
Las autoridades colombianas llevan meses siguiendo el rastro de un fenómeno que, a primera vista, parecía una práctica alternativa más dentro del amplio universo de rituales de “sanación”. Sin embargo, detrás de aquellas sesiones clandestinas, ofrecidas como experiencias espirituales, se movía una estructura sigilosa que utilizaba veneno de rana amazónica y que terminaba conectando veredas remotas con clientes dentro y fuera del país. El caso, que venía avanzando en silencio, terminó por revelar una red transnacional especializada en obtener de manera ilegal la secreción de la rana Phyllomedusa.
Según El Tiempo, se confirmaron detalles que, durante año y medio reunió pruebas, plantas de operaciones y rutas del tráfico. El proceso, liderado por la Fiscalía y apoyado por unidades ambientales y de policía judicial, se originó en una denuncia ante la Corporación Autónoma de Risaralda sobre la manipulación irregular de ranas usadas en supuestos rituales. A partir de ese reporte inicial se desplegaron interceptaciones, vigilancias e infiltraciones que permitieron establecer que los implicados no pertenecían a comunidades indígenas, aunque se movilizaban con carnés falsos provenientes del Perú para justificar su presencia en territorios sensibles.
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A medida que avanzó el seguimiento, los investigadores lograron reconstruir la cadena completa, desde la caza de los anfibios en zonas de selva fronteriza entre Colombia, Perú y Brasil, hasta su llegada a Risaralda, donde les extraían artesanalmente la sustancia conocida como veneno Kambo. Esa práctica no solo ponía en riesgo a una especie clave del ecosistema amazónico, sino que además generaba un mercado lucrativo sostenido sobre el uso indebido de recursos naturales. De acuerdo con el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, la organización movía alrededor de $1.500 millones al año.
El trabajo judicial reveló también que el tráfico tenía variantes. Algunas ranas llegaban vivas desde Putumayo hasta Cali y luego eran enviadas a Risaralda. En otras ocasiones, la secreción era transformada en tablillas secas que pasaban por controles aeroportuarios sin mayores alertas. Varias de estas piezas terminaron en laboratorios de la Dijín en Bogotá. Allí, informes técnicos confirmaron que las incautaciones contenían veneno de rana Kambo, lo que consolidó el expediente sobre enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
A partir de la infiltración a sesiones en fincas y casas alquiladas, se documentó un componente adicional, el veneno se aplicaba como parte de procedimientos de “sanación” ofrecidos a personas con enfermedades preexistentes. Los asistentes llegaban en ayunas, recibían pequeñas incisiones en brazos o espalda y experimentaban vómitos, desmayos y alteraciones fisiológicas. Los encuentros se repetían durante tres días consecutivos. En Colombia, una jornada costaba entre 90.000 y 100.000 pesos, mientras que en México alcanzaba tarifas cercanas a los 100 dólares por sesión.

Los registros obtenidos por las autoridades dan cuenta de comunicaciones constantes con tres ciudadanos peruanos que se encargaban de capturar las ranas en la selva y enviarlas por rutas fluviales hacia Colombia. Una vez en el país, la estructura coordinaba viajes, pagos y reservas en diferentes ciudades. Cuando había suficientes personas inscritas, organizaban desplazamientos a Ecuador, México y Polonia para replicar el mismo modelo de rituales, manteniendo un bajo perfil operativo.
El componente ambiental del caso terminó por confirmar el impacto de esta actividad ilegal. Algunas ranas eran sometidas a múltiples extracciones y una parte moría por agotamiento o estrés. Otras eran devueltas a su entorno natural sin su capacidad de defensa, lo que reducía drásticamente sus posibilidades de supervivencia. Esta afectación, según expertos consultados en el expediente y citados por el medio antes mencionado, tiene consecuencias directas en la estabilidad de los ecosistemas amazónicos, donde cada especie cumple un rol esencial.

Con los operativos simultáneos realizados en los últimos días, cinco personas fueron capturadas y se incautaron celulares y elementos utilizados para coordinar la actividad criminal. El caso dejó al descubierto cómo un ritual presentado como alternativa espiritual terminó alimentando una red que combinaba explotación de fauna silvestre, ganancias millonarias y presencia en varios países. También plantea un desafío para las autoridades ambientales y judiciales frente a prácticas que, bajo la apariencia de tradición o medicina alternativa, esconden impactos profundos en la biodiversidad y riesgos para la salud de quienes participan en ellas.
