La declaración de Víctor de Aldama ante el juez Ismael Moreno recogió que observó en repetidas ocasiones cómo el dinero que entregaba a Koldo García era repartido junto a José Luis Ábalos. Esa manifestación, realizada el 21 de noviembre de 2024, se suma a los elementos indagados por la Audiencia Nacional sobre el supuesto amaño de contratos públicos para material sanitario en Canarias, durante la etapa más crítica de la pandemia. La investigación ha avanzado hasta la detención de Koldo García, exasesor ministerial, quien comparece este viernes tras pasar su primera noche en prisión provisional, de acuerdo con Europa Press.
Según reportó Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que Víctor de Aldama, empresario vinculado a la adjudicataria Soluciones de Gestión, realizaba pagos mensuales de 10.000 euros en efectivo a Koldo García, los cuales, lejos de corresponderse únicamente con gestiones puntuales, buscaban asegurar una capacidad de influencia continuada dentro de los organismos públicos encargados de la contratación de mascarillas. El exasesor ministerial de Transportes, cercano a Ábalos y al que se le imputan delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho y uso de información privilegiada, se enfrenta a una posible condena que podría alcanzar hasta los 30 años de prisión.
La Audiencia Nacional, luego de recibir el informe emitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, citó tanto a García como a Aldama tras encontrar lo que el juez Leopoldo Puente calificó como “consistentes indicios” de delito. La acusación abarca no solo la trama de contratación de mascarillas, sino también otra pieza separada sobre supuestas irregularidades en licitaciones de obra pública, que podría desembocar en responsabilidades penales adicionales. Como consecuencia, el Tribunal Supremo ordenó la prisión provisional de Koldo García, considerando un riesgo “extremo” de fuga antes de que tenga lugar el juicio definitivo.
El medio Europa Press detalló que los contratos bajo sospecha se firmaron durante la gestión de Ángel Víctor Torres, entonces presidente del Gobierno de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Según el reporte, la empresa Soluciones de Gestión, que figura en el núcleo de la investigación, recibió adjudicaciones en un contexto de contratación de emergencia, en pleno auge de la crisis sanitaria. La UCO reveló que Torres mantuvo comunicación directa con García, intercambiando mensajes en los que pedía celeridad y compromiso para cerrar los acuerdos en torno a la compra de mascarillas, mientras los técnicos de la administración autonómica mantenían reservas sobre precios y calidad del producto ofrecido.
Entre las pruebas reunidas, destacan las comunicaciones intervenidas entre Antonio Olivera, viceconsejero de la Presidencia canaria en ese periodo, y Koldo García. Olivera sugería asegurar una cantidad de mascarillas ajustada a la capacidad de transporte aéreo disponible, proyectando adquisiciones de hasta dos millones de unidades por vuelo, previo a que se decidiera oficialmente la operación. Este adelanto de entregas por parte de Soluciones de Gestión se llevó a cabo antes de que se formalizara legalmente el contrato, según la información de Europa Press.
El grado de intervención de Koldo García en todo el proceso quedó registrado, ya que él mismo consultaba continuamente la disponibilidad de la administración para asumir mayor volumen de material, y se ocupó personalmente de facilitar que organismos públicos aceptaran la homologación de las mascarillas. La UCO señala que el exasesor ministerial, mediante su posición y contactos, logró involucrar en la operación a los ministerios de Transportes y Trabajo.
En la comparecencia celebrada un día antes ante el juez, Víctor de Aldama amplió detalles sobre sus relaciones institucionales. El empresario declaró que mantuvo un encuentro en un restaurante con Ángel Víctor Torres y, tras la reunión, le ofreció vía mensaje la adquisición de test anti-covid. Posteriormente, Aldama hizo referencia a las preferencias de Torres por la aerolínea Plus Ultra para el transporte del material sanitario, en lugar de Air Europa, alineado con las supuestas presiones ejercidas por José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno estatal, para favorecer el rescate de la primera compañía aérea.
La intervención de Aldama también aportó que los pagos entregados a García —10.000 euros mensuales, según la investigación— actuaban como una vía de acceso institucional, facilitando contactos y oportunidades de negocio en distintas regiones, incluida Canarias. De acuerdo con las informaciones recabadas por Europa Press, Aldama describió la existencia de una estrategia para conseguir homologaciones rápidas del material y abrir puertas en diferentes niveles de la administración.
Aldama agregó en su declaración que ministros como Fernando Grande-Marlaska, titular del Interior, y Salvador Illa, entonces responsable de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, estaban informados de una reunión con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, ocurrida con ocasión de su visita a España en enero de 2020.
El informe de la UCO, citado extensamente por Europa Press, indica que la intervención de Koldo García resultó esencial para la validación y certificación del material adquirido durante la pandemia y para coordinar las gestiones entre los organismos públicos implicados a pesar de las dudas expresadas por los técnicos de la administración canaria. Los investigadores consideraron que el vínculo entre el exasesor ministerial y la empresa Soluciones de Gestión canalizó la adjudicación de contratos de emergencia en un proceso donde la intermediación se producía antes de la conclusión definitiva de los procedimientos administrativos.
Según lo publicado por Europa Press, el operativo judicial iniciado a raíz de estas investigaciones constituye uno de los mayores procesos surgidos en España sobre contrataciones de material sanitario motivadas por la pandemia. Las medidas adoptadas por el juez Moreno y el seguimiento minucioso de los contratos firmados por el Ejecutivo canario sitúan a Koldo García y José Luis Ábalos en el centro de un entramado que ha derivado en su ingreso en la prisión de Soto del Real, junto a la vigilancia continuada sobre otros responsables políticos y empresariales. El desarrollo del juicio previsto para los próximos meses mantiene la atención pública sobre el avance de la causa y las eventuales repercusiones administrativas y penales que puedan desprenderse del caso.
