El instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha reclamado a Acciona que le envíe un disco duro con información que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se llevó de los registros efectuados el pasado noviembre por los presuntos amaños de obra pública con los que se habría favorecido a la constructora, pero a la que no puede acceder por problemas técnicos.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado explica que el pasado 13 de noviembre dio orden de registrar la sede de Acciona en Madrid para «la aprehensión e intervención de cuantos efectos electrónicos, telemáticos o informáticos» pertenecieran a los directivos Tomás Olarte y Manuel García Alconchel, así como de descargar «comunicaciones privadas» relacionadas con ellos, lo que incluía incautar sus teléfonos y equipos informáticos.
Puente detalla que durante el registro que se efectuó al día siguiente, «en relación con los ficheros ofimáticos y correos electrónicos de las personas referidas, así como de los distintos archivos que se hubieran podido alojar en el servidor, se acordó realizar la recopilación en remoto de los mismos, por parte de la propia empresa Acciona Construcción, ubicando todos ellos en una carpeta de red independiente», denominada ‘Viernes 14’.
Sin embargo, «tras varios intentos» posteriores de acceder al contenido de esa carpeta por parte de los investigadores, solo se ha podido constatar que contiene información de dichos directivos –y de un tercero ajeno a la causa– pero no se ha podido descargar su contenido «por razones técnicas».
En consecuencia, pide a Acciona que, «haciendo uso de sus propios medios técnicos proceda a incorporar en un disco duro la totalidad de la información que se integró el día de la entrada y registro en la carpeta de red independiente», salvo la que corresponde a ese tercero ajeno al caso, para que se lo entregue a la UCO «sin dilación».
El instructor hace este requerimiento en vísperas de interrogar como investigados al ex directivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y a Olarte, por su presunta vinculación con las obras públicas que la constructora logró en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Servinabar, mercantil que se sitúa en el epicentro de la presunta trama de amaños en esas licitaciones a cambio de mordidas.
EL JUEZ INTERROGA A EX DIRECTIVOS DE ACCIONA
Pelegrini era el director de Construcción de Acciona para España hasta el pasado 16 de junio, cuando la empresa lo cesó y resolvió todos los contratos con Servinabar tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ponía en el foco varias obras adjudicadas a la UTE.
Olarte reportaba a Pelegrini como director de la zona norte, cargo del que quedó suspendido en sus funciones el pasado 18 de noviembre, cuando trascendió otro informe de la UCO centrado en las relaciones entre ambas empresas y con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
También estaba previsto que Puente interrogara este miércoles al director de la zona sur de Acciona Construcción, Manuel José García Alconchel, que también reportaba a Peligrini y quedó suspendido de sus funciones, si bien su comparecencia se ha pospuesto al 15 de diciembre.
Según consta en las pesquisas, Cerdán era dueño al 45% de Servinabar, junto a su socio y «amigo» Antxon Alonso y, posteriormente, un tercer socio (al 4%) que la Benemérita identificó como Jon Aritz Santamaría.
De acuerdo con los investigadores, la relación entre Servinabar y Acciona comenzó en 2015, a raíz del proyecto de ‘Mina Muga’ (Navarra). De hecho, la UCO no solo sitúa ahí el origen de la UTE sino de la presunta trama.
El Instituto Armado precisa en su último informe que Acciona y Servinabar firmaron ese año, a los pocos días de constituirse esta última, un acuerdo marco para «explorar futuras oportunidades de negocio» por el que la segunda mercantil se llevaría un 2%.
Ese acuerdo fue suscrito por Pelegrini, por parte de Acciona, y Alonso, en nombre de Servinabar. La UCO relata que la relación empresarial se canalizó a través de ambos pero también de Cerdán, Olarte y García Alconchel.
Acciona Construcción ha negado el pago de comisiones a ninguna de las personas señaladas en la causa judicial, indicando que se reserva el derecho a ejercer las acciones legales oportunas si de las investigaciones se desprendiera algún perjuicio directo para la compañía como consecuencia de la actuación de los investigados o de cualquier otro.
