La regulación sobre privacidad en Florida tuvo un cambio significativo con la entrada en vigor de la ley SB 1168, aprobada por la Legislatura estatal y firmada por el gobernador Ron DeSantis. La norma redefine las sanciones vinculadas al uso sin consentimiento de dispositivos capaces de registrar ubicación, movimiento o rutas de vehículos o bienes personales.
Qué establece la nueva ley sobre rastreo digital en Florida
La legislación SB 1168 modifica la sección 934.425 de los Estatutos de Florida y refuerza las sanciones asociadas al rastreo no autorizado, especialmente cuando se utiliza para cometer o facilitar delitos considerados peligrosos por la ley estatal.
El texto legal incorpora dos niveles de penalidad:
- Personas que colocan o utilizan un dispositivo o aplicación de rastreo sin permiso: aunque no exista relación directa con un delito clasificado como ‘peligroso’ en la legislación estatal, la conducta se clasifica como delito grave de tercer grado, lo que implica sanciones previstas en el sistema penal estatal para esa categoría.
- Situaciones en las que el rastreo no autorizado se usa como herramienta para facilitar o preparar la comisión de un delito definido como peligroso: cuando esta intención está presente, el cargo aumenta a delito grave de segundo grado.
De esta manera, se establece una relación proporcional entre la gravedad del objetivo perseguido y la magnitud de la pena, lo que incluye la posibilidad de enfrentar hasta 15 años de prisión cuando la violación se clasifica como delito grave de segundo grado.
La SB 1168 contempla tanto la instalación física de un rastreador en un vehículo o bien ajeno, como el uso de aplicaciones o de tecnología Bluetooth o GPS que permita conocer movimientos de personas o propiedades sin consentimiento.
Esta normativa fue presentada en febrero de 2025, obtuvo la aprobación del Senado y la Cámara en abril del mismo año y recibió la firma del gobernador en mayo. La fecha oficial de puesta en marcha fue el 1° de octubre de 2025, momento en el que las nuevas disposiciones comenzaron a aplicarse.
Acciones que constituyen al rastreo ilegal según la ley SB 1168 de Florida
La ley considera ilegal colocar un dispositivo o una aplicación de rastreo en un bien ajeno sin permiso explícito. También tipifica como violación usar esa tecnología para conocer ubicación o movimientos cuando la otra parte no ha dado autorización.
Para que la penalidad aumente, es necesario que exista vínculo con un delito peligroso. Aunque la legislación no detalla en el texto las violaciones incluidas en esa categoría, sí establece que la definición válida es la contenida en la normativa estatal ya vigente.
Los nuevos cambios también obligan a interpretar cualquier conducta asociada al rastreo no autorizado bajo los parámetros de conocimiento y voluntad. Es decir, para configurar el delito, la persona debe actuar a sabiendas de que instala o utiliza el dispositivo sin consentimiento.
La interpretación de la intención: clave en la aplicación de la ley
Uno de los elementos centrales de la legislación es la diferenciación entre intención general y propósito agravado. La penalidad estándar se aplica cuando la acción se limita al rastreo sin autorización, independientemente de que no exista un delito adicional en proceso.
Si la Fiscalía demuestra que el rastreo tenía como objetivo contribuir a un crimen peligroso, la sanción se eleva automáticamente. Esta distinción busca evitar que la misma conducta sea tratada de igual manera cuando hay un riesgo adicional vinculado a un delito más grave.
El texto legal aclara que la intención se analiza según la relación entre el acto de rastrear y la planificación, preparación o apoyo a un delito peligroso, lo cual se convierte en el factor determinante para aumentar la gravedad del cargo.
El proceso legislativo y el impulso político detrás de la medida
La SB 1168 fue presentada con apoyo del Comité de Apropiaciones sobre Justicia Criminal y Civil y del legislador Thomas J. “Tom” Leek. El texto obtuvo respaldo unánime tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, lo que permitió su rápida aprobación.
El proyecto forma parte de un conjunto de iniciativas vinculadas a seguridad pública impulsadas en la administración del gobernador Ron DeSantis. Entre sus objetivos figura la actualización del sistema penal frente al uso actual de herramientas tecnológicas.
Efectos inmediatos tras la entrada en vigor en octubre de 2025
La implementación de la norma obliga a los usuarios de tecnología con funciones de rastreo a revisar su uso cotidiano de aplicaciones o dispositivos que puedan ser interpretados como mecanismos de seguimiento. Esto incluye accesorios como rastreadores Bluetooth o GPS.
También tendrá impacto en investigaciones policiales, ya que los agentes deberán evaluar el propósito detrás de cada caso de rastreo no autorizado para determinar si se trata de una violación simple o de un acto asociado a un delito peligroso.
A partir de octubre de 2025, cualquier persona que instale un rastreador en propiedad ajena sin permiso o utilice sistemas de ubicación para conocer movimientos ajenos sin autorización podría enfrentar cargos penales inmediatos bajo las nuevas disposiciones.
