El diputado Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y representante de Compromís, ha demandado explicaciones al Gobierno acerca del presupuesto destinado a la reciente campaña publicitaria del Ministerio de Vivienda llamada «Ahora, decide el barrio». Al presentar una serie de preguntas en la Cámara Baja, Ibáñez también buscó saber si el Ejecutivo planea aplicar acciones concretas dentro de sus competencias para frenar el desplazamiento de residentes provocado por la acción de grandes propietarios y fondos de inversión. Las críticas de Ibáñez surgen luego de que el Congreso de los Diputados rechazara tramitar una ley impulsada por Sumar que pretendía prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas y fondos de inversión pudieran comprar viviendas, asunto que, según este grupo parlamentario, afecta directamente a la crisis habitacional que enfrenta España.
Según consignó Europa Press, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) optó por abstenerse en la votación parlamentaria sobre la reforma propuesta por Sumar. Dicha reforma buscaba limitar la capacidad de grandes inversores para adquirir viviendas. Finalmente, la iniciativa fue rechazada por el voto en contra de Partido Popular (PP), Vox, Junts, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria, impidiendo su admisión a trámite. La postura adoptada por el Partido Socialista motivó airadas reacciones en Sumar, cuyo portavoz de Vivienda acusó a los socialistas de alinearse «con los fondos buitre y los especuladores». Ibáñez sostuvo en declaraciones recogidas por Europa Press que «las derechas y la abstención del Grupo Socialista han vetado el debate de terminar con una de las causas que a más gente echa de sus barrios».
El contexto del debate gira en torno al creciente problema del acceso a una vivienda en España y la percepción de que la intervención de fondos de inversión y grandes propietarios contribuye al aumento de precios y a la expulsión de residentes de barrios tradicionales. El medio Europa Press detalló que la iniciativa de Sumar pretendía modificar el actual marco legal para impedir que actores institucionales y corporativos expandieran sus carteras inmobiliarias en detrimento de los particulares que buscan adquirir una vivienda para uso propio.
El rechazo a la reforma desencadenó una confrontación política. De acuerdo con Europa Press, Ibáñez señaló la responsabilidad del PSOE en el resultado por no sumarse a la iniciativa legislativa y aludió a la existencia de una voluntad política insuficiente para abordar las causas profundas de la crisis habitacional. El diputado de Sumar subrayó que la abstención socialista, sumada a los votos en contra de formaciones de la oposición, privó al Congreso de un debate sobre medidas estructurales que podrían limitar la presencia de grandes inversores en el mercado residencial español.
En el marco de sus críticas, el portavoz de Sumar también apuntó contra la última campaña del Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez. Según informó Europa Press, Ibáñez calificó dicha campaña de provocación, señalando que, si bien expone nuevas normativas para restringir el alquiler vacacional en edificios residenciales, no constituye una respuesta suficiente al fenómeno de la especulación inmobiliaria. La campaña, titulada «Ahora, decide el barrio», ha motivado a Ibáñez a solicitar transparencia respecto al gasto público involucrado y cuestionar la prioridad de este tipo de acciones frente a la necesidad, según su agrupación, de aplicar regulaciones más contundentes que frenen la expulsión de vecinos por parte de multipropietarios y fondos de inversión.
Sumar ha expresado reiteradamente, según consignó Europa Press, la urgencia de aprobar medidas que dificulten la acumulación de viviendas por parte de actores que, en su opinión, tienen como objetivo principal la rentabilidad económica antes que el acceso social a la vivienda. Con el resultado de la votación en el Congreso, este grupo parlamentario considera que la posibilidad de abrir un debate nacional sobre la raíz del problema habitacional ha quedado bloqueada por la alineación de fuerzas dentro del hemiciclo.
La votación negativa, de acuerdo con los datos reportados por Europa Press, refleja las divisiones existentes dentro del bloque progresista respecto a la intervención en el mercado inmobiliario. El PSOE, al abstenerse, se distanció de las propuestas maximalistas de Sumar, mientras que los partidos de la oposición votaron en contra de la admisión a trámite de la ley. Este escenario llevó a Sumar a reforzar críticas sobre la supuesta falta de voluntad del Partido Socialista para actuar contra lo que consideran el avance de la especulación por parte de grandes inversores.
