El derecho significa la facultad de hacer o no hacer algo que no invada el del prójimo, y las relaciones laborales son especialmente importantes pues de allí resultan paridas vinculaciones cruciales.
Es frecuente escuchar la parla sobre derechos del trabajador circunscripto a obreros, peones, empleados en relación de dependencia o equivalentes. Pues eso constituye una primera sandez mayúscula, es una redundancia pero conviene reafirmar que trabajadores son todos los que trabajan, limitarlo a algunos y, por ejemplo, excluir a los comerciantes y empresarios en la práctica adhiere a la teoría marxista de la explotación donde unos trabajan y otros les succionan la sangre. De más está decir que en este contexto es necesario subrayar que no es empresario ni comerciante aquel que opera atado al poder de turno sobre la base de privilegios y mercados cautivos. Ellos son barones feudales o asaltantes de guante blanco. El genuino empresario es aquel que para mejorar su patrimonio debe atender las necesidades y demandas de sus congéneres; así, quienes aciertan obtienen ganancias y quienes yerran incurren en pérdidas.
Segunda sandez: se habla de derechos sociales que significan vulnerar derechos de terceros. Como bien ha explicado el premio Nobel en economía Friedrich Hayek, “el uso del adjetivo social frente a cualquier sustantivo convierte el concepto en su antónimo”, eso ocurre con el llamado constitucionalismo social que implica el abandono de preceptos constitucionales de limitación del poder, justicia social que se traduce en sacarles a unos el fruto de sus trabajos para coactivamente entregarlos a quienes no les pertenece el producto, el igualitarismo social que significa una guillotina horizontal que condena a la pobreza, y así sucesivamente.
Lamentablemente, de muchas facultades de derecho no egresan defensores del andamiaje jurídico que apunta al respeto irrestricto de espacios privados, sino memorizadores de numeración de leyes, párrafos e incisos, que desconocen los mojones y puntos de referencia extramuros de la norma positiva. Esto es, suscriben el más crudo positivismo dejando de lado las propiedades y los atributos naturales del ser humano, con la absurda pretensión que no puede haber leyes injustas, aberración que en los hechos fue abandonada en los juicios de Nuremberg que desarmaron el entramado legislativo de los criminales nazis. Lo mismo va para la atrabiliaria noción del “abuso del derecho” una grosera logomaquia, puesto que un mismo acto no puede al mismo tiempo ser conforme y contrario al derecho. También es del caso destacar que la igualdad ante la ley es inescindible de la Justicia como “dar a cada uno lo suyo”, y lo suyo remite a la propiedad privada, puesto que no se trata de ser iguales ante la ley para ir a un campo de concentración.
En nuestro medio se ha repetido hasta el cansancio durante buena parte de nuestra historia reciente que había que intervenir en las relaciones expresadas en el mercado laboral e imponer “conquistas sociales” como por ejemplo el establecimiento de un salario mínimo, una de las ideas tomadas de la Carta del Lavoro de Mussolini junto con la agremiación obligatoria.
Los salarios e ingresos en términos reales son consecuencia inexorable de las tasas de capitalización, es decir, de herramientas, equipos, instalaciones, maquinarias y conocimiento relevante que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Esa es la diferencia entre los salarios de Uganda y Alemania, no se trata de climas, etnias ni de recursos naturales: son exclusivamente el resultado de marcos institucionales que garantizan derechos. Japón es un cascote donde es habitable solo el veinte por ciento, mientras que el continente africano reúne buena parte de los recursos naturales del planeta y sin embargo la mayoría de sus países se debaten en la miseria más espeluznante.
Los ingresos no son entonces consecuencia de voluntarismos ni de decretos trasnochados; como queda dicho, resultan del volumen de inversiones. Si los salarios de mercado son quinientos y se establece un salario mínimo de setecientos se producirá desempleo de los que más necesitan trabajar. El gerente general, de finanzas, administración y otros no serán afectados a menos que el salario mínimo supere sus honorarios en cuyo caso ellos se quedarán sin empleo. Lo dicho sin perjuicio de los fenomenales negociados en juicios laborales, también debidos a legislaciones estrafalarias en cuanto a despidos.
A veces se argumenta que reformas laborales civilizadas que vuelvan a cauces razonables son para que los que hoy se desenvuelven en negro porque han sido expulsados del blanco por leyes expropiatorias, deban regularizarse “para aportar al sistema jubilatorio”, como se fueran parte de un rebaño o carne de cañón que hay que usar para incrementar aportes a un sistema de reparto quebrado, en lugar de apuntar a reformas de fondo al efecto de revertir un mecanismo perverso que no necesita de actuarios o expertos en finanzas para percatarse del desatino.
La reforma laboral es para liberar a todos los que trabajan para que puedan encaminarse al cuidado de los derechos de cada uno y no ser sometidos a la burocracia política y sindical. En realidad, los llamados agentes de retención son una manifiesta inmoralidad, no debiera haber diferencia entre salario bruto y neto, a nadie debiera retenerse el fruto de su trabajo con la malsana idea de que si el empleado pudiera disponer de su salario en su integridad lo encaminaría de un modo distinto al que pretenden sindicalistas autoritarios y políticos descarriados.
También se ha insistido en que deben introducirse reparos al progreso tecnológico pues, según este criterio, tambíen conspirarían contra los puestos de trabajo. Esto se reitera sin tener en cuenta que en verdad los avances de la tecnología liberan trabajo para atender otras necesidades. Esto ocurríó con el hombre de la barra de hielo cuando se introdujo el refrigerador, con el fogonero de las locomotoras al irrumpir las máquinas Diesel y más modernamente con los carteros cuando apareció el email o los valijeros cuando se colocaron rueditas a las valijas etc. Las necesidades son ilimitadas y los recursos limitados, cuando se introducen mejoras en la productividad se libera trabajo para atender otras demandas y los empresarios siempre deseosos de encontrar nuevos arbitrajes son los primeros interesados en capacitaciones para nuevos destinos.
Por su parte, los sindicatos como asociaciones libres y voluntarias son necesarios para los fines que consideren pertinentes los afiliados voluntarios, lo que no es aceptable son los matones que imponen agremiaciones, unicatos y aportes que fuercen a conductas distintas de lo que las personas prefieren. El derecho a no trabajar es la contrapartida del derecho a hacerlo, pero lo que no es justificable es la obligación de adherir a huelgas bajo amenazas de ejercer violencias de distinta índole.
En otros términos, durante décadas nuestro país ha sido sometido a legislaciones autoritarias que han atentado contra los derechos más elementales de todos los que trabajan lo cual naturalmente condujo a empobrecimientos a escala exponencial. Ahora estamos frente a propuestas laborales que pretenden abandonar legislaciones fascistas siempre empobrecedoras para todos pero muy especialmente para los más necesitados.
El autor completó dos doctorados, es docente y miembro de tres academias nacionales
