Mark Kelly, senador demócrata y capitán retirado de la Armada de Estados Unidos, formó parte de un grupo de seis legisladores que publicaron un video pidiendo a las fuerzas militares del país rechazar órdenes consideradas ilegales en el contexto de operaciones letales en el Caribe y el Pacífico. Las declaraciones surgieron luego de que al menos 83 personas fallecieron en ataques militares estadounidenses a embarcaciones identificadas como supuestamente vinculadas al narcotráfico, incidentes que recibieron duras críticas y fueron calificados como ejecuciones extrajudiciales por organismos de derechos humanos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ante esta situación, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, solicitó a la Armada que investigue formalmente las afirmaciones de Kelly y fije una posición antes del 10 de diciembre, según consignó el medio fuente.
De acuerdo con lo publicado, Hegseth remitió una comunicación oficial al secretario de la Armada, John Phelan, instruyéndole a revisar las declaraciones realizadas públicamente por Mark Kelly el 18 de noviembre de 2025 o en fechas cercanas. En dicha misiva, difundida por el Departamento de Defensa norteamericano en la red social X, Hegseth expresó: “El Departamento de Guerra recibió recientemente información sobre comentarios potencialmente ilegales realizados por el capitán (retirado) Mark E. Kelly en un video público, el 18 de noviembre de 2025 o alrededor de esa fecha. Refiero este asunto, y cualquier otro relacionado, para su revisión, consideración y decisión según lo considere oportuno”. El secretario de Defensa enfatizó la exigencia de recibir antes del 10 de diciembre un resumen de las conclusiones derivadas de la investigación, reportó el mismo departamento.
La reacción surge tras la amplia divulgación de un video en el que Kelly, junto con los congresistas Elissa Slotkin, Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan, dirigió un mensaje dirigido específicamente a soldados estadounidenses involucrados en las citadas operaciones navales. En el material audiovisual, los legisladores instaron a ignorar cualquier orden que contraviniera las normas legales nacionales e internacionales, afirmando: “Nadie tiene que cumplir órdenes que son contrarias a la ley o a nuestra Constitución (…). Sabed que os apoyamos. No abandonéis el barco”, según citó el medio fuente.
Tras la difusión del video, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó públicamente a Kelly y a los demás congresistas de “traidores” y los acusó de mostrar “comportamiento sedicioso punible con la muerte”, como detalló la fuente original. Las declaraciones presidenciales generaron un aumento de la atención mediática y política sobre la actuación de los legisladores y las posibles implicaciones legales del mensaje dirigido a las fuerzas armadas.
En respuesta a la controversia, el Pentágono inició formalmente una revisión para determinar las posibles acciones, contemplando opciones que incluyen el retorno de Kelly al servicio activo para enfrentar un consejo de guerra o la imposición de medidas administrativas, reportó el Departamento de Defensa en sus canales oficiales. Kelly, que anteriormente sirvió en la Armada y alcanzó el rango de capitán, participó en misiones en el golfo Pérsico y se desempeñó como instructor en la Escuela de Pilotos Navales. Su situación jurídica ante la justicia militar se condiciona a un eventual llamado a filas en calidad de reservista, una facultad prevista en el Código Uniforme de Justicia Militar.
Las declaraciones de los legisladores llegaron en un contexto marcado por la inquietud internacional, tras la confirmación de la muerte de más de 80 personas durante operaciones militares de Estados Unidos en aguas del Caribe y del Pacífico. Según la ONU y diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, estas acciones constituyeron ejecuciones extrajudiciales y contravienen tratados internacionales firmados por Washington. El análisis global de estos incidentes ha colocado a la administración estadounidense en el centro del debate sobre el uso de la fuerza letal en la lucha contra el narcotráfico y los límites legales e institucionales que rigen las órdenes militares.
La decisión final sobre la naturaleza y consecuencias de las declaraciones de Kelly y sus colegas queda en manos de la Armada, que debe presentar sus conclusiones antes de la fecha señalada por el secretario de Defensa. Mientras avanza la revisión interna, el debate continúa sobre el equilibrio entre la obediencia debida de las fuerzas militares y la obligación ética y legal de rechazar órdenes consideradas ilícitas. El episodio también reavivó discusiones en torno a la responsabilidad de los legisladores y el papel de la supervisión civil frente a eventuales excesos del poder militar, reflejando la tensión entre la seguridad nacional y la protección de las garantías constitucionales, como publicó la fuente.
