La cooperación de Víctor de Aldama con los investigadores y la información que ha suministrado resultaron fundamentales para que se propusiera una pena más baja en su caso, marcando así una diferencia notable en la estrategia judicial seguida durante la investigación de los contratos públicos efectuados en la pandemia. Este hecho cobra especial peso ante la pública comparecencia de José Luis Ábalos y Koldo García ante el Tribunal Supremo, momento en que se discute la posibilidad de que ambos ingresen en prisión preventiva antes del juicio, una solicitud promovida por la Fiscalía Anticorrupción junto con las acusaciones populares. Según consignó el medio de referencia, el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos investigados aparecen entre los argumentos centrales aportados por las acusaciones para pedir la adopción de medidas excepcionales.
De acuerdo con la misma fuente, el magistrado Leopoldo Puente programó la declaración de José Luis Ábalos para las 10:00 horas en la sede del Tribunal Supremo, y retrasó la cita de Koldo García hasta las 12:30. Esta postergación respondió a la necesidad de que la defensa de García pudiera asistir a la declaración de Víctor de Aldama prevista en la Audiencia Nacional. La intención es salvaguardar la capacidad de defensa de todos los investigados y evitar que el procedimiento judicial vulnere derechos fundamentales. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares —principalmente el Partido Popular— argumentan que solo el recurso a la prisión preventiva puede garantizar la presencia de los acusados hasta la fase de juicio y prevenir una posible huida del país. La solicitud, según reportó el medio de referencia, se basa en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula la adopción de medidas cautelares tan restrictivas en causas de especial gravedad.
Actualmente, tanto Ábalos como García tienen prohibido salir de España, se les retiró el pasaporte y están obligados a comparecer ante la autoridad judicial cada quince días. Las acusaciones reclaman que estas restricciones resultan insuficientes frente a los delitos atribuidos, que engloban organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y aprovechamiento de información reservada desempeñando cargos públicos. Según detalló el medio citado, la Fiscalía Anticorrupción pide para Ábalos una condena de 24 años de prisión y el pago de una multa cercana a los 3,9 millones de euros, y para García solicita 19 años y medio de cárcel. Las acusaciones populares extienden el alcance, requiriendo hasta 30 años de cárcel al añadir los delitos de prevaricación y falsedad documental.
El magistrado Puente condicionó cualquier decisión respecto al endurecimiento de las medidas cautelares a la celebración de la vista, en la que deberán exponerse los argumentos de la acusación y la defensa. Las restricciones personales solo se revisarán para Ábalos y García, ya que en el caso de De Aldama se ha reconocido su colaboración como atenuante y se ha propuesto para él una condena de siete años de prisión, precisó el medio.
El proceso judicial ha avanzado con recursos presentados por las defensas de ambos ex altos cargos. El equipo jurídico de Ábalos, encabezado por el exfiscal Carlos Bautista, sostiene que no hay indicios de que el exministro percibiera comisiones derivadas de los contratos bajo sospecha. Según publicó el medio, la defensa alega que la acusación descansa únicamente en el testimonio de Víctor de Aldama y en fragmentos de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2021. Además, la representación legal de Ábalos denuncia no haber tenido acceso completo a los documentos incautados durante la investigación y no haber podido practicar todas las pruebas que, en su opinión, resultan esenciales para esclarecer los hechos.
En una línea semejante, la abogada de García, Leticia de la Hoz, defendió ante el tribunal que su cliente no tenía vínculos empresariales con la compañía considerada epicentro de las irregularidades. También señaló que la autorización otorgada por el Congreso para investigar los hechos solo abarcaba parte de las actuaciones supuestamente ilícitas dentro de la gestión pública. Según reportó el medio de referencia, la defensa de García argumentó que existe una “indefensión material” derivada de la negativa judicial a citar como testigo a Jésica Rodríguez, ex pareja de Ábalos, a quien las acusaciones vinculan con empresas públicas a través de ambos investigados.
El contexto procesal se ha vuelto más complejo debido a la presión judicial y política, que ha impulsado un mayor control sobre los investigados y obligado a modificar los horarios de las vistas para permitir la participación simultánea de todas las partes implicadas. Esta serie de ajustes apunta a fortalecer las garantías procesales de los acusados y a mantener la regularidad en la tramitación de un caso que cuenta con amplísima repercusión pública, consignó el medio de referencia.
Las partes enfrentan posiciones contrapuestas sobre la conveniencia y proporcionalidad de una posible prisión preventiva. El Tribunal Supremo evalúa si corresponde mantener las limitaciones actuales, o bien, sustituirlas por medidas más estrictas en vista de la gravedad de los hechos atribuidos y las elevadas penas solicitadas. La Fiscalía y las acusaciones populares fundamentaron sus posturas en escritos donde insisten en los retos específicos asociados a la instrucción de causas complejas y en la necesidad de asegurar la presencia física de los acusados en todas las fases de la investigación y el futuro juicio.
La instrucción de esta causa la asumió el Tribunal Supremo después de una larga investigación preliminar y la formalización de los escritos de acusación. El foco ha estado puesto en el proceso de adjudicación de contratos públicos durante la declaración del estado de alarma por la emergencia sanitaria en España, época en que —según consta en la información publicada— se habrían cometido distintos delitos por responsables públicos y empresarios en torno a la adquisición de mascarillas.
La eventual decisión sobre la prisión preventiva de Ábalos y García marcará un punto clave para el futuro de la causa y podrá afectar la línea procesal seguida en lo sucesivo. De acuerdo con el medio de referencia, las defensas reiteran que todo el proceso debe preservar escrupulosamente los derechos garantizados, recalcando la falta de pruebas suficientes para justificar una medida tan restrictiva mientras la causa se encuentra aún pendiente del juicio oral.
