La inundación y los anegamientos de 5,8 millones de hectáreas, junto a las pérdidas por daños y lucro cesante por no menos de 2000 millones de dólares, son por ahora el resultado de una inconsecuencia serial de gobiernos sucesivos, tanto nacionales como provinciales, con el principal distrito del país. Nada igual se ha sufrido por los desbordes del Salado desde 2012, aunque en 2025 las aguas tardan más, lamentablemente, en retirarse que en aquel año.
No hablemos de las enormes responsabilidades del actual gobierno bonaerense, que en medio de la tragedia que se vive desde hace meses en su jurisdicción política, no ha tenido mejor idea que aumentar el monto final del impuesto inmobiliario rural y prepararse para lograr de la Legislatura un revalúo fiscal. Hablar de eso suscita, por inevitables argumentos de oportunidad y al margen de las críticas sobre las formas posibles de gobernanza, aversión incontenible. O hablar del comportamiento de los aparentes adversarios del gobernador Axel Kicillof en la órbita común del kirchnerismo, que días atrás propusieron, en la Cámara de Diputados de la Nación, por enésima vez, el aumento de las retenciones. Las efusiones demagógicas contra el campo fueron una de las modalidades para tapar por años, a ojos de los incautos, la mayor corrupción sistémica que se haya conocido en la Argentina moderna.
Les parece poco el despojo del 26% que se aplica a la producción de soja y, tanto o más grave, tienen el desparpajo de hacerlo con olvido de la discriminación que eso significa frente al tratamiento de cualquier otro sector de la economía y la producción. Como todo cultivo, el “yuyo” que mentaba Cristina Kirchner está sujeto a los albures bastante impredecibles de la naturaleza. Pruebas de esto al canto en los días que corren para miles de productores agrícolas y ganaderos de Buenos Aires, que han perdido cultivos o debido cancelar siembras -maiz, soja de primera, entre ellas-, ver desastradas las pasturas y en situación de riesgo a los rodeos.
Ya en 1884 Florentino Ameghino advertía que la cuenca del Salado, con influencia en diferentes grados sobre unos 60 municipios de la provincia, estaba requerido de obras relevantes. Ameghino alentaba esa inversión a fin de conjurar las inundaciones que se sucedían con precipitaciones aun menores que las de este año. Anotaba que serviría, incluso, para paliar los efectos de sequías como las que estuvieron presentes con rara insistencia en la zona núcleo en el último quinquenio. Este año han sido algunos departamentos de Río Negro los que han debido sobrellevar una sequía de gravedad tal que movilizó al Estado a acercar recursos y conceder beneficios especiales.
A lo largo de los 140 años que han corrido desde los estudios de Ameghino, se hicieron en la cuenca del Salado obras parciales, propiciadas por diversas administraciones. Hubo muchas más intervenciones sobre la cuenca, pero no acreedoras en realidad del nombre de obras. Estas fueron realizadas de forma arbitraria y, sin duda, ilegal, por propietarios de tierras que, en la desesperación, infligieron a la tierra incisiones que terminaron por perjudicar a vecinos y perturbaron el ecosistema de las regiones involucradas. Ordenar las aguas no es tarea, como sucede en todo oficio o profesión, de aficionados o gente provista solo de buena voluntad.
En medio de la tragedia, el gobierno bonaerense no ha tenido mejor idea que aumentar el monto final del impuesto inmobiliario rural y prepararse para lograr de la Legislatura un revalúo fiscal
Al fin, se acordó un Plan Maestro del Río Salado, que tomó algunas de las ideas expuestas por Ameghino, no todas. El admirado científico había sugerido compatibilizar la construcción de canales distribuidores del agua con reservorios a los que se podría apelar en tiempos de seca como los registrados en varios años de este siglo.
En relación con los cinco tramos en que se había dividido originalmente la obra proyectada, las autoridades de turno se ufanaban hace veinte años de que era poco lo que restaba por hacer; pero quedaba por encarar prácticamente todo el tramo conocido como “número 4”, y el último, el “número 5”, que corre por cuenta de la provincia a lo largo de 95 kilómetros entre Bragado y Junín, pero que no ha sido aun licitado. Hoy, las autoridades bonaerenses y el gobierno nacional cruzan acusaciones sobre incumplimientos y dilaciones que han llevado, de modo particular debido a lo ocurrido con el tramo 4, al padecimiento en que se debate una parte considerable de la provincia.
Carlos Casares, Bolívar, 9 de Julio, Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, Saladillo, Las Flores, Bragado, 25 de Mayo, Roque Pérez, Tapalqué, Alvear, Monte, Guaminí, Laprida, Daireaux y Lincoln se encuentran entre los partidos más afectados. En Carlos Casares, sobre 130.000 hectáreas productivas, 90.000 se hallan anegadas. 9 de Julio ha estado con el 80% de sus caminos cortados. En Paulina Bourdieu de Olascoaga se encarna la tragedia compartida con tantos de sus pares en la provincia. Esta productora ha dicho a nuestros cronistas que ha estado meses sin poder entrar ni salir del campo; sin abastecimiento de víveres y debatiéndose con el interrogante de si la desidia flagrante de los gobiernos no está tipificada en el Código Penal, en la figura de “abandono de personas”.
Ha sido un año de lluvias desmesuradas, como que aguas arriba del Salado, en Arrecifes, el 15 de mayo cayeron 450 milímetros. Hay otros partidos, al margen de aquellos mencionados del centro-oeste provincial que vienen sufriendo también el fenómeno climático que ha dejado los campos con suelos saturados, máquinas paradas, caminos destruidos.
Los enviados especiales de LA NACION a las zonas devastadas por el flagelo han recogido innumerables testimonios de productores afectados. Uno de ellos describió la situación con la vista elevada por encima de la tranquera del campo. Traduzcamos sus reflexiones en estos términos: lo que no se invirtió por estar tapado el suelo por el agua no es plata que solo pierde el productor; es plata que pierde la estación de servicio por gasoil que no vendió, el contratista paralizado en su actividad y con costosas máquinas ociosas; los vendedores de insumo, que no tienen cómo ni a quién hacer llegar sus mercaderías, y así los demás. En otras palabras, el pueblo, todos los pueblos en la vastedad de municipios afectados, son víctimas de lo que ha sucedido.
A través de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios se dispusieron onerosas prórrogas impositivas y facilidades crediticias. Debe tenerse en cuenta que el Salado es un río interjurisdiccional, de modo que el Estado nacional tiene competencia y, por extensión, responsabilidades primarias sobre lo que se derive de su largo curso, que atraviesa San Luis, Córdoba y Santa Fe hasta llegar a Buenos Aires. Pero esa responsabilidad de orden nacional no excluye, nunca podría excluir, a la que cabe a las respectivas jurisdicciones provinciales.
Hoy, el punto más crítico de este drama de naturaleza hídrica en la cuenca del Salado se concentra, entre otros sitios, en los 32 kilómetros del tramo cuatro con obras pendientes de realización del plan maestro aprobado hace tantos años. Ha habido, hace poco, una incipiente reactivación de las tareas por parte del gobierno nacional. El concepto de que “no hay plata”, potenciado hasta el infinito, podría llevar hasta el cierre de escuelas. Entre acusaciones que no encuentran bases de acuerdo, se ha dicho que en febrero se habían paralizado obras que urgían ser hechas en los partidos de 25 de Mayo y Lobos, entre la ruta 205 y el puente que une Ernestina y Elvira, segmento clave de lo que queda pendiente hacer en la contención y reformulación del Salado.
En pocas situaciones como esta se comprende con tanta claridad la relevancia que tiene para la sociedad contar con administraciones esmeradamente cuidadosas de los recursos; de sanos principios, en oposición absoluta a los desmanes cleptocráticos; y tan alerta a la sabia armonía entre gastos e ingresos como a la más adecuada asignación de los dineros y elementos de acción de que se dispone. En este último sentido cabe destacar el envío hecho, en coordinación entre los ministerios de Seguridad y Defensa, de ingenieros y material del Ejército a las zonas más necesitadas de ayuda y la creación de un fondo por 1900 millones de pesos que está lejos de reparar lo que ha hecho, de forma infausta, la naturaleza.
