Con el inicio de la ceremonia de entrega de llaves, Amparo Carvajal se encontraba en silla de ruedas recibiendo el acceso formal a la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), tras permanecer privada de ese espacio durante más de un año. De acuerdo con la Agencia Boliviana de Información (ABI), este acto marcó el cierre de una disputa que había impedido la labor de la organización desde junio de 2023, cuando un grupo de aproximadamente cincuenta personas liderado por Édgar Salazar, identificado con el Movimiento al Socialismo (MAS), tomó control del inmueble, bloqueando el acceso tanto a la fundadora de la Asamblea como a su equipo.
La entrega de la sede por parte del presidente Rodrigo Paz, acompañado de miembros de su gabinete y figuras del ámbito de los derechos humanos, evidenció el valor institucional asignado al acontecimiento. Según detalló ABI, Paz enfatizó la importancia del momento no solo como una restitución de un espacio físico sino como un paso esencial para la restauración de la actividad de la APDHB y la protección del sistema democrático boliviano. El mandatario también estableció una comparación entre el breve periodo de su gobierno—doce días, equivalentes a 288 horas—y lo que denominó más de 7.300 días caracterizados por restricciones a derechos y libertades bajo administraciones anteriores.
La toma de la sede en 2023 provocó la suspensión completa de los servicios que la Asamblea ofrecía a víctimas de violaciones de derechos, dificultando la gestión de denuncias y la defensa de personas perseguidas en distintas coyunturas. Según consignó la Agencia Boliviana de Información, durante el periodo de ocupación Amparo Carvajal, de 86 años, optó por una forma extrema de protesta: permaneció 52 días en la azotea del edificio, manteniendo una vigilia permanente. Solo en contadas ocasiones pudo ingresar al inmueble, como cuando el entonces cónsul de España en Bolivia, Guillermo Gil, le acompañó para un breve acceso por la puerta principal.
La ceremonia de devolución adquirió rápidamente una dimensión simbólica y política relevante, según describió ABI. El presidente Paz se refirió al evento señalando: “Mujeres como Amparo, pero también a muchos hombres y mujeres de la patria, hacen que estos momentos se vuelva a sentir libertad”. En sus palabras, el restablecimiento de la institución simbolizó la recuperación de derechos colectivos y la afirmación de un nuevo ciclo político enfocado en reforzar espacios de participación ciudadana y resguardar la autonomía administrativa.
Carvajal, durante su intervención dirigida a los asistentes, agradeció el respaldo recibido y destacó el carácter colectivo de la sede recuperada, alegando: “Yo vuelvo a decirle que no me está entregando la casa de Amparo, que es la casa de ustedes”, según reportó la Agencia Boliviana de Información. Valoró también la relación histórica de la sociedad civil con la institución, así como el acompañamiento de familias y generaciones comprometidas con la defensa de los derechos en Bolivia.
Durante el acto, la comunidad internacional permaneció atenta a los acontecimientos y varias organizaciones locales e internacionales manifestaron su preocupación por la afectación al funcionamiento de la APDHB y el destino de archivos y documentos conservados en la sede ocupada. ABI señaló que estos materiales, considerados de referencia para la investigación y la memoria histórica de las luchas sociales y políticas en Bolivia, corrieron riesgos durante la toma del inmueble.
En presencia de representantes de la sociedad civil y de diversas autoridades, Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, resaltó la trayectoria de la APDHB, institución que suma más de cinco décadas auxiliando a perseguidos políticos y enfrentando diferentes etapas críticas del país. En sus declaraciones, recogidas por la Agencia Boliviana de Información, Oviedo subrayó la persistencia y el compromiso de Carvajal en la protección de los derechos fundamentales, y confirmó que el gobierno buscará fortalecer las estructuras destinadas a garantizar la transparencia y la independencia de las organizaciones ligadas al resguardo de las libertades civiles.
La resolución del conflicto fue posible tras la asunción de Paz a la presidencia, un cambio político que, según explicó ABI, favoreció la negociación y el acuerdo definitivo para la restitución del edificio. Para las autoridades presentes, el apoyo de la administración estatal se entiende como un paso para fortalecer la institucionalidad democrática y formalizar el respaldo a los organismos independientes.
Según detalló ABI, la reactivación de la APDHB supondrá la reanudación de la atención a víctimas y la observación de situaciones de riesgo para la vigencia de los derechos humanos en Bolivia. La organización declaró que, tras este acontecimiento, buscará restaurar sus actividades habituales y brindar orientación y apoyo a personas afectadas por restricciones a derechos y libertades, lo que había resultado imposible durante la ocupación.
El acto concluyó con el compromiso formal del gobierno de Paz de respaldar tanto a la Asamblea como a todas las entidades dedicadas a la promoción y defensa de derechos fundamentales en el país. Las autoridades reafirmaron la importancia de espacios autónomos y accesibles para la sociedad civil, reconociendo que la preservación de la vida democrática depende en gran medida del funcionamiento con garantías de organismos independientes y del respeto al marco normativo sobre propiedad y funcionamiento institucional.
A lo largo de la jornada, distintas voces resaltaron el papel de figuras históricas y activistas como Amparo Carvajal en la construcción y consolidación de espacios de denuncia y protección para víctimas. La Agencia Boliviana de Información relató que la ceremonia fue considerada por muchos de los asistentes como un acto emblemático de recuperación de la legalidad y del principio básico de acceso equitativo a la justicia para todos los sectores de la sociedad.
