El juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa sobre posibles actos de corrupción en el área de Discapacidad, se vio obligado a iniciar una nueva investigación por las irregularidades que aparecieron durante la requisa de uno de los personajes bajo sospecha.
Como publicó LA NACION, los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Migraciones tenían la orden judicial de requisar a Sergio Daniel Mastropietro, un empresario clave en el entramado financiero de los pagos de medicamentos con sobreprecios y coimas, pero lo dejaron salir del aeropuerto sin revisar sus pertenencias.
La denuncia narra que Mastropietro arribó al sector de los vuelos internacionales a las 22:25 horas y, a pesar de que la orden de requisa personal estaba activa y registrada por la Dirección Nacional de Migraciones, el empresario hizo los trámites de ingreso y el control aduanero, sin ser demorado en ningún momento.
A las 22:34 horas, el hombre egresó del sector restringido del aeropuerto con todas sus pertenencias. Esta omisión fue considerada grave, dado que se trataba de un área sometida a un control riguroso.
La denuncia también contradice la explicación oficial de la PSA, que sostenía que se cumplieron todas las diligencias del juzgado.
De acuerdo con el documento, la intervención de los organismos públicos resultó -por menos-, tardía.
A Mastropietro se lo retuvo recién cuando estaba en la vereda del sector de arribos. Allí cuatro agentes de Migraciones lo interceptaron y lo obligaron a retornar al área restringida.
Sin embargo, antes de reingresar y de que se cumpliera la medida judicial, se produjeron movimientos sospechosos. Registros fílmicos de la aeroestación mostraron que Mastropietro, quien presumiblemente estaba usando un teléfono celular poco antes de ser abordado, entregó su mochila y equipaje a uno de sus tres acompañantes antes de ser llevado nuevamente al interior.
Segundos después, se le vio salir brevemente y entregar un objeto pequeño a la misma persona que custodiaba su equipaje.
Una vez ejecutada la requisa personal, la medida fracasó en su objetivo. El teléfono celular de Mastropietro no pudo ser hallado. El investigado manifestó que su último contacto con el dispositivo había sido al dejarlo sobre una de sus valijas justo antes de su reingreso con el personal de Migraciones, y al intentar llamar a ese número, el abonado resultó estar apagado.
Por estas razones, el Juzgado resolvió extraer testimonios e hizo la denuncia, que cayó en el juzgado N6, que subroga Daniel Rafecas. Este le corrió traslado a la fiscalía correspondiente, que encabeza Paloma Ochoa.
La denuncia también relata los hechos que llevaron a esta irregularidad en Aeroparque. La primera complicación en la búsqueda de artículos de Mastropietro surgió el 14 de noviembre de 2025, cuando funcionarios de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina acudieron a su domicilio para ejecutar la orden de allanamiento, pero Mastropietro no se encontraba allí. Las constancias de la Dirección Nacional de Migraciones revelaron luego que el investigado había viajado a Estados Unidos el 7 de noviembre de 2025.
Ante esta situación, el mismo 14 de noviembre, el juzgado ofició a Migraciones para que se estableciera un alerta de ingreso y se diera aviso inmediato al momento en que Mastropietro pisara suelo argentino, buscando materializar así la requisa personal dispuesta. Horas más tarde, la Dirección Nacional de Migraciones comunicó que el registro de alerta se había activado.
Mastropietro arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Newbery en un vuelo privado de la aeronave LV-CPL, vinculada a la empresa Baires Fly S.A., que también aparece en la mira de las sospechas.
El viaje, que se originó en Fort Lauderdale, Florida, hizo escalas técnicas en Guayaquil, Ecuador, y San Miguel de Tucumán, ingresando al país a través de esta última escala.
La empresa aérea
El papel de Mastropietro en el entramado del caso Andis es clave. La evidencia más sólida que lo compromete surgió de su relación con la empresa Baires Fly S.A.
El 10 de septiembre de 2025, Miguel Angel Calvete, el lobista que hacía negocios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), le envió a Mastropietro cinco archivos con transferencias por cientos de millones de pesos provenientes de droguerías sospechadas de haber sido favorecidas por el sistema de compras direccionadas: Profarma S.A., Prolite Orthopedics S.R.L. y Probock S.R.L. Acto seguido, Mastropietro emitió facturas desde Baires Fly a esas mismas firmas por montos calcados, bajo un concepto uniforme: “Compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”.
Para la fiscalía, esa estructura tenía una funcionalidad evidente destinada a dar apariencia lícita a dinero de origen irregular.
