
El retorno de José Ismael Peña a la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia pone fin a más de un año de incertidumbre institucional y marca un hito en la historia reciente de la educación superior en el país.
La decisión se concretará este miércoles 26 de noviembrea las 8 de la mañana, una vez se cumplan las 72 horas necesarias para la ejecutoria del fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que anuló la designación de Leopoldo Múnera y confirmó la validez del nombramiento de Peña.
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“Desde el miércoles estaré firmando como rector de la Universidad Nacional”, afirmó Peña en entrevista con Blu Radio, subrayando que su regreso no responde a una interpretación personal, sino al cumplimiento obligatorio de la decisión judicial, que calificó como “clara y contundente”.
La sentencia establece que el Consejo Superior Universitario actuó conforme a los estatutos al nombrarlo en mayo de 2024 y que no existía competencia para designar un nuevo rector, lo que invalida la elección de Múnera.

El proceso de reintegración será automático. Peña ya solicitó a la Secretaría General de la universidad que gestione la representación legal ante el Ministerio de Educación y aclaró que no será necesario un nuevo acto de posesión, pues el anterior sigue vigente.
“Una vez quede en firme el fallo, yo comienzo a ejercer nuevamente la rectoría”, explicó, añadiendo que está dispuesto a reunirse con Múnera para garantizar un empalme “en lo más transparente” y “académicamente posible”.
La sentencia despeja la incertidumbre jurídica, pero el regreso de Peña abre nuevos desafíos relacionados con la gobernabilidad interna y el clima político de la universidad pública más grande del país.
Con cerca de sesenta mil estudiantes, Peña aseguró que el semestre académico no corre riesgo y que los diplomas firmados por Múnera mantienen su validez gracias a la presunción de legalidad.
“Esas decisiones en la mayoría suponen la presunción de legalidad y, en ese sentido, están firmes, a menos que una instancia judicial en un caso particular diga lo contrario”, precisó en entrevista con La FM.

El rector designado confía en que el gobierno de Gustavo Petro y el Ministerio de Educación acatarán la decisión judicial, advirtiendo que lo contrario constituiría prevaricato y atentaría contra la institucionalidad.
Peña recordó que la Universidad Nacional, con 158 años de existencia, ha sobrevivido a todos los gobiernos y corrientes políticas, y que su autonomía está consagrada en la Constitución y la ley.
Por su parte, Leopoldo Múnera anunció que respetará la sentencia, aunque cuestionó el criterio del Consejo de Estado.
“Voy a respetar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, pero considero que fue muy laxo con el Consejo Superior que designó a Ismael Peña como rector y muy estricto con el Consejo Superior que me designó a mí”, manifestó. Subrayó que la responsabilidad de recomponer el rumbo institucional recae ahora sobre el Consejo Superior Universitario, en concordancia con las sentencias emitidas por el alto tribunal.
El ambiente en el campus sigue siendo tenso. Desde la notificación del fallo, circulan mensajes en redes sociales que rechazan el regreso de Peña y cuestionan la legitimidad de su retorno.
Sectores estudiantiles analizan la convocatoria de asambleas y movilizaciones, mientras la universidad enfrenta el reto de reconstruir la confianza y la gobernabilidad después de un año marcado por protestas, paros y desgaste institucional.

Peña reconoció que su primer desafío será “reconstruir el tejido social dentro del campus”, integrando a profesores, estudiantes y funcionarios para avanzar en los proyectos institucionales y atender temas prioritarios como tecnología, inteligencia artificial, virtualidad, cambio climático y desafíos territoriales, apoyándose en los tres mil profesores investigadores de la universidad.
En cuanto a seguridad y convivencia, Peña aseguró que trabajará con todos los estamentos universitarios para garantizar que “ningún ciudadano se sienta en peligro” dentro del campus, y solicitó acompañamiento preventivo de la Procuraduría ante posibles manifestaciones estudiantiles.
Su llamado es a “sentarnos a trabajar, a dialogar” para culminar el semestre de manera adecuada, confiado en que el fallo le brinda las garantías necesarias para ejercer el cargo.
