El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia identificó la falta de reporte de aportes provenientes de la Federación Colombiana de Educadores, así como de la Unión Patriótica y de un pago destinado a publicidad política en Caracol TV, como parte de las irregularidades detectadas en la financiación de la campaña presidencial de 2022. Como resultado de este hallazgo, dicho organismo ha impuesto sanciones económicas tanto a los responsables directos de la campaña como a dos partidos políticos que integraron la coalición Pacto Histórico, la alianza que llevó a Gustavo Petro a la presidencia colombiana. Según informó el medio original, se trata de la primera ocasión en la que la autoridad electoral del país sanciona a una campaña presidencial por estas razones.
De acuerdo con lo publicado, las multas afectan directamente a Ricardo Roa, quien ejerció como gerente de campaña y actualmente dirige la petrolera estatal Ecopetrol, a la tesorera Lucy Aidee Mogollón y a la auditora María Lucy Soto. Además, han sido sancionados Colombia Humana y Unión Patriótica, dos partidos integrantes del Pacto Histórico, con aproximadamente 140.000 euros cada uno en multas. El CNE determinó que, entre la primera y la segunda vuelta electoral, el gasto de la campaña sobrepasó en cerca de 5.300 millones de pesos colombianos —equivalentes a 1,2 millones de euros— el tope legal de financiación. La resolución del organismo electoral se tomó con seis votos a favor y tres en contra, sin consecuencias directas para el jefe de Estado.
El medio detalla que la decisión del Consejo Nacional Electoral no recayó sobre Gustavo Petro, aunque sí sobre las cabezas administrativas encargadas del manejo de fondos. La investigación puso en evidencia la omisión de reportar determinadas transferencias económicas, consideradas relevantes por el organismo. El CNE señaló la falta de transparencia en los registros, al no informar oficialmente sobre sumas entregadas, tanto por colectivos sindicales como por los partidos integrantes de la coalición y por publicidad en medios televisivos.
Frente a la resolución del CNE, la líder de la Unión Patriótica, Aída Avella, expresó su preocupación acerca del contexto de las sanciones. En declaraciones otorgadas a Blu Radio, Avella afirmó: “Es un entramado muy extraño. Es incoherente lo que están haciendo; me siento en la época de la gran persecución contra nosotros”. Avella, haciendo alusión al exterminio que enfrentó su partido en las décadas pasadas —donde cerca de seis mil simpatizantes fueron víctimas de asesinatos y desapariciones desde finales de los ochenta hasta principios del año 2000— manifestó: “No nos pudieron matar con tantas cosas y ahora vienen unas sanciones que a mí me hacen sentir otra vez en la gran persecución contra la Unión Patriótica”.
El medio consignó que la sanción económica es de carácter millonario para los tres funcionarios mencionados y, en el caso de los partidos, asciende a cifras cercanas a los 140.000 euros cada uno. El Consejo Nacional Electoral fundamentó la decisión en la existencia de irregularidades financieras durante el proceso electoral, precisando que los controles legales para reportar ingresos y egresos de campaña resultaron insuficientes o fueron directamente omitidos en el caso analizado.
Según la información recabada, esta sanción marca un hito en la historia electoral del país, al tratarse de la primera imposición de penalizaciones de este tipo por parte de su máxima instancia de control. El proceso de investigación concluyó tras la revisión de los balances presentados y de los fondos manejados por el equipo administrador de la candidatura. El medio detalló que la resolución tuvo un margen de diferencia favorable, con una mayoría dentro del Consejo a favor de la sanción. Aunque Gustavo Petro fue el candidato beneficiado en la contienda, la sanción se centra en quienes se encargaron de la gestión financiera y en los partidos políticamente responsables.
Tal como afirma el medio, la coalición sancionada Pacto Histórico, construida a partir de fuerzas políticas de izquierda y movimientos sociales y sindicales, fue clave en la llegada de Petro a la Casa de Nariño. La investigación se centró en la forma en que se reportaron los fondos ante la autoridad electoral, particularmente por fondos provenientes de actores sociales como la Federación Colombiana de Educadores y de alianzas políticas internas.
El medio subraya que la respuesta de los sancionados y de dirigentes políticos ha sido de rechazo y cuestionamiento sobre los motivos detrás de las penalizaciones. El caso abre un nuevo precedente de fiscalización y sanción dentro del sistema político colombiano en relación a las campañas, a las reglas para la administración de los fondos y a la fiscalización de los procesos electorales. La imposición de estas sanciones ocurre mientras la opinión pública y diversos sectores políticos cuestionan los mecanismos de control y transparencia en la financiación de las campañas electorales en Colombia.
