Un mensaje enviado por el expresidente Alberto Fernández, en el que afirmaba «ya me ocupo» tras la inquietud de su secretaria privada María Cantero por la posible pérdida de un contrato en el Ministerio de Exteriores, ha sido considerado por la Justicia argentina como un elemento determinante para confirmar el procesamiento del exmandatario por supuestas irregularidades en contrataciones de seguros estatales. De acuerdo con información publicada por La Nación, la Cámara Federal de Buenos Aires ha ratificado este martes el auto de procesamiento contra Fernández por presunta corrupción, tras identificar indicios de que el expresidente intervino para beneficiar a la pareja de su secretaria mediante contratos adjudicados a Héctor Martínez Sosa, un corredor de seguros.
El fallo de la Cámara Federal porteña mantiene la acusación por negociaciones incompatibles con la función pública y sostiene que existió un “direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia” a favor de la pareja de María Cantero, quien además ejercía como secretaria privada de Fernández y era esposa de Martínez Sosa. Según publicó La Nación, los magistrados han señalado la existencia de una relación personal y profesional entre el expresidente y los implicados, lo que habría facilitado la adjudicación de contratos de seguros estatales durante el mandato presidencial.
La resolución también mantiene medidas judiciales restrictivas para Fernández. Según detalló La Nación, el procesamiento implica un embargo sobre los bienes del exjefe de Estado por más de 14.600 millones de pesos argentinos, cifra que equivale a unos 9 millones de euros, y le impide abandonar el país salvo autorización de la Justicia. El exmandatario enfrenta la posibilidad de una pena que puede ir de uno a seis años de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La investigación judicial parte de la sospecha de que Fernández habría intervenido para favorecer a Martínez Sosa, quien fue su cliente principal entre 2010 y 2019, durante su etapa previa como abogado y lobista. Según datos reunidos durante el proceso, la compañía de seguros de Martínez Sosa habría concentrado alrededor del 60% de las comisiones abonadas por la empresa estatal Nación Seguros a intermediarios entre 2020 y 2023, lo que representó más de 2.250 millones de pesos argentinos. Aunque esa cifra supera 1 millón de euros según los valores actuales, en 2023 podría haber alcanzado los 19 millones de euros si se considera el efecto de la inflación, conforme indica la reconstrucción de los pagos realizada durante el proceso judicial.
La Nación consignó que la Cámara Federal también confirmó los procesamientos dictados contra Héctor Martínez Sosa y María Cantero. Esta última enfrenta además cargos por presunto incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública. La resolución implica igualmente al entonces presidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano. El expediente judicial establece que las maniobras investigadas se desarrollaron mientras Fernández ocupaba la presidencia de la Nación, marco en el que empresas vinculadas a allegados y colaboradores suyos obtuvieron un volumen significativo de contratos y pagos por la intermediación de pólizas para dependencias estatales.
Según informó La Nación, el fallo de la Cámara Federal se produce tras un pedido de la Fiscalía presentado en septiembre, en el que se solicitaba la revocación del procesamiento por considerar insuficientes las pruebas y los testimonios disponibles. Entre los argumentos de la Fiscalía estaba la ausencia de la declaración de Santiago Cafiero, quien se desempeñó como ministro de Exteriores bajo la presidencia de Fernández.
El origen de la causa radica en una instrucción judicial impulsada por el juez federal Sebastián Casanello el pasado junio, cuando inició el procesamiento de Fernández al estimar demostrado su papel en el direccionamiento de contrataciones de seguros hacia Martínez Sosa. El juez constató que la operatoria permitió a este corredor un crecimiento notorio en la captación de contratos estatales, beneficiándolo de manera directa durante el mandato presidencial.
El proceso penal y sus derivaciones involucran a varios actores vinculados tanto al ámbito privado como al público, según el seguimiento realizado por La Nación. Mientras Martínez Sosa y Cantero enfrentan cargos adicionales, el entramado deja expuesto el mecanismo de asignación de seguros dentro de entes estatales y la posible connivencia de funcionarios con actores privados para la obtención de comisiones millonarias.
Por efecto del fallo, el patrimonio del expresidente Fernández y los de los otros imputados quedan afectados por un embargo millonario, mientras que la restricción para salir del país se mantiene vigente hasta que la causa alcance una nueva instancia judicial. El caso continúa abierto, a la espera de ulteriores avances en la investigación y de posibles declaraciones pendientes, entre ellas la de Santiago Cafiero, mencionada por la Fiscalía como un testimonio relevante para esclarecer los hechos bajo examen.
