
Un exconcejal y jefe de una campaña política en el departamento de Caldas fue enviado a la cárcel de manera preventiva el miércoles 26 de noviembre.
El caso se reportó en Bogotá, luego de que el dirigente fuera capturado mediante orden judicial por presuntos delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
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La medida fue adoptada luego de que la Fiscalía le imputara varios cargos relacionados con la explotación sexual infantil y el uso de menores para la producción de material pornográfico.
De acuerdo con información conocida por el diario La Patria, de Manizales, el hoy detenido también se desempeñó como exasesor de la Gobernación de Caldas y era considerado una figura influyente en procesos políticos recientes en esta zona del Eje Cafetero.
La acción de las autoridades se ejecutó el martes 25 de noviembre, y se produjo como parte de una investigación que busca precisar las conductas de alta gravedad y afectación social.
Como parte de los procedimientos, a este sujeto le fueron incautados tres discos duros de diferentes capacidades, tres celulares, un portátil y un computador (HP), dispositivos que serán analizados como posibles pruebas en las siguientes etapas judiciales.
La imputación formulada por la Fiscalía incluye los delitos de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años agravado, pornografía con menores de 18, uso de menores en la comisión de delitos y actos sexuales con menores.
A pesar de la contundencia de los señalamientos en su contra, el exconcejal no aceptó los cargos en la audiencia inicial. La defensa insiste en que, por el momento, solo existe una investigación en curso y será un juez quien determine finalmente su responsabilidad penal.
Exconcejal de Caldas capturado en Bogotá: lo acusan de delitos sexuales con menores de edad
Según detalles revelados por el mismo medio local, los hechos investigados habrían ocurrido entre junio y julio de 2023, en un apartamento situado en el centrosur de Caldas.
El imputado habría utilizado a dos menores para actos sexuales, así como para la toma de registros fotográficos y fílmicos de sus cuerpos desnudos, presuntamente a cambio de pagos que oscilaron entre $180.000 y $500.000, dependiendo del material recolectado.
Las autoridades además cuentan con información en la que se evidencia que los registros audiovisuales fueron almacenados en la nube y transmitidos mediante su teléfono celular, quedando guardados en servicios como Google.
Además, se indica que el exconcejal presuntamente grabó y reprodujo representaciones de actividades sexuales, tocamientos y desnudos de los menores de edad, con la finalidad tanto de su consumo personal como de intercambio con terceros en el extranjero.
Los detalles de los señalamientos cada vez se ponen peor, porque el mismo proceso sugiere que el hoy capturado instrumentalizó a uno de los menores para que convenciera a otros adolescentes a participar en los hechos, y ejercía presión, aparte de que ofrecía incentivos para ampliar el acceso a nuevas víctimas.
Dentro del las acciones penales que siguen su curso la Fiscalía sostiene en sus documentos que el acusado indujo a los menores a prácticas sexuales con fines libidinosos y registros fotográficos, afectando su bienestar y vulnerando derechos fundamentales protegidos por normas nacionales e internacionales.
Los posibles afectados tenían, al momento de los hechos, entre 12 y 15 años de edad, y Los episodios se habrían prolongado hasta julio de 2025, fecha en la que se detectó el material ilícito y se inició la investigación formal.
Entre el material incautado (celulares, discos duros y computadores) se presume que existen evidencias críticas que permitirán esclarecer el alcance de las acciones, la identidad de otras posibles víctimas y las rutas de distribución del contenido ilegal.
Las diligencias preparatorias incluyen el análisis a fondo de la información digital, un proceso que será supervisado por las autoridades judiciales en las siguientes audiencias.
El caso ha generado conmoción en la región del Centrosur de Caldas por la relevancia política del implicado y el impacto social de los cargos que enfrenta.
Por último, las autoridades insisten en la gravedad de los hechos atribuidos y ratifican el compromiso de llevar el proceso con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Pero será un juez el que determine, tras valorar las pruebas y escuchar a las partes, si el exconcejal es culpable o inocente de los delitos señalados.
