El traslado del ex presidente de Guinea Bissau Umaro Sissoco Embaló a Senegal, luego de su derrocamiento a través de una intervención militar, marcó un foco de preocupación para la comunidad internacional debido a las consecuencias sobre la estabilidad política en el país africano. En ese contexto, tal como publicó la ONU en un comunicado difundido por el portavoz de António Guterres, Stéphane Dujarric, el secretario general de Naciones Unidas exigió la restauración inmediata del orden constitucional y solicitó la liberación de todos los funcionarios, líderes opositores y dirigentes políticos que continúan detenidos tras el golpe de Estado.
La disputa en torno a la legitimidad de la victoria electoral —con Embaló y el principal referente opositor, Fernando Dias da Costa, atribuyéndose el triunfo— profundizó la polarización en Guinea Bissau, incrementando las tensiones institucionales. De acuerdo con la información proporcionada por Naciones Unidas y recogida en los comunicados oficiales, la irrupción de sectores militares en el sistema político fue condenada de manera inequívoca. Según consignó el medio, António Guterres calificó como “violación inaceptable de los principios democráticos” cualquier medida que altere el resultado de un proceso electoral.
El secretario general subrayó que los desacuerdos políticos deben dirimirse en instancias legales y alentó el establecimiento de un diálogo inclusivo, en vez de métodos basados en el uso de la fuerza. La demanda emitida desde la sede de Naciones Unidas enfatizó el carácter prioritario de restablecer la legalidad y la protección de los derechos políticos de la ciudadanía guineana. La presión internacional, liderada por la ONU, se articula en conjunto con organismos regionales con la intención de rescatar los principios democráticos en Guinea Bissau y evitar el agravamiento de la crisis.
La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), la Unión Africana y el Foro de Ancianos de África Occidental acompañan a la ONU en labores de apoyo al retorno de los dirigentes políticos legítimos y a la promoción de soluciones sostenidas en la legalidad. Según detalló el comunicado oficial difundido por la ONU, la CEDEAO también se pronunció públicamente en contra de la maniobra militar, instando a las fuerzas armadas guineanas a regresar a sus bases y advirtiendo sobre eventuales sanciones en caso de que la ruptura institucional se prolongue.
CEDEAO y la ONU coincidieron en exigir que se respeten los resultados de las recientes elecciones, subrayando la importancia del mandato ciudadano como motor del sistema democrático, tanto en Guinea Bissau como en la región. Según afirmó el medio, la crisis actual tuvo origen en unos comicios signados por la confrontación de Embaló y Dias da Costa, cuyos reclamos de victoria abonaron el terreno para la intervención armada. Este clima de inseguridad jurídica e institucional fue señalado por Naciones Unidas como factor habilitante de los movimientos extra-institucionales que ahora han generado el rechazo explícito de actores multilaterales y regionales.
Los comunicados oficiales de la ONU y otros organismos multilaterales delinearon que la respuesta internacional busca frenar la descomposición de la gobernabilidad y sostener la vigencia de los derechos políticos y civiles en Guinea Bissau. El texto difundido por la organización global señaló que el respeto de los cauces legales resulta indispensable para evitar que los conflictos electorales sean dirimidos a través de la imposición militar, una amenaza que consideran latente para la estabilidad de la región.
Según la información recogida por el medio, la postura de la ONU y de la CEDEAO refuerza la urgencia de restaurar el funcionamiento de las instituciones constitucionales y de garantizar la seguridad y derechos de quienes han sido detenidos durante el episodio golpista. Guterres ratificó, en nombre de Naciones Unidas, el apoyo a marcos multilaterales como camino hacia la normalización de la política en África Occidental. Además, se advirtió sobre las ramificaciones del golpe en el equilibrio político del área, destacando que la evolución de la situación en Guinea Bissau puede influir de manera significativa en la región.
El futuro de los arrestados y la validación final de los resultados electorales se han convertido en puntos clave de la coyuntura actual, mientras organizaciones internacionales y regionales continúan ejerciendo presión sobre los sectores responsables de la alteración del sistema democrático. Según se desprende de los comunicados y declaraciones oficiales referidos en el medio, el desenlace de la crisis permanece abierto, con una preocupación sostenida por parte de la comunidad internacional respecto a la resolución pacífica de la crisis institucional en Guinea Bissau y la protección de su marco constitucional.
