Con la ironía que lo caracterizaba, el inefable Guido Di Tella, luego de su primera experiencia en la función pública en el gobierno de Isabel Perón, expresó allá por 1982 una verdad incómoda y políticamente incorrecta. En su opinión, la historia de los aranceles de importación en la Argentina servía para conocer el peso relativo de los distintos sectores sobre los diferentes gobiernos, fuesen democráticos o militares. Y aconsejaba abrir la economía sin miramientos. Eso lo dijo un miembro de la familia que, gracias al proteccionismo, produjo amasadoras mecánicas, convirtió los Austin británicos en Di Tellas 1500, argentinizó las motonetas Lambretta y fabricó las míticas heladeras Siam en Avellaneda. Su integridad académica prevaleció sobre sus intereses familiares.
Años antes, en 1979, Chile había seguido ese camino eliminando la dispersión arancelaria –en promedio era del 94%–, fijándose un arancel único del 10% para todas las importaciones. Se dieron cuenta de que, bajo el sofisma de proteger el valor agregado, se promovía el costo agregado. Actualmente, el promedio es del 6% y menos del 1% bajo acuerdos de libre comercio. Esa política fue continuada por los distintos gobiernos y le ha permitido a Chile tener uno de los PBI per cápita más altos de América Latina (35.000 dólares), más que el doble del argentino.
La política industrial de un país como la Argentina no la ha fijado –ni la fijará jamás– un organismo suizo, ni la OCDE, ni la inteligencia artificial. Es parte de la política común y silvestre y, como tal, privilegiará el poder sobre la productividad y los aplausos sobre la eficiencia. Nunca ha funcionado de otra manera y nunca lo hará de otra forma.
Los escandalosos casos de corrupción prueban que, cuando la anomia prevalece, cualquier caja del Estado y cualquier lapicera oficial serán utilizadas para negocios espurios, retribuir militancias o consolidar lealtades. Aún sin llegar a esos extremos, la observación de Di Tella echó luz sobre las distorsiones productivas para fines equivocados. La industria debe generar valor de forma competitiva, no artificial. No puede ser utilizada como herramienta para lograr otros objetivos, como la ocupación territorial, la creación de empleo o la autarquía estratégica. El presupuesto nacional puede contener partidas explícitas para ello, sin alterar los incentivos fabriles.
El proteccionismo dio lugar a la sustitución de importaciones y ésta, al encarecimiento de vehículos, insumos o piezas a los sectores más competitivos. Al demandar divisas para funcionar, pero no generarlas, provocó las crisis recurrentes de balanza de pagos, seguidas de ajustes y devaluaciones. Las promociones regionales indujeron rebusques para no pagar el IVA con procesos finales mínimos, creando falsos fletes y sobrecostos por estar alejados de puertos y centros de consumo. Eso sí, prosperaron las consultoras provinciales, cercanas a los gobernadores, para agilizar los beneficios.
Las industrias básicas, que requieren grandes inversiones de capital, lograron créditos baratos, desgravaciones y diferimientos fiscales que fueron tentaciones irresistibles para sobrefacturar obras civiles e importaciones de equipamiento. Los bancos de fomento como el Banade se transformaron en cementerios de carteras inmovilizadas por impagos. Lo mismo que la Secretaría de Hacienda, colmada de clavos (avales caídos) y jamás ejecutados a los deudores gracias a gestores habilidosos. Los casos más complicados se resolvieron con arbitrajes siempre transados en contra del fisco.
Las líneas de prefinanciación de capital de trabajo a los exportadores, fueron una fiesta para las mesas de dinero y las líneas de financiación, verdaderos subsidios al “costo argentino” con emisión monetaria. Aún Cuba no ha pagado las compras de vehículos en tiempos de José Gelbard, pero cuyos fabricantes cobraron del Banco Central hace ya medio siglo, mientras éste, el tonto de la película, se quedó con los reclamos a Fidel. Las petroquímicas utilizaban insumos subsidiados por YPF y las curtiembres, cueros crudos de exportación prohibida, El aluminio, energía barata de Futaleufú y las ferroaleaciones cuyanas, de la generadora estatal. Una laminadora de acero vendía chapa tan cara como Somisa pero importaba sus insumos (planchas o “slabs”) sin pagar aranceles, al igual que otros casos que pasaban inadvertidos.
El “compre nacional” fue un sistema extorsivo para vetar importaciones públicas e impedir contrataciones llave en mano de grandes obras que incluían su financiación. Al obligar a desarmarlas, forzaban a que el Estado se endeudase para realizarlas. Con buen lobbying los derechos antidumping se eternizaron y las regulaciones técnicas se desvirtuaron. El régimen de Tierra del Fuego, que permite importar con dólares oficiales a precios nunca auditados por el fisco, es otro ejemplo de “política industrial” sin pies ni cabeza.
Es lógico que la Unión Industrial Argentina (UIA) solicite una transición gradual para el nuevo escenario de apertura. Han sido ochenta años de proteccionismo que modeló una estructura fabril sin músculo suficiente para enfrentarse con competidores asiáticos de grandes escalas de producción y modernas tecnologías. Cargan sobre sus espaldas costos laborales, presión fiscal, ausencia de crédito e infraestructura obsoleta que -dicho sea de paso– supieron tolerar mientras podían trasladarlos a precios pero que, ahora, desnivelan la cancha. Mal de muchos: el tsunami chino no solo afecta a las industrias locales, sino también a la poderosa industria alemana que decae y pierde puestos de trabajo sin que pueda reaccionar para evitarlo.
La premura por abrir la economía y forzar un cambio de precios relativos no proviene de la escuela austríaca, ni por imposición foránea, ni por regresión al modelo agroexportador, sino por la urgente necesidad de crecer a tasas chinas, para recuperar el tiempo perdido. Lo requiere toda una generación joven que carece de formación para un mundo laboral que demanda capacitación por las nuevas tecnologías y el desafío de la IA. El déficit educativo absorberá enormes recursos públicos para superarlo, con menos enjuagues políticos y mayor productividad.
Es también el reclamo de una sociedad que solicita prestaciones antes desconocidas en materia de salud, discapacidades y tercera edad. Es el pedido de quienes no tienen viviendas dignas, agua potable, ni cloacas. Es la queja de productores con campos inundados y de gobernadores con rutas destrozadas. Todo ello solo podrá satisfacerse si el país es competitivo a nivel mundial, generando divisas y empleos de calidad, más allá de los hidrocarburos, los minerales y el campo. Bajando el costo argentino, no con mayor protección ni mercados cautivos que nos alejan del mundo.
Esta la verdadera batalla, no reiterar la utopía de una política industrial para diseñar una apertura “inteligente” y digitada, como fue siempre en el pasado. En recientes declaraciones, Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción, emulando a Guido Di Tella, manifestó que la mejor política pública en ese ámbito, es su inexistencia. Sabe, como aquel, que la competitividad no se logrará negociando con factores de poder en despachos o confiterías, sino bajando los costos que, por tener dueños, saben plantarse en las calles y en el Congreso.
Son los gobernadores, los sindicalistas y la oposición dialoguista quienes tienen la llave para que la Argentina encare los cambios estructurales, se modernice, reciba capitales y cree trabajo formal. Es la batalla que nunca pudo librarse en 80 años y que esta vez, con la voluntad transformadora del voto popular, quizás se logre.
