Cuando un Estado de la región viola un derecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exige reparaciones. La reparación es un principio básico y central del derecho.
Hace poco salió a la luz un hecho escandaloso dentro de la misma CIDH. Global Center for Human Rights informó que el comisionado Arif Bulkan había asumido el 16 de octubre como juez de la Corte de Justicia del Caribe.
Bulkan rompió otro principio básico del derecho recogido en el Estatuto de la misma CIDH: integrar la Comisión es “incompatible” con actividades “que pudieren afectar su independencia, su imparcialidad, o la dignidad o el prestigio de su cargo en la Comisión”.
Durante un mes, el nuevo juez-comisionado ejerció un doble rol. Nadie se había animado a tanto. Y lo peor, nadie hizo nada para evitarlo y nadie dijo nada.
Recién este 15 de noviembre se comunicó así la renuncia: “La CIDH felicita al Comisionado Arif Bulkan (…), le desea mucho éxito en su nuevo puesto, y le agradece por su labor, compromiso institucional y valiosas contribuciones”. Como si nada hubiera pasado.
Si no son capaces de reconocer un error tan evidente, ¿cómo confiar en que cumplirán con las reparaciones que exige la justicia, ya sea por parte de la propia Comisión o de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de quien depende?
La ruptura de la legitimidad de la CIDH es grave. Autodestructiva. La incompatibilidad en muchos países es lisa y llanamente un delito. En la Argentina, por ejemplo, Bulkan sería removido del cargo y procesado por abuso de autoridad e incapacidad moral.
Que la CIDH felicite a quien rompe sus reglas es peligroso, además de una burla al propio sistema interamericano. Es levantar la bandera de la anomia que destruye el Estado de Derecho y la democracia. Es tomar por estandarte la doble vara que la Comisión está llamada a romper. Es el decadente espectáculo del poderoso que alza las copas para celebrar la impunidad del delincuente.
Y que nadie haya reaccionado a tiempo para evitarlo ni que se haya percatado de que es anormal –y antinormativo– lo que se está celebrando, sólo indica que el desapego a las normas en la CIDH es hoy lo habitual. Y es, justamente, una de las mayores amenazas que se extienden por todo el Continente.
El guardián de los derechos humanos en la región está ciego para observar las normas. No es vano el proverbio: ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo?
Porque Bulkan no es una excepción. Es la punta del iceberg de toda una serie de irregularidades inaceptables dentro de la CIDH.
Durante la última elección de comisionados de este año, quedó en evidencia que no son ellos los que toman las decisiones, sino la actual Secretaría Ejecutiva, la cual discrimina, silencia, oculta información y simula consensos; toma decisiones arbitrarias contra el debido proceso, sin transparencia administrativa ni financiera -hay informes que evidencian la “compra” de relatorías- y soslaya con arrogancia a los estados miembros.
Desde el grupo parlamentario de la Cámara de Diputados de la República Argentina que entiende sobre los asuntos de la OEA, al enterarnos, hemos solicitado al Secretario General la remoción con efecto inmediato del comisionado Bulkan y hemos compartido con las misiones de los demás países este pedido. Es grato saber que algún resorte aún funciona.
Pero así como la CIDH no puede felicitar a Arif Bulkan, el secretario general de la OEA Albert Ramdin no puede apañar a la actual secretaria ejecutiva, Tania Reneaum quien es, sin dudas, una de las responsables de semejante deslegitimación institucional.
La renuncia del comisionado no reconoce la violación, ni repara el daño en la confianza del sistema, ni corrige las faltas y responsabilidades institucionales ¿Por qué no renunció antes de asumir el cargo? ¿Qué va a pasar con los actos en los que participó sin legitimidad? Basta de esconder bajo la alfombra los platos rotos y fingir demencia. Eso es lo que destruye a Latinoamérica.
A cualquiera de nuestros países, la CIDH exigiría una investigación seria, independiente y efectiva y la sanción de los responsables, reparaciones públicas, garantías de no repetición y reformas institucionales. Es la noción de “reparación integral” que desarrolló la Corte Interamericana.
Mi deber como jurista y diputado de un Estado miembro es poner estas irregularidades sobre la mesa, porque son fallas estructurales y si no se solucionan, no hay garantía de no repetición, algo que la Comisión reclama constantemente a los Estados.
Es lo mínimo que se espera para recuperar la confianza en la CIDH, confianza sin la cual el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no existe.
