La permanencia de fuerzas israelíes en casi el 60 por ciento de la Franja de Gaza, junto con la falta de exigencia de responsabilidades a las autoridades por las consecuencias de sus acciones, demuestra para Amnistía Internacional que las condiciones de vida en el enclave palestino apenas han experimentado mejoras sustanciales tras el alto el fuego, ha reportado el medio que llevó a cabo esta denuncia. De acuerdo con lo consignado por la organización y recogido por diversas plataformas noticiosas, la probabilidad de que la situación actual desemboque en la destrucción física de la población palestina en Gaza sigue siendo una amenaza palpable debido a la persistente vulnerabilidad ante enfermedades, la presencia de hambruna resultante de un bloqueo prolongado y meses de asedio total, así como la falta de acceso adecuado a los servicios básicos.
Según publicó Amnistía Internacional, el alto el fuego anunciado al inicio de octubre no se ha traducido en modificaciones relevantes en las políticas israelíes hacia los civiles en Gaza. El propio comunicado de la ONG denuncia que, a más de un mes de la implementación de la tregua y de la liberación de todos los rehenes israelíes con vida, Israel mantiene prácticas que, a juicio de la organización, podrían enmarcarse dentro de un genocidio sistemático contra la población palestina, al continuar con la imposición de condiciones de vida que afectan gravemente la supervivencia física de los gazatíes. De acuerdo con lo reseñado por Amnistía y reproducido por medios internacionales, la secretaria general de la entidad, Agnès Callamard, expresó que el alto el fuego “corre el riesgo de crear el peligroso espejismo de que la vida en Gaza está volviendo a la normalidad”, agregando que aunque Tel Aviv ha reducido la intensidad de sus ataques y habilitado el ingreso limitado de ayuda, “el genocidio de Israel no ha terminado”.
El planteamiento de Amnistía Internacional obtiene sustento en la continua restricción al acceso de ayuda humanitaria esencial y servicios indispensables para la vida diaria. Esta ONG advierte que “el alto el fuego no debe convertirse en una cortina de humo para el genocidio en curso”. A su juicio, las acciones del gobierno israelí en Gaza, particularmente la negación a permitir la entrada de asistencia hacia una población herida, desnutrida y en riesgo de enfermedades graves, perpetúan el deterioro de las condiciones existenciales y amenazan la subsistencia de los habitantes del enclave.
El balance presentado por Amnistía Internacional define el impacto devastador de esta situación: dos años de bombardeos continuos y una hambruna deliberadamente provocada han marcado el contexto actual. Tal como precisó la ONG y reportaron plataformas de noticias, Israel aún sostiene políticas consideradas “despiadadas” por la organización, que incluyen restricciones en el suministro de ayuda y la aplicación de condiciones intencionales dirigidas a generar la destrucción física de la comunidad palestina en Gaza. La postura oficial de Amnistía incluye una exigencia expresa a las autoridades israelíes para que se ponga fin al bloqueo, se garantice el flujo pleno y sin obstáculos de alimentos, medicinas y combustible, y se proporcione el material necesario para la reconstrucción y rehabilitación de infraestructuras críticas. El organismo también demanda apoyo para la restitución de servicios esenciales, la ampliación de refugios para la población desplazada y el retorno seguro a los hogares abandonados por quienes debieron evacuar.
En las declaraciones recogidas en los comunicados y reproducidas por diversos medios, Callamard enfatizó el deber de la comunidad internacional de mantener la presión sobre Israel. Invitó a los líderes del mundo a demostrar su compromiso real en el cumplimiento de su obligación de prevenir el genocidio y terminar con la impunidad de quienes, sostiene la organización, han incurrido por años en crímenes en los territorios palestinos ocupados. “La comunidad internacional no puede permitirse ser complaciente: los Estados deben mantener la presión sobre Israel para que permita el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria, levante su bloqueo ilegal y ponga fin a su genocidio en curso. Las empresas, por su parte, deben suspender inmediatamente cualquier operación que contribuya o esté directamente ligada al genocidio de Israel”, insistió la secretaria general, solicitando además que se detengan todas las transferencias de armamento a Israel hasta que cesen las violaciones al Derecho Internacional.
Dentro de estas demandas, la ONG incluyó la petición de facilitar el acceso a Gaza a entidades de observación de Derechos Humanos y a periodistas, con el fin de asegurar una información transparente sobre las consecuencias de las acciones israelíes en la vida cotidiana en Gaza. Amnistía señaló que mientras los responsables de organizar, supervisar y ejecutar actos considerados genocidas “siguen en el poder”, la falta de mecanismos efectivos para hacerlos responder ante la justicia favorece la prolongación de este tipo de conductas en Gaza y otros territorios, incluidas áreas de Cisjordania y Jerusalén Este.
La dimensión del daño humano se refleja en las cifras presentadas por Amnistía Internacional y recogidas en el artículo de referencia, donde se menciona que más de 300 personas, entre ellas 130 menores de edad, fallecieron en ataques llevados a cabo por fuerzas israelíes tras la declaración del alto el fuego. Además, se mantienen las restricciones a la llegada de socorro y equipos correspondientes a la reconstrucción y la neutralización de artefactos explosivos sin detonar. En opinión de la organización, las circunstancias actuales generan un entorno propicio para la muerte progresiva de palestinos por la falta de acceso adecuado a alimentación, agua, refugio, ropa y saneamiento básico.
De acuerdo a la evaluación de Amnistía Internacional, publicada en diversas plataformas informativas, la suma de factores como la vulnerabilidad frente a enfermedades, la hambruna surgida tras años de restricciones y los recientes meses de asedio conforman una situación que amenaza la continuidad de la población gazatí. Estas declaraciones refuerzan la posición de la ONG sobre la gravedad de la crisis y la imperiosa necesidad de respuestas de la comunidad internacional, tanto en el plano diplomático como en la suspensión de aportes logísticos y económicos susceptibles de facilitar las políticas israelíes que, según los señalamientos realizados, ponen en riesgo la supervivencia de la población palestina.
