El Ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT y CSIF han cerrado este jueves el acuerdo retributivo que fijará la evolución salarial de los empleados públicos entre 2025 y 2028. CCOO, por su parte, no se ha sumado a los demás sindicatos, aunque prevé hacerlo en los próximos días. El pacto contempla un incremento acumulado del 11%, cuyo primer tramo, un 2,5% correspondiente a 2025, se aplicará ya en la nómina de diciembre con efecto retroactivo desde el pasado mes de enero.
Durante el acto de firma, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha subrayado que el acuerdo “no solo mejora sus condiciones laborales, también moderniza la función pública y refuerza, sobre todo, los servicios que reciben los ciudadanos”. López ha agradecido a los sindicatos su implicación tras “horas incontables” de negociaciones, y ha celebrado que el acuerdo suponga una mejora para 3,5 millones de trabajadores.
Así, ambas partes cierran el nuevo acuerdo después de dos semanas y seis reuniones centradas en las retribuciones y la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios. Esta firma se produce después de que el Gobierno flexibilizara su postura inicial tras la reunión del miércoles, que fijaba en el 4% el margen máximo de incremento para 2025 y 2026. El pacto situará los salarios base entre los 10.286 euros anuales del grupo E y los 36.351 euros del Grupo 1 del personal laboral.
Sánchez reivindica el pacto salarial como un “muy buen acuerdo”
En la firma también ha estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha defendido el acuerdo suscrito, calificándolo como un “muy buen acuerdo”. Además, ha trasladado su agradecimiento a las organizaciones sindicales por su “trabajo” y “paciencia” en el proceso. Así, Sánchez ha subrayado que con este pacto “ganan todos los trabajadores y trabajadoras, gana la ciudadanía y, por tanto, creo que gana el país”. El presidente también ha expresado su gratitud al ministro Óscar López por su “liderazgo”, así como al equipo del departamento que ha pilotado la negociación.
Aunque CCOO no ha firmado el documento, Sánchez ha querido dedicar también unas palabras al sindicato que, según él, ha puesto “de su parte” en la defensa del personal público. Para el presidente, el texto representa el “triunfo” de la voluntad de diálogo y del “espíritu de acuerdo”, elementos que considera fundamentales para avanzar en derechos y en la modernización de la Administración. “Estamos dando un paso decisivo hacia un modelo de empleo público más contemporáneo, más actualizado (…) más justo, más preparado para responder a los desafíos”, ha señalado.
De igual manera, el presidente ha destacado el valor del diálogo social, al que ha definido como la “mejor herramienta” para construir consensos “sólidos” y legitimadores tanto de la acción gubernamental como de la sindical. También ha asegurado que este es el camino que guía a la coalición, la búsqueda de un entendimiento “bueno para nuestros servidores y servidoras públicos, bueno para la ciudadanía” y alineado con el proyecto europeo, que forma parte del “ADN” del país.
Como conclusión, Sánchez ha reconocido de manera explícita la profesionalidad “encomiable” de los funcionarios y su labor “extraordinaria” en momentos críticos como la pandemia de la Covid-19 o la reciente DANA en Valencia. En su opinión, “reforzar las condiciones laborales, la dignidad salarial de quienes trabajan en el empleo público” es también fortalecer el Estado del bienestar y garantizar derechos y libertades.
Incrementos escalonados y fin de la tasa de reposición
El calendario de incrementos establece para 2026 una subida fija del 1,5%, ampliable con un 0,5% adicional de carácter variable. Este complemento se abonaría en el primer trimestre de 2027, con efecto retroactivo, si el IPC anual iguala o supera el 1,5%. Para 2027 está prevista una revalorización del 4,5%, mientras que el incremento para 2028 será del 2%.
Más allá de la estructura salarial, el pacto incorpora una de las demandas históricas de los sindicatos, y es la eliminación de la tasa de reposición. Una regla que hasta ahora limitaba la sustitución de plazas vacantes en la Administración y que, según las organizaciones firmantes, dificultaba la renovación de plantillas y la cobertura de servicios esenciales.
