El coste emocional y social que afrontan quienes denuncian violencia de género sigue marcando el camino de muchas mujeres. Según consignó el medio que reseñó la intervención de Nevenka Fernández, la exconcejala del Partido Popular en Ponferrada relató en el Congreso de los Diputados que estas consecuencias no solo afectan a la persona denunciante, sino también a toda su familia y entorno cercano. Fernández, considerada la primera mujer que interpuso una denuncia por acoso sexual en el ámbito político español hace 24 años, utilizó su testimonio para poner en evidencia la urgencia de eliminar obstáculos en el acceso a la denuncia y la protección posteriormente al proceso.
De acuerdo con la información difundida por el medio, Fernández intervino este martes mediante videoconferencia en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Durante el acto, presidido por Francina Armengol en la Cámara Baja, Fernández subrayó: “Creo que todavía en cada uno de nuestros lugares, desde donde nos corresponde, pelear contra la violencia requiere nuestra valentía. Podemos marcar una diferencia y quizás eso no cambia el mundo, pero un pequeño cambio puede mover montañas. Así que, que seamos valientes y que sigamos apostando por la educación, por un modo de comprender”. La exconcejala insistió en que la valentía sigue siendo crucial para combatir la violencia machista y abogó por el fortalecimiento de la educación y la comprensión en el combate a esta problemática.
El medio reportó que, en un coloquio con Cira García —jueza especializada en violencia de género—, Fernández profundizó sobre las barreras que persisten cuando las mujeres deciden denunciar abusos y violencia. Expresó que la culpa, el miedo y la sensación de revictimización pueden extenderse durante largos periodos tras la denuncia. “Mi única manera de sobrevivir fue hacer lo que hice. No considero que fuese muy valiente (…) Siempre hubo personas más valientes que yo, que se atrevieron a escuchar, que se atrevieron a acompañar”, explicó Fernández, quien remarcó la importancia del acompañamiento y la escucha activa por parte de quienes rodean a las víctimas.
Durante la jornada, Fernández también reclamó que se refuercen los mecanismos de denuncia, garantizando espacios seguros y formación especializada para quienes atienden a las víctimas de violencia de género. Según el medio citado, Fernández afirmó: “Tiene que haber formación especializada para personas que se acercan a tratar a víctimas de violencia, porque, como en cualquier otro caso de trauma, una persona sufre un trauma, pues, primeramente, es muy difícil hablar de ello, y es difícil hablar de ello si estás en un lugar donde no te sientes seguro”. La exconcejala defendió la necesidad de asegurar un entorno en que las víctimas puedan expresar lo sucedido sin temor ni inseguridad.
Fernández destacó los efectos del entorno social y judicial al señalar que, hace un cuarto de siglo, incluso quienes ejercían como jueces requerían un alto grado de valentía para escuchar y tramitar las denuncias que la sociedad difícilmente aceptaba. Según el medio, añadió que es indispensable romper con la tendencia a responsabilizar a las víctimas: “Me marché llena de culpa, de vergüenza, de miedo. Y estuve muy sola durante muchísimos años”. Sostuvo que las mujeres que denuncian enfrentan un alto coste porque son rápidamente cuestionadas, a menudo sin ser creídas, y se intenta asignarles una posible “culpa” por diversas circunstancias: desde su vestimenta hasta las circunstancias previas a la agresión, tal como relató con su propia experiencia personal.
En respuesta a estos retos persistentes, Cira García, jueza experta en violencia de género, reclamó en el Congreso que se inviertan más recursos en la lucha contra la violencia machista y se robustezcan los espacios de protección para las víctimas. Según publicó el medio, García expresó: “No podemos recortar recursos y desde luego hay que incrementarlos y potenciarlos porque están los recursos saturados”. Reiteró que el combate a la violencia de género no debe supeditarse a las alternancias del poder político ni sufrir retrocesos según el partido gobernante.
García también subrayó que la formación de los profesionales encargados de atender a mujeres víctimas de violencia de género no debe resultar opcional sino obligatoria. En palabras recogidas por el medio, advirtió sobre la sobrecarga de trabajo de los equipos judiciales dedicados a estos temas y defendió que las leyes para combatir la violencia machista deben ir acompañadas de suficiente dotación presupuestaria. Según García, solo de esa forma podrán garantizarse los derechos económicos y sociales que mencionan estas normas.
La jueza reclamó atención especialmente para el periodo posterior a la denuncia. Según detalló el medio, García explicó que “cuando va al juzgado todo el mundo la acompaña, pero luego se queda absolutamente sola y olvidada”, pidiendo así mecanismos de acompañamiento sostenido a las víctimas después del proceso judicial.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, también intervino durante el acto. Reportó el medio que Armengol calificó la violencia de género como “un mal sistémico, estructural, antiguo, atroz” y la describió como un “lastre” para la democracia española. Armengol advirtió que esta forma de violencia se enlaza con otras formas de opresión, incluidas las derivadas de la clase social, el origen étnico, la diversidad funcional y la orientación sexual, generando un entramado de violencias múltiples para las que la sociedad debe buscar respuestas eficaces.
El medio consignó que Armengol subrayó la importancia de la movilización social y las iniciativas para visibilizar el problema, haciendo referencia a las manifestaciones feministas, el apoyo entre mujeres y campañas de sensibilización como “#Cuéntalo” y “#Metoo”. Sostuvo que España cuenta con “leyes pioneras” en la materia, pero reconoció que queda mucho trabajo pendiente para lograr cambios sustanciales.
Durante el acto conmemorativo, tanto Fernández como las demás participantes apuntaron a la necesidad urgente de seguir fortaleciendo la formación, la protección de las denunciantes, y el compromiso institucional y presupuestario en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Según remarcó el medio en su cobertura, todas coincidieron en que la erradicación efectiva de este problema social requiere valentía sostenida, educación y recursos, manteniendo la atención sobre los desafíos personales y estructurales que enfrentan quienes deciden denunciar.
