no solo en las evidencias judiciales, sino también en sus observaciones como funcionaria y legisladora con larga experiencia política.
“Es impactante porque estamos hablando de declaraciones de involucrados, sean funcionarios o arrepentidos. Es muy claro y muy fuerte lo que cuentan”, enfatizó.
Al analizar el testimonio de los partícipes y los llamados “arrepentidos” en el marco del juicio, Ocaña insistió en la gravedad del presunto entramado de corrupción. “Es impactante que digan que el día de la muerte de Néstor Kirchner en el departamento de CFK había 60 millones de dólares, eso habla del saqueo que se le hizo a la República Argentina”, dijo, resaltando la magnitud del caso y la necesidad de establecer responsabilidades claras.
A propósito del papel de Cristina Kirchner en la trama investigada, Ocaña opinó: “No hago diferenciación entre Néstor y Cristina, es como toda pareja, es muy difícil que no sepas lo que tu pareja hace y cuánto gana. Cristina fue partícipe porque a partir de la muerte de Néstor supo todo y decidió seguirlo en vez de terminarlo”.
La diputada también se refirió a los intentos de maniobras patrimoniales para proteger bienes personales y familiares: “Cristina intentó insolventarse, traspasando los bienes a sus hijos, pero la justicia lo inhabilitó, eso me parece importante porque era cuestionado”. Sobre el destino de esos bienes, remarcó: “Ahora deberán subastar los bienes luego de determinar si el Estado necesita esos bienes, la mayor parte son inmuebles en la provincia de Santa Cruz y se liquidarán en ventas públicas. Creo igualmente que no se van a llegar a los 300 millones de dólares, que es lo que se reclama”.
Consultada sobre la posibilidad de que las condenas sean cumplidas, Ocaña advirtió que “muchos de los acusados en los tiempos de confirmación de condena llegarán a cumplirla, porque son personas mayores”. Sin embargo, subrayó que “lo importante es que se esclarezcan los hechos, se establezcan las responsabilidades y se recupere el dinero, porque es lo que a los estafadores más daño les hace”. La recuperación de activos y el pago de los costos sociales, para la diputada, es central: “Los empresarios también deben pagar el costo de los hechos de corrupción que tanto daño le han hecho a la Argentina”.
La legisladora analizó otros componentes judiciales y políticos que diferencian el caso argentino de otras experiencias regionales: “Creo que el escenario de Cristina se va a complicar, porque las penas se van a ir sumando. Salvo que haya un indulto, pero me parece que pueden indultar las penas y no el fallo de que no pueda ocupar cargos públicos. Es distinto al caso de Lula porque él estuvo preso sin tener un fallo y acá ella tiene la detención y el proceso, lo transcurrió en libertad”.
En otro fragmento de la nota hizo hincapié en una reforma clave: “Se necesita una ley que establezca que cuando los bienes provienen de la corrupción o del narcotráfico, el Estado no tenga que esperar a la condena firme para realizar la extensión de dominios, es algo de lo que no se está hablando dentro de las reformas que necesita la Argentina”.
Ocaña sostuvo que “el Gobierno montó un sistema de corrupción en el ANDIS” y acusó falta de controles
La diputada también lanzó duras acusaciones contra el manejo estatal de las compras públicas en el área de discapacidad, señalando directamente al Gobierno nacional por la existencia de “un sistema para generar licitaciones acotadas” y denunciando una “falta de controles” grave en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “En vez de cambiar el sistema y abrir las licitaciones, el Gobierno armó un dispositivo que es claramente un sistema de corrupción. Acá hay un problema muy serio de controles”, afirmó.
En el marco de la investigación judicial por presuntas maniobras fraudulentas en la compra de medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad, Ocaña advirtió sobre los riesgos de un Estado sin auditorías efectivas y con mecanismos vulnerables a la corrupción sistemática, especialmente tras las indagatorias a exfuncionarios clave de la ANDIS que decidieron no declarar ante la Justicia.
Según Ocaña, el diseño mismo de las compras estatales resultaba opaco y funcional a intereses espurios: “Es una falta de control, porque Milei cuando llegó hizo auditorías en todas las áreas del Estado y dijo que además del tema de las pensiones, el sistema de compras de medicamentos no era el correcto. Compraba individualmente y de esa manera sale más caro”.
“Con este tema de destruir el Estado, el Estado necesita muchas veces que lo controlen y al poder no le gusta que lo controlen. Acá tenés la auditoría que no funciona y creo que al Gobierno mucho no le gustan los controles y esto que sucedió en el ANDIS puede que esté sucediendo en otras áreas del Estado”, concluyó
