Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) han alcanzado este jueves un acuerdo para reforzar el control y transparencia de los pagos electrónicos, con una reforma que incluye también mayores garantías para los consumidores y obligación de rendición de cuentas por parte de los proveedores de servicios de pago online en caso de fraude.
La reforma de la directiva de servicios de pago (PSD2) busca ofrecer mejores herramientas contra el fraude, aumentar la transparencia en las comisiones y promover la innovación tecnológica en el sector, pero necesita aún el visto bueno formal del pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete para su adopción definitiva y posterior entrada en vigor.
Entre los cambios introducidos, se obligará a los proveedores de servicios de pago a fijar límites de gasto y medidas de bloqueo para reducir el riesgo de fraude en pagos online y serán responsables en la cobertura de las pérdidas de los clientes en caso de fraude si se demuestra que el proveedor no aplicó mecanismos adecuados para evitar la estafa.
Así, por ejemplo, los proveedores de servicios de pago deberán comprobar que el nombre y el identificador único del beneficiario se corresponden y rechazar el cargo si no es el caso, además de informar al pagador de la incidencia. También deberán garantizar una autentificación segura del cliente y realizar evaluación de riesgos.
Otro ejemplo de aplicación es que si el estafador es el que inicia o altera una transferencia, esta operación será considerada como «no autorizada» por el titular y será el proveedor quien asumirá la responsabilidad del cargo total del fraude. También quedará bajo su responsabilidad bloquear toda operación que considere sospechosa.
En cuanto al riesgo de fraude por suplantación, en el que el estafador se hace pasar por un empleado de la compañía de pagos y engaña al cliente para que éste apruebe un pago, el proveedor deberá reembolsar el importe total tan pronto como la víctima denuncie el fraude a la Policía.
Las plataformas online, por su parte, serán responsables ante los proveedores que deban reembolsar pagos fraudulentos a los clientes si se constata que fueron alertados anteriormente de la presencia de contenido fraudulento en sus redes y no tomó medidas para eliminarlo. Además, los anunciantes de servicios financieros deben demostrar a las principales plataformas online y motores de búsqueda que están legalmente autorizados (o oficialmente exentos) en el país en cuestión para ofrecer estos servicios, o que se anuncian en nombre de alguien que lo está.
Por otro lado, la reforma prevé asimismo un refuerzo de la transparencia de las distintas comisiones cobradas tanto en los cajeros automáticos como por los servicios de pago electrónico prestado a los comercios. Por ello, los proveedores estarán obligados por ley a mostrar al usuario todas las comisiones y los tipos de cambio aplicados antes de realizar una transacción.
La nueva norma busca también mejorar el acceso a dinero en efectivo en las zonas rurales o de difícil acceso en donde escasean los cajeros automáticos y, para ello, los comercios podrán ofrecer retirar efectivo sin necesidad de realizar una compra en su establecimiento. Con todo, estas operaciones deberán realizarse con tecnología de chip y PIN y estar sometidas a un límite máximo de 150 euros o equivalente en moneda nacional para evitar fraudes.
Finalmente, los comerciantes deben asegurarse de que su nombre comercial habitual coincida con el que aparece en los extractos bancarios de los clientes, con el objetivo de que puedan reconocer más fácilmente el origen de los cargos que aparezcan en sus cuentas.
