Durante una jornada dedicada al análisis de la violencia vicaria organizada en Atarfe, Granada, el debate giró en parte sobre el impacto de las reformas en las líneas de atención telefónica en Andalucía. Según detalló el medio Europa Press, la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, manifestó una fuerte crítica hacia el gobierno andaluz por mantener la denominación “teléfono de violencia intrafamiliar” en lugar de “teléfono contra la violencia de género”. El motivo de su preocupación, explicó Montero, radica en que cambiar el término podría minimizar el reconocimiento específico de la violencia machista y restar visibilidad a las víctimas. La representante socialista subrayó que la forma en que se nombra el problema no es indiferente y solicitó al presidente andaluz, Juanma Moreno, una rectificación de la medida, acordada en una legislatura previa con Vox.
De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Montero relacionó la decisión del gobierno andaluz con una “frivolización” y “relajación del lenguaje” sobre la violencia contra las mujeres. En sus palabras, “llamar a las cosas por su nombre significa identificarlas, reconocerlas, trasladar su especificidad y, por tanto, exigir medidas públicas”. La vicepresidenta insistió en que una denominación imprecisa diluye la magnitud del fenómeno de la violencia de género y debilita las respuestas institucionales que se puedan articular para combatirlo. Además, ligó el cambio de denominación del teléfono de atención a un contexto donde, según sus declaraciones, existe cierta “relajación” y una mercantilización de los derechos de las mujeres.
Durante la misma jornada, Montero sostuvo que el feminismo constituye una seña de identidad indisoluble del PSOE. Aseguró que el partido mantendrá su compromiso en la consecución de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, más allá de los discursos formales. Defendió que el feminismo no figura como un elemento accesorio en la agenda política socialista, sino como uno de los pilares de sus principios y acciones.
Antes de la intervención de Montero, el delegado del Gobierno en Andalucía y secretario general del PSOE en Granada, Pedro Fernández, detalló los avances logrados contra la violencia de género durante distintos gobiernos socialistas. Fernández contrastó estos progresos con lo que calificó como una gestión “ambigua” por parte de la Junta de Andalucía, a la que acusó de no defender la igualdad de forma explícita y de reducir progresivamente el apoyo financiero a organizaciones que respaldan a mujeres víctimas de violencia de género, según consignó Europa Press.
El evento incluyó un minuto de silencio en memoria de las dos mujeres que recientemente perdieron la vida en Rincón de la Victoria y Campillos, Málaga, por casos de violencia machista. A continuación, se llevó a cabo una mesa redonda moderada por Olga Manzano, secretaria de Igualdad del PSOE-A, centrada en el fenómeno de la violencia vicaria. En la mesa participaron distintas voces del ámbito académico, profesional y social, entre ellas Dolores Rubio Prats, presidenta de la Asociación Psicología Feminista; Samuel Sebastián, cineasta y activista, y Paula Reyes Cano, doctora en Ciencias Jurídicas y especialista en violencia de género en la infancia y la adolescencia.
Según reportó Europa Press, uno de los puntos abordados fue la situación jurídica de la custodia de menores en casos de violencia familiar. Se mencionó que el marco legal actual aún no contempla la prohibición categórica de atribuir la custodia individual a padres con historial de agresiones. El caso de Ruth Ortiz, madre de los niños Ruth y José, asesinados por su padre en 2011, permaneció como referencia constante durante la discusión, ilustrando el alcance y la gravedad de la violencia vicaria.
En el mismo sentido, los participantes debatieron sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas sobre violencia vicaria aprobado recientemente en Consejo de Ministros. Montero indicó que para que la normativa avance es esencial que la sociedad contribuya a visibilizar situaciones no reconocidas previamente por el ordenamiento jurídico y priorizó la protección de los menores, quienes a menudo se ven doblemente afectados como víctimas directas e indirectas del daño infligido a sus madres.
Según publicó Europa Press, Montero sostuvo que la existencia de controversia al inicio de las leyes innovadoras no constituye un obstáculo, sino que es inherente a iniciativas que modifican el statu quo. Recalcó la exigencia de gestionar correctamente el debate público para asegurar un equilibrio entre la protección de derechos y las garantías de seguridad, y rechazó cualquier intento de manipular el debate para equiparar a los padres maltratadores con los progenitores responsables. “Se está defendiendo a los buenos padres y estamos diciendo que los maltratadores no pueden ser buenos padres”, expuso Montero durante su intervención.
Al ser consultada sobre medidas de protección a menores víctimas de violencia vicaria, Montero adelantó que, si accede a la presidencia de la Junta de Andalucía, incorporará el servicio de psicología al sistema público de salud. El objetivo, explicó, es garantizar que niños y niñas afectados reciban acompañamiento profesional de inmediato, sin depender de la situación económica de sus familias. Manifestó que la máxima prioridad recae sobre la atención temprana a los menores, para evitar que las consecuencias psicológicas de la violencia comprometan su desarrollo personal.
Por último, la vicepresidenta del Gobierno insistió en la necesidad de políticas de igualdad que modifiquen las bases de la desigualdad estructural y no se conviertan en simples gestos. Llamó a crear equipos coordinados entre el sistema sanitario, el sector educativo y el ámbito judicial para asegurar diagnósticos adecuados y la correcta aplicación de tratamientos. Montero concluyó que el abordaje integral busca prevenir que las consecuencias de la violencia perpetúen ciclos de daño en las futuras generaciones, remarcando la importancia de medidas tanto inmediatas como estructurales, según lo reportó Europa Press.
