Respetar y hacer respetar las resoluciones de la Justicia son premisas básicas para la convivencia democrática, algo que, aunque obvio, los propios funcionarios deberían más que nadie acatar. Una orden judicial prohibió la instalación de una sala de bingo en Ingeniero Maschwitz, municipio de Escobar, pero el cuestionado intendente Ariel Sujarchuk no se habría dado por enterado.
La jueza Mónica Ayerbe frenó el traslado del bingo de Ramallo a Escobar argumentando que se había hecho de forma irregular, sin estudios ambientales y de manera exprés. Así, la magistrada garantizó la medida cautelar e impidió cualquier avance. Como era de esperar, el municipio apeló la medida y fue a la Justicia. Los jueces Damián Nicolas Cebey y Marcelo José Scheringer, de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, ratificaron todo lo actuado por la jueza.
Gracias también al trabajo vecinal, la ordenanza que habilitaba la construcción del bingo de unos 10 mil metros cuadrados fue derogada unánimemente por el Concejo Deliberante.
Sin embargo, a lo largo de este año próximo a terminar, el obstinado jefe comunal siguió haciendo todo lo que estuvo a su alcance para instalar la casa de apuestas en cercanías de una escuela y de un centro de recuperación de adicciones, en una zona clasificada como residencial.
Hacer cambiar la zonificación, pasando de residencial a comercial, asomaba como una “creativa” alternativa para burlar lo dispuesto. Con el apoyo del concejal Leandro Goroyesky (Pro), Sujarchuk presentó un nuevo Plan Estratégico Territorial (PET) al Concejo Deliberante.
La cuestión de la zonificación era argumentalmente la utilizada por los vecinos, pero lo cierto es que la ausencia de estudios de impacto ambiental y del imprescindible debate comunal con audiencias públicas reforzaban la posición opositora. La Asociación de Vecinos Ruta 26 presentó ante el Concejo un escrito anticipando que el perfil residencial desaparecería en pos de un corredor comercial continuo, amenazando la arboleda y saturando el tránsito. Rezonificar parcelas clave en Ruta 26 para que pasen de ser residenciales a “Corredor de Colectora CC” habilita “Servicios recreativos y centros de diversión de gran escala”, que era justamente el paraguas legal que necesitaba el proyecto del bingo para volver a presentarse.
A todo esto, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dictó una precautelar en otra causa ambiental, cuestionado el modelo de rezonificación de la Ruta 26 y ordenó al municipio abstenerse de avanzar con obras en parcelas sensibles.
Ante la inminente renovación de mandatos en el Concejo Deliberante, urgía apurar la votación del nuevo PET, ya aprobado en comisión. El 28 de noviembre pasado, ante la presión vecinal, el Concejo derogó finalmente la ordenanza y puso un punto final a la cuestión.
El municipio no puede ignorar las leyes provinciales pretendiendo modificar el uso del suelo en zonas sensibles, mucho menos bajo las ridículas promesas de que el bingo traerá inversión y empleo. Nada decían de las nefastas consecuencias de acercar el juego a más personas, muchas de las cuales caerán irremediablemente en una peligrosa adicción. Se trata de millonarios negocios con claras ramificaciones en el poder político y económico, verdaderas máquinas de lavado y de financiamiento de la política capaces de destruir familias enteras. Mientras Sujarchuk se desvive por sus jugosos caprichos, a cinco cuadras del centro no hay cloacas y los reclamados asfaltos brillan por su ausencia.
