El futuro de la reforma pensional en Colombia, una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno de Gustavo Petro, quedó oficialmente en manos de un conjuez luego de que la Corte Constitucional notificara a Carlos Pablo Márquez Escobar para que informe si acepta o no asumir la decisión final sobre la Ley 2381 de 2024.
La Sala Plena acudió a esta figura excepcional por el empate entre los magistrados, una situación que paralizó el trámite y que solo puede resolverse con la intervención de un integrante externo habilitado para desempatar.
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La designación de Márquez se hizo mediante sorteo, tal como lo contempla el reglamento interno de la Corte cuando hay recusaciones o impedimentos que alteran la conformación habitual de la Sala Plena.
En este caso, el empate se produjo tras la salida del magistrado Héctor Carvajal, apartado del debate luego de que prosperara una recusación presentada por la senadora Paloma Valencia.
La congresista argumentó que Carvajal había asesorado previamente a Colpensiones sobre aspectos de la norma que ahora revisa la Corte, lo que constituía un conflicto directo con su imparcialidad.
La Sala Plena aceptó la recusación y recordó que la ley prohíbe que un magistrado intervenga en un proceso constitucional cuando haya emitido concepto previo sobre el asunto objeto de revisión.
Con la exclusión de Carvajal, el cuórum se redujo a ocho magistrados, lo que abrió paso a un equilibrio perfecto: cuatro votos por tumbar la reforma y cuatro por mantenerla.
Según se conoció, los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses, Lina Escobar y Carlos Camargo respaldaron la ponencia que propone declarar inexequible la reforma pensional, mientras que Vladimir Fernández, Juan Carlos Cortés, Miguel Polo Rosero y Natalia Ángel votaron por su constitucionalidad.
La división exacta hizo inevitable la figura del conjuez, creada precisamente para garantizar que siempre exista un número impar en decisiones de alto impacto institucional.
El conjuez escogido, Carlos Pablo Márquez Escobar, recibió la notificación formal en las últimas horas.
De acuerdo con W Radio, la Corte le solicitó que informe “a la mayor brevedad posible” si acepta intervenir en este caso. Si su respuesta es afirmativa, comenzará el estudio del expediente, además de acceder a toda la documentación y argumentos técnicos de la demanda.
Márquez es un jurista ampliamente reconocido en el país. Doctor en Derecho por la Universidad de Oxford y magíster en Derecho por la Universidad de Harvard, cuenta además con estudios de Derecho, Filosofía y Economía en la Universidad Javeriana.
Su formación multidisciplinaria y su paso por el sector público y privado lo convierten en una figura con experiencia en análisis normativo y regulación, aunque no ha tenido relación previa con el sistema pensional, lo que es visto como una ventaja en términos de independencia.
En el sector público fue superintendente para la Protección de la Competencia entre 2010 y 2012, desde donde lideró investigaciones emblemáticas por abuso de posición dominante.
Más tarde, entre 2012 y 2015, se desempeñó como director y comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), participando en debates sobre telecomunicaciones y regulación digital. También ha ocupado roles de asesoría en la Superintendencia de Industria y Comercio y en el Ministerio del Interior.
En el ámbito privado, su participación en procesos de alto impacto —como las fusiones Disney–Fox y AB InBev–Bavaria— le ha permitido consolidarse como una voz de referencia en sectores como energía, salud, agricultura y comercio. Su trayectoria académica también es destacada, con más de quince años de docencia universitaria y conferencias en instituciones como Harvard, Oxford y Columbia.
Ahora, será su criterio el que destrabe una de las decisiones constitucionales más relevantes del año. De aceptar la designación, su voto podría definir si la reforma pensional se mantiene en pie o se cae parcialmente o en su totalidad.
