El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves admitir a trámite la proposición de ley de Sumar que suponía una reforma de la Ley de Vivienda para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar viviendas en España. Este rechazo ha sido posible tras la decisión del PSOE de abstenerse, mientras que la propuesta ha sido apoyada por Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Podemos, BNG y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó. Por su parte, PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria han votado en contra; mientras que el PNV ha seguido la estela del Partido Socialista y se ha abstenido.
En el debate de la iniciativa, Sumar defendió la propuesta argumentando que la compraventa de viviendas por parte de empresas, fundaciones, personas jurídicas y fondos de inversión es más del doble que durante la burbuja de 2008. El diputado que impulsó la iniciativa y la defendió fue el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, que cuestionó la labor de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, por iniciativas como la de habilitar el número de teléfono 047 para resolver dudas en materia de vivienda.
En el turno del PSOE, Gabriel Blanco apuntó que su grupo parlamentario no se iba a oponer a debatir cualquier medida que busque contribuir a poner solución al problema de la vivienda, pero aseveró que siempre lo hará “desde el reconocimiento más profundo al trabajo que está desarrollando el Ministerio de Vivienda”. Señaló que el Gobierno está haciendo un esfuerzo “inmenso” para poner fin a la crisis habitacional e invitó a Sumar a que “respete” ese trabajo y no incida en “desgastarlo”, tal y como buscan “precisamente quienes quieren tumbar este Gobierno”.
Críticas a la propuesta
Durante el turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, indicó que la propuesta no supone una limitación excepcional en el tiempo y en un ámbito territorial con el objetivo de lograr el fin social que pretende, sino que es una medida ilimitada, lo que en su opinión “dificulta” entender su encaje en el ordenamiento jurídico actual.
Por su parte, la diputada de Junts, Marta Madrenas, apuntó que la iniciativa de Sumar “no resuelve ningún problema”, sino que implica una “restricción más” que acabará bajando la oferta, pondrá en riesgo promociones de vivienda en curso y “distorsionará todavía más el mercado”.
El diputado del PP Carlos Gil censuró que la propuesta de Sumar “empeora y aún más” la Ley de Vivienda, a la que calificó como una de las “más nocivas” que ha llevado a cabo el Gobierno. “Prohibir que las personas jurídicas puedan adquirir vivienda no es una solución, es un disparate y una medida diseñada para poder señalar culpables”, criticó el ‘popular’.
En tanto que el portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, esgrimió que la reforma propuesta por Alberto Ibáñez implicaría “el fin” del parque inmobiliario porque las cláusulas que impone supondrían “de facto” acabar con la inversión en este sector. “Viendo los resultados en dos años de Ley de vivienda, lo cierto es que la única modificación que cabría esperar de esta ley es aquella que rece en su artículo único su supresión”, criticó.
Los fondos quieren deshacerse de 25.000 viviendas
El rechazo a la propuesta de Sumar de impedir que empresas, fundaciones, personas jurídicas y fondos de inversión compran vivienda se produce en un momento en que estos últimos han iniciado la venta o la recapitalización de más de 25.000 casas en España por un valor de más de 5.000 millones de euros.
Este movimiento supone una de las mayores reestructuraciones residenciales de la última década que disparará la oferta de viviendas en un momento en que escasea, lo que puede implicar una bajada de precios.
