El impacto de las operaciones armadas estadounidenses en zonas estratégicas del Caribe y el Pacífico ha generado preocupación en el Congreso y entre la opinión pública, sobre todo luego de que información divulgada por The Washington Post indicara que más de ochenta personas han muerto desde el 2 de septiembre en sucesivos ataques a embarcaciones señaladas por su presunta relación con el narcotráfico. De acuerdo con CNN y otros medios estadounidenses, el examen minucioso sobre estos episodios se intensificó tras conocerse las circunstancias de un segundo ataque ordenado esa fecha contra un bote luego de constatarse que el primer bombardeo no fue letal para la totalidad de los ocupantes. Legisladores demócratas y republicanos han solicitado explicaciones y una investigación para determinar la legalidad de estas acciones y de las órdenes impartidas a las tropas.
Según publicó CNN, el senador demócrata Mark Kelly, exoficial de la Armada de Estados Unidos, sostuvo públicamente que bajo su experiencia no habría cumplido una orden de volver a atacar una embarcación si existían indicios claros de que dicha acción rebasaba los límites legales establecidos en conflictos armados. Durante una entrevista, Kelly recordó episodios de su trayectoria militar e insistió en que aún cuando había participado en el hundimiento de buques durante su servicio, jamás consideraría lícito cumplir una instrucción contraria a la normativa sobre el uso de la fuerza en operaciones bélicas. En sus palabras transmitidas por CNN, Kelly reiteró: “No. No”, cuando fue consultado sobre si hubiese acatado una orden ilegal en esas circunstancias.
El debate cobró una dinámica aún más controversial después de que, según consignó The Washington Post, habría existido una instrucción directa del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de “matar a todos” durante la operación cuestionada del 2 de septiembre. Estas acusaciones, recogidas en reportes tanto de CNN como del propio The Washington Post, apuntaron a un posible desacato de los protocolos legales y abrirían la puerta a la calificación de esos ataques como crímenes de guerra, como advirtió el propio Mark Kelly.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, rechazó categóricamente las denuncias publicadas. En declaraciones divulgadas el viernes, Hegseth negó haber dado la orden en esos términos y calificó la publicación como “falsa, incendiaria y peyorativa”. Sostuvo, además, que la actuación de las fuerzas armadas se mantuvo dentro de la legalidad estadounidense y de la normativa internacional aplicable a operaciones en contexto de conflicto armado. También defendió el accionar de las tropas: “Estas informaciones buscan desprestigiar a nuestros sensacionales guerreros que combaten por nuestra seguridad”, puntualizó el funcionario, según la cobertura de CNN.
The Washington Post y CNN han expuesto que la serie de operaciones militares iniciada aquel 2 de septiembre marcó una escalada en los operativos contra embarcaciones identificadas como parte de rutas del narcotráfico, afectando puntos claves tanto en el Caribe como en el Pacífico. Los informes independientemente publicados subrayan el perfil polémico de estas misiones, que han resultado –según los datos disponibles– en la muerte de más de ochenta personas, la mayoría presuntamente vinculadas a organizaciones de tráfico de drogas. Las circunstancias precisas y los criterios para la selección de los objetivos de estos operativos militares son parte del objeto de la investigación legislativa abierta.
La presión en el ámbito político se elevó cuando el propio Kelly, junto a otros cinco legisladores demócratas, publicaron un video con el objetivo de recordar a los militares estadounidenses su obligación legal de rechazar cualquier instrucción que contravenga la legislación internacional. Este pronunciamiento colectivo provocó reacciones del entonces presidente Donald Trump, quien manifestó su malestar ante el mensaje difundido por los congresistas y lo consideró un intento de socavar la autoridad del Ejecutivo sobre las fuerzas armadas.
El núcleo del desencuentro público y político gira en torno a la autoridad presidencial frente al cumplimiento estricto de los protocolos militares y la observancia de los derechos fundamentales durante operaciones extraterritoriales. CNN detalló que dos senadores –Roger Wicker, del Partido Republicano, y Jack Reed, del Partido Demócrata– anunciaron el inicio de pesquisas independientes. El objetivo declarado de la investigación oficial es esclarecer si las órdenes y acciones ejecutadas por las fuerzas armadas norteamericanas entre septiembre y el presente año se ajustaron al marco jurídico vigente, tanto nacional como internacional.
La comisión parlamentaria encargada revisará la cadena de mando, las condiciones en que se ordenaron y ejecutaron los ataques, y la naturaleza de las presuntas infracciones legales que se estarían investigando. Según reportó CNN, uno de los puntos más relevantes recae en el análisis de la transparencia institucional, el control parlamentario y la salvaguardia de derechos humanos, factores que han sido señalados tanto por representantes políticos como por entidades de la sociedad civil preocupadas por los potenciales delitos internacionales.
El episodio de septiembre se ha transformado en ejemplo central del debate nacional sobre la política exterior estadounidense y su conducta militar en aguas internacionales. Las acusaciones de crímenes de guerra han reactivado la discusión acerca de la rendición de cuentas dentro del aparato militar y sobre la vigilancia institucional que debe existir en relación con la emisión y obediencia de órdenes por parte de la cadena de mando. CNN y The Washington Post continúan proporcionando información detallada sobre el avance del proceso investigativo en el Congreso y sobre las consecuencias inmediatas que la apertura de la indagatoria legislativa genera en la esfera de poder y en la opinión pública de Estados Unidos.
