La situación de diversos exministros peruanos tras el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022 ha derivado en la emisión de órdenes de detención nacionales e internacionales, como en el caso de Betssy Chávez, quien permanece asilada en la Embajada de México. El jueves, un tribunal de Perú condenó al expresidente Pedro Castillo a once años, cinco meses y quince días de prisión tras hallar pruebas de conspiración para rebelión, tal como detalló el medio La República.
De acuerdo con la información publicada por La República, la Sala Penal Especial del Tribunal Supremo dictó esta sentencia luego de considerar la participación de Castillo en los hechos ocurridos en diciembre de 2022, fecha en la que protagonizó el intento fallido de disolver el Congreso y reconfigurar el orden institucional en el país. La Fiscalía había solicitado una condena mucho mayor, que ascendía a 34 años de cárcel. Sin embargo, el tribunal decidió absolver al exmandatario de los cargos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, limitando la condena al delito de conspiración para rebelión.
Durante la audiencia final, Castillo sostuvo su inocencia respecto a todos los cargos, reiterando en sus palabras que no cometió los delitos que se le atribuían. Antes de conocer la decisión judicial, el exmandatario también interpuso una solicitud de nulidad absoluta del proceso judicial. Castillo argumentó parcialidad por parte de los magistrados encargados del caso, acción que quedó registrada por el diario peruano La República. El exjefe de Estado permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2022, situación que se mantiene tras la lectura de sentencia.
El fallo judicial incluyó asimismo sentencias similares para miembros de su gabinete. Tanto Betssy Chávez, quien se desempeñaba como primera ministra al momento de los hechos, como el exministro del Interior Willy Huerta, recibieron condenas idénticas a la de Castillo. En el caso de Chávez, que actualmente se encuentra bajo protección diplomática en la Embajada de México, el tribunal ordenó su detención tanto a nivel nacional como internacional, según consignó La República.
Respecto al exministro Aníbal Torres, la sanción legal fue distinta. Se le condenó a seis años y ocho meses de prisión, una pena inferior a la de los otros involucrados en el proceso relacionado con el intento de golpe de Estado. Tanto Huerta como Torres no serán encarcelados de forma inmediata, ya que la ejecución de sus penas quedó suspendida hasta que tribunales de superior instancia confirmen, modifiquen o reviertan la decisión emitida en primera instancia.
El proceso judicial involucró la revisión exhaustiva de los hechos del 7 de diciembre de 2022, jornada en la que Castillo anunció la disolución del Congreso e intentó instaurar un gobierno de excepción. La respuesta de las instituciones fue rechazar la medida, lo que condujo al arresto del presidente y la activación de la sucesión constitucional. Las investigaciones del Ministerio Público consideraron que el exmandatario y varios de sus colaboradores impulsaron y planificaron un acto orientado a alterar el orden democrático.
La condena de Castillo y de los exfuncionarios de su gobierno representa una de las respuestas judiciales más severas en la historia reciente de Perú frente a acciones consideradas como amenazas directas a la estabilidad democrática. El caso ha sido seguido de cerca tanto por organismos nacionales como internacionales, interesados en el desenlace legal de un proceso que ha implicado la revisión de la conducta de altos funcionarios públicos durante un periodo de marcada inestabilidad política.
Según consignó La República, la causa judicial incluyó el análisis de testimonios, grabaciones y documentos relacionados con la decisión de disolver el Congreso, así como las reuniones previas al anuncio y la participación de miembros clave del gabinete en la planificación de la acción. El tribunal consideró que existían pruebas suficientes para condenar a Castillo, Chávez y Huerta por el delito de conspiración para rebelión, aunque rechazó otras acusaciones que la Fiscalía intentó sustentar a lo largo del proceso.
Las órdenes de captura internacional contra Betssy Chávez tienen carácter inmediato y buscan facilitar su detención, pese a que la exfuncionaria permanece bajo el amparo de la Embajada de México, lo cual agrega un componente diplomático al proceso judicial. Mientras tanto, la situación de Huerta y Torres se encuentra a la espera de que las instancias superiores evalúen los recursos de apelación que presentarán sus defensas.
Según publicó La República, las sentencias de la Sala Penal Especial del Tribunal Supremo marcaron un nuevo capítulo en el desarrollo de los acontecimientos derivados del intento golpista, añadiendo presión a los procesos de justicia y transparencia que diversas organizaciones internas y observadores internacionales han demandado desde diciembre de 2022.
El pronunciamiento del tribunal sobre la nulidad solicitada por Castillo es aún una cuestión en discusión judicial, aunque la sentencia de primera instancia mantiene vigente la condena y la situación de privación de libertad del expresidente. El caso continuará en las siguientes etapas procesales, a la espera de los recursos de apelación y otras acciones legales que puedan presentar los condenados y sus respectivas defensas.
