En el contexto de la reciente saturación de recursos y los bloqueos en la zona fronteriza entre Tacna y Arica, el Ejecutivo de Perú informó que toda acción en la frontera se ajustará al respeto del derecho humanitario, en coordinación directa con entidades internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Según informó el medio original, esta decisión se suma a la implementación inmediata de un comité binacional de cooperación migratoria entre Perú y Chile, establecido tras declarar el estado de emergencia en la región de Tacna debido al colapso de la infraestructura nacional de acogida migratoria.
De acuerdo con el medio citado, el canciller peruano Hugo de Zela explicó que la declaratoria de emergencia en Tacna representa la primera etapa de un plan más amplio, cuya aplicación podría extenderse a otras áreas fronterizas en caso de mantenerse el actual flujo migratorio. La medidas adoptadas derivan, señaló Zela, de la incapacidad actual del país para albergar a más personas en tránsito, lo que ha motivado una aplicación estricta de la ley migratoria vigente. En este contexto, ambos gobiernos nacionales acordaron crear el Comité Binacional de Cooperación Migratoria, que entrará en operaciones a partir del lunes siguiente al anuncio y contará con equipos técnicos provenientes de los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior de Perú y Chile.
El medio fuente describió que el objetivo central del comité es gestionar de forma cooperativa los crecientes movimientos transfronterizos entre ambas naciones, prestar atención a las consecuencias humanitarias para los migrantes varados o en desplazamiento, y consolidar los dispositivos de control y seguridad en la frontera frente al reciente repunte del tránsito irregular. Esta respuesta institucional surge luego de incidentes recientes en los que decenas de camiones de carga resultaron bloqueados cerca de la frontera, al quedar atrapados por el cierre de la carretera generado por más de 100 personas que buscaban reingresar a Perú o continuar viaje hacia sus países de origen, ante restricciones impuestas por las autoridades chilenas.
Según consignó el medio de origen, la mayoría de los migrantes en esta situación provienen de Venezuela y se enfrenta al requisito de visa para ingresar a territorio peruano, una disposición que, junto a los recientes ajustes en la política migratoria chilena, ha incrementado la presión sobre el paso fronterizo. Las limitaciones provocaron una respuesta del Ejecutivo encabezado por el presidente José Jerí, quien autorizó reforzar la presencia militar y policial en la zona, decisión tomada en paralelo a la declaración de emergencia y orientada a fortalecer la capacidad operativa en el control fronterizo, reportó el medio.
El presidente José Jerí manifestó que el estado de emergencia en la frontera incluiría la aprobación, publicación y entrada en vigor de las nuevas normativas durante la misma jornada de su anuncio. El Consejo de Ministros de Perú realizó una sesión extraordinaria para tratar y ratificar la declaración, según puntualizó el ministro de Exteriores. El escenario actual exhibe una tensión creciente debido no solo al aumento de los flujos migratorios, sino también a la incertidumbre política asociada a las elecciones chilenas, ya que la candidatura de José Antonio Kast, del Partido Republicano, incorpora propuestas de cierre de fronteras y expulsión de migrantes en situación irregular, medidas que podrían modificar las condiciones de movilidad y permanencia en la zona fronteriza si Kast llegase a la presidencia.
La cobertura del medio original subrayó que, en los días recientes, los bloqueos en Tacna provocaron retrasos y complicaciones para los transportistas y agregaron presión sobre los agentes de seguridad destacados en la frontera. Paralelamente, la presencia de migrantes intentando acceder a Perú sin la documentación requerida motivó la actualización de los protocolos de control y la intensificación de los controles en la zona, tanto a nivel policial como militar.
El gobierno comunicó que las actuaciones se llevarán adelante respetando el marco del derecho internacional humanitario y con diálogo continuo junto a organismos multilaterales como ACNUR y OIM, con la finalidad de evitar posibles vulneraciones a los derechos de la población migrante. La formación de equipos multidisciplinarios integrados por representantes de las cancillerías y ministerios del Interior de ambos países pretende articular una respuesta conjunta no solo frente a los desafíos logísticos del tránsito transfronterizo, sino también en aspectos humanitarios, detalló la fuente.
El reporte resaltó que, según el Ejecutivo peruano, el país experimenta un desbordamiento en su capacidad de atención a la población migrante, condición que llevó a endurecer las políticas y que impulsa nuevas formas de cooperación internacional. El ministro de Exteriores enfatizó en un comunicado la intención de mantener el diálogo y la coordinación con organizaciones internacionales, al tiempo que se busca garantizar el orden y el respeto a las normativas nacionales.
La información publicada también expresó la preocupación de que, tras la segunda vuelta de las elecciones chilenas, el panorama podría complejizarse. Según se analizó en el reportaje, una eventual victoria de Kast y la aplicación de políticas más estrictas en materia migratoria plantearían nuevos desafíos tanto para la movilidad regional como para las autoridades peruanas, que se verían obligadas a reforzar las medidas de control y actualización de protocolos en los pasos fronterizos del sur.
El incremento de los controles militares y policiales en la zona no solo impacta a quienes transitan entre ambos países en situación migratoria irregular, sino también a los transportistas y habitantes locales de la frontera. Según la cobertura del medio fuente, la tendencia indica que el fenómeno migratorio continuará generando presión sobre la infraestructura y las políticas de seguridad, condicionando la vida diaria y las relaciones bilaterales a ambos lados del límite internacional.
Según insistió el gobierno peruano, cualquier restricción implementada buscará no detractar los derechos fundamentales de los migrantes, lo cual ha sido comunicado formalmente tanto a las agencias de Naciones Unidas como a los organismos regionales de migraciones, como concluyó la fuente consultada.
