El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, ha señalado que una serie de grabaciones recientemente divulgadas ofrecen pruebas de la existencia de una asociación ilícita dentro del proceso electoral del país. Según informó el medio Europa Press, estas grabaciones, que involucran a la representante del Partido Nacional en el Consejo Nacional Electoral, Cossette López, al jefe de bancada Tommy Zambrano y a un miembro no identificado de las Fuerzas Armadas, reflejan supuestos planes para manipular los resultados de las elecciones generales que se celebran este domingo bajo un estado de excepción.
De acuerdo con Europa Press, durante la campaña electoral se han intensificado las acusaciones de fraude cruzadas entre los principales candidatos, lo que ha incrementado la tensión social y política en un país históricamente afectado por la corrupción y el narcotráfico. Más de seis millones de personas dentro de Honduras y aproximadamente 500.000 ciudadanos registrados en el extranjero están convocados a las urnas para definir la presidencia, la composición del Congreso, unas trescientas alcaldías y los veinte escaños destinados a Honduras en el Parlamento Centroamericano.
El contexto electoral está marcado por el despliegue de las Fuerzas Armadas, encargadas de la custodia del material electoral antes, durante y después de la jornada. Esta decisión gubernamental ha recibido críticas de opositores y observadores internacionales, quienes advierten sobre el posible impacto en la legitimidad del proceso. Organismos como la Organización de Estados Americanos y la misión de observación electoral de la Unión Europea han expresado su preocupación respecto al riesgo de que los candidatos no reconozcan los resultados, lo que podría derivar en una crisis de gobernabilidad.
El oficialismo, según reportó Europa Press, sostiene que los audios divulgados evidencian una tentativa real de manipulación, mientras que sectores de la oposición alegan que estos materiales han sido alterados con fines de desprestigio político. Las acusaciones de fraude han dominado los 45 días de una campaña caracterizada también por agresiones personales y enfrentamientos entre los tres principales aspirantes a la presidencia.
Durante la última semana, vigente el periodo de silencio electoral como exige la legislación, la campaña experimentó un giro tras la intervención inesperada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien instó públicamente a los electores a apoyar al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura. En una declaración reproducida por Europa Press, Trump afirmó: “Si ‘Tito’ Asfura gana la Presidencia de Honduras, debido a la gran confianza que Estados Unidos tiene en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño, lo apoyaremos firmemente. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a cualquier país, sea cual sea.” Además, Trump ofreció el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández —condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico— condicionando de nuevo la ayuda de Washington a la victoria de su candidato preferido.
En cuanto a los aspirantes con posibilidades reales de alcanzar la jefatura del Estado, Europa Press identificó tres nombres en disputa. Nasry Asfura, empresario y exalcalde de Tegucigalpa —conocido como ‘papi a la orden’—, se presenta por segunda vez, centrando su campaña en la gestión municipal que desempeñó entre 2014 y 2022, una etapa marcada por proyectos de infraestructura para solucionar el tráfico en la capital. Sin embargo, su trayectoria también se ha visto afectada por denuncias de malversación y su presencia en el listado de los Papeles de Pandora, debido a la supuesta utilización de empresas en paraísos fiscales.
La candidata del oficialismo, Rixi Moncada, abogada y exministra de Defensa, representa la continuidad del actual Gobierno liderado por Libre, formación dirigida hasta ahora por Xiomara Castro, primera mujer presidenta del país tras ganar en 2021 con mayoría absoluta. La gestión de Castro buscó revertir el estigma de narcoestado que afectó a Honduras bajo el mandato de Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado a Estados Unidos y cumple condena por tráfico de drogas. Europa Press destacó que, en estos cuatro años, la situación económica mejoró, descendieron la inflación y la pobreza, y se redujeron los índices de homicidios. No obstante, Honduras todavía exhibe elevados niveles de violencia, situación enfrentada mediante la instauración desde diciembre de 2022 de un estado de excepción similar al aplicado en El Salvador, lo que ha motivado críticas de organismos de derechos humanos. La candidatura de Moncada también ha recibido acusaciones de nepotismo y corrupción, y sus vínculos con gobiernos de Cuba y Venezuela han sido cuestionados.
El tercer contendiente es Salvador Nasralla, figura conocida por su carrera televisiva y por postularse nuevamente, esta vez apoyado por el Partido Liberal tras un acuerdo descrito por Europa Press como más pragmático que ideológico. Nasralla ha prometido poner fin en cuatro años a los problemas estructurales que Honduras no ha resuelto en dos siglos, tomando como modelos a Javier Milei en materia económica y a Nayib Bukele en políticas de seguridad. Durante la campaña ha buscado convencer a los votantes de la utilidad estratégica de apoyar su candidatura para desplazar al partido oficialista y ha intentado distanciarse de las etiquetas asociadas al Partido Liberal.
Las encuestas locales, recogidas por Europa Press, muestran una competencia cerrada entre los principales candidatos, aunque le otorgan cierto margen de ventaja a Nasralla, cuyos detractores lo acusan de prácticas autoritarias y discursos considerados demagógicos. La incertidumbre acerca del resultado final se ha visto acompañada por la posibilidad de impugnaciones o rechazo de los resultados, lo que podría agravar la tensión en un clima político ya marcado por la falta de confianza en las instituciones debido al historial de alternancia en el poder entre los mismos partidos y la persistente influencia del narcotráfico.
El nuevo gobierno que emerja de este proceso electoral, según detalló Europa Press, enfrenta el desafío de abordar profundas deficiencias estructurales. Los altos índices de pobreza, la fragilidad institucional y la persistencia de redes criminales constituyen obstáculos para la recuperación nacional. El papel del Congreso, las municipalidades y la representación en el Parlamento Centroamericano será igualmente relevante en la determinación de las futuras políticas públicas, en un momento donde la participación ciudadana y la vigilancia internacional estarán enfocadas en la transparencia y legitimidad del proceso.
