El porcentaje de personas con una valoración inferior al 33% de discapacidad ha aumentado del 33% al 40% desde la entrada en vigor del nuevo baremo, en abril de 2023, según un estudio de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), presentado este lunes en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este 3 de diciembre.
Así lo refleja el informe parcial ‘Evaluación participativa del Nuevo Baremo de la Discapacidad: hacia una inclusión más eficaz’, que analiza el proceso de aplicación del Real Decreto 888/2022, vigente desde abril de 2023. La campaña de difusión del documento está financiada a través de las subvenciones de la convocatoria del 0,7% del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
El estudio, basado en más de mil testimonios de personas con discapacidad, familiares y personal técnico de entidades, pone de manifiesto que «persisten graves problemas estructurales que afectan a la calidad, la consistencia y la correcta aplicación de la normativa».
«El nuevo sistema no está cumpliendo su promesa de objetividad. Seguimos viendo cómo las personas con discapacidad física y orgánica reciben valoraciones más bajas y resoluciones que no reflejan su realidad cotidiana. El baremo no puede ser una herramienta para recortar derechos, sino un instrumento para reconocerlos plenamente», ha denunciado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.
Según el informe, casi la mitad (48%) de las personas valoradas con el baremo espera más de un año, con especial incidencia en Galicia y Andalucía, donde los retrasos han aumentado entre 18 y 23 puntos porcentuales en comparación con los datos correspondientes al anterior baremo, es decir, antes del 2023.
COCEMFE alerta además de «importantes desigualdades territoriales» en la aplicación del baremo. Por ejemplo, revela que en la Comunidad Valenciana, menos de la mitad de las citas fueron presenciales, y hasta el 45% se resolvieron únicamente mediante informe facultativo, sin valoración directa, lo que genera «desconfianza y percepciones de injusticia», según la confederación.
El estudio también refleja que las resoluciones definitivas han descendido del 79% al 69%, lo que indica un mayor número de expedientes sujetos a revisión, generando «incertidumbre e insatisfacción» entre las personas valoradas.
El informe evidencia asimismo que el 68% de las personas percibe que el equipo valorador no tiene conocimiento suficiente de su discapacidad, especialmente en patologías orgánicas o poco visibles, y el 77% considera que no se tienen en cuenta las comorbilidades, lo que demuestra un déficit estructural en la formación de los equipos.
Además, muestra que el 11% de las reclamaciones logra un incremento del grado reconocido, mientras que las reducciones de grado aumentan del 6% al 13% lo que podría desincentivar el uso de este mecanismo por percibirse como «sistema penalizador».
En esta línea, el 59% de las personas se declara totalmente inconforme con el proceso de reclamación, debido a «su lentitud, falta de respuesta o resoluciones genéricas» que no atienden los argumentos presentados.
«El nuevo procedimiento debería proteger mejor los derechos de las personas, pero lo que vemos es frustración, indefensión y desconfianza», ha insistido Queiruga.
Según COCEMFE, antes del 20 de abril de 2023, el 67% de las personas se mostraban algo o totalmente inconformes con la valoración, mientras que después de esa fecha este porcentaje ha aumentado hasta el 74%. En concreto, la proporción de personas totalmente inconformes crece del 32% al 46%.
Ante esta situación, COCEMFE reclama la «adopción urgente» de medidas que garanticen una «aplicación objetiva y homogénea» del baremo de discapacidad.
Entre otras demandas, pide que se cumpla la ley, reduciendo a un máximo de seis meses el tiempo desde la solicitud hasta que la persona es notificada con su correspondiente grado de discapacidad; reforzar los equipos de valoración con profesionales formados en discapacidades físicas y orgánicas; homogeneizar los criterios entre comunidades autónomas y garantizar la presencialidad y calidad de las valoraciones, limitando las resoluciones basadas únicamente en informes facultativos.
