Entre las medidas incluidas en la reciente disposición judicial, los jueces del Tribunal Oral Federal número dos de Buenos Aires fijaron un nuevo régimen de visitas para Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple arresto domiciliario por una condena de seis años. De acuerdo con Todo Noticias, la ex presidenta solo podrá recibir hasta tres o cuatro personas al mismo tiempo y en un máximo de dos ocasiones por semana. Dentro de estos límites, la Justicia exigió que Fernández entregue una nómina detallada de familiares directos, personal de custodia, profesionales de la salud que la atienden habitualmente y abogados que conforman su equipo de defensa. Aquellos incluidos en la lista, según detalló la misma fuente, podrán ingresar en la vivienda sin autorización previa, mientras que cualquier otra persona deberá contar con permiso particular por parte de los magistrados.
El tribunal también avanzó en el decomiso de un total de 20 bienes registrados a nombre de la familia de Cristina Fernández, en especial de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, así como en la transferencia al Estado de más de 80 inmuebles asociados a Lázaro Báez, empresario vinculado a la exmandataria. El motivo central de estas acciones es evitar que, tras la sentencia por corrupción, los involucrados conserven ventajas patrimoniales derivadas de delitos comprobados. Todo Noticias publicó que la suma de los activos confiscados supera los 684.990 millones de pesos argentinos, cantidad que equivale a más de 422 millones de euros según la cotización vigente al momento de la medida.
Según lo reportado, el fallo del tribunal no solo comprende propiedades ligadas directamente a Fernández, sino que abarca también a sociedades empresariales del círculo de Báez, como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos y Loscalzo y Del Curto. La investigación sostiene que los inmuebles y activos intervenidos se habrían adquirido en el periodo comprendido entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, coincidente con el ejercicio presidencial de Cristina Fernández en Argentina.
Todo Noticias señaló que la resolución judicial aplica tanto al patrimonio familiar directo como al de allegados relacionados con la causa. Los jueces argumentaron que su propósito es reparar el daño social contenido en la sentencia y asegurar que «los beneficios del delito no se perpetúen», en una línea coherente con los principios del sistema penal argentino, el cual contempla la restitución de bienes obtenidos ilegalmente como parte del proceso sancionatorio.
En la lista publicada por Todo Noticias figuran residencias a nombre de la ex presidenta, así como una variedad de propiedades que habían sido transferidas a sus descendientes, Máximo y Florencia Kirchner. Estos bienes pasarían bajo control estatal una vez que la orden de incautación se concrete. En el caso de Lázaro Báez, el número de propiedades incautadas supera las 80 y se concentran en sociedades que, según los tribunales, operaron durante los años de gobierno kirchnerista.
La defensa pública de Fernández, reiterada tras la última comunicación del fiscal Diego Luciani, ha sostenido que la adquisición de la mayoría de esos activos precede tanto al inicio de las pesquisas como a los hechos investigados. La ex mandataria denunció en múltiples ocasiones, como consignó Todo Noticias, que existe una persecución política y judicial en su contra. Esta postura fue expuesta tras el anuncio del posible decomiso inmediato de los bienes familiares y empresariales implicados en el caso.
El tribunal, al fundamentar su medida, aseguró que el decomiso cumple un doble objetivo: impedir el aprovechamiento de los activos generados ilícitamente y compensar el daño público causado por las conductas fraudulentas adjudicadas a los procesados. Esta perspectiva, según informaron los magistrados a Todo Noticias, responde a los lineamientos tradicionales del derecho penal argentino en materia de corrupción y adjudicación irregular de obras públicas.
El proceso judicial denominado “Causa Vialidad” sigue siendo uno de los expedientes de mayor repercusión en la política y la justicia argentina en los últimos años, como documentó Todo Noticias. Tanto la figura de la ex presidenta como la de empresarios allegados continúan en el centro del debate jurídico y social, en medio de presentaciones y recursos que buscan revertir las decisiones del tribunal. De este modo, el fallo implica un golpe considerable sobre el patrimonio de los principales protagonistas del caso, a la vez que introduce nuevas restricciones en el ámbito personal y familiar de Cristina Fernández.
El canal de noticias remarcó la magnitud de los activos incluidos dentro de la resolución: además de residencias particulares, se cuentan terrenos, departamentos y edificaciones rurales en distintas provincias argentinas, integrando un patrimonio que, según la Justicia, se constituyó a lo largo de más de una década mediante operaciones ligadas a la adjudicación de contratos de obra pública. En cuanto al control estatal, los bienes pasarán a ser administrados por organismos oficiales tras ser concretado el decomiso, según la normativa vigente.
La medida del Tribunal Oral Federal sucede en el marco de una etapa crucial del proceso, después de que la fiscalía advirtió sobre el riesgo de que los activos permanecieran fuera del alcance estatal si no se adoptaba una acción inmediata, informó Todo Noticias. Por otro lado, familiares y abogados de Fernández han indicado que apelarán tanto el decomiso como las nuevas restricciones a las visitas, dentro de los plazos contemplados por la justicia argentina.
