De acuerdo con el relato recogido por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la víctima y su madre, que también actuaba como su agente, intentaron aclarar la situación con la discográfica tras haber realizado los ingresos a petición de sus representantes. Solo entonces la compañía discográfica les comunicó que los servicios habían sido abonados por uno de los managers por solo 29.000 euros, una cifra mucho menor a la entregada por la cantante. El medio explicó además que la discográfica les informó que el contrato alegado nunca llegó a formalizarse, por causas imputables a la pareja de representantes. Este hecho constituye el núcleo de la denuncia por apropiación indebida y estafa, según el Ministerio Público.
El ministerio fiscal, según informó el medio, atribuye a los dos acusados—que ocupaban el rol de managers de la artista—haber aprovechado la relación de confianza con la cantante y su madre para aparentar la existencia de un acuerdo con una reconocida discográfica. Bajo esta premisa, convencieron a ambas de realizar transferencias bancarias por un valor total de 75.322 euros, que supuestamente estaban destinadas a cubrir los costes de formalización de ese presunto contrato. Sin embargo, según reportó la Fiscalía, la cuenta beneficiaria no pertenecía a la discográfica sino que estaba a nombre de los propios acusados.
De acuerdo con los datos aportados por el Ministerio Público y recogidos por la prensa, los hechos estarían enmarcados como un delito de estafa agravada. En el caso concreto de uno de los imputados, la acusación fiscal incluye la agravante de reincidencia, ya que contaba con antecedentes penales por hechos similares. En consecuencia, la Fiscalía solicita para la manager una condena de dos años de prisión y una multa de 2.400 euros; para su pareja la petición asciende a cuatro años de cárcel y una multa de 3.600 euros. Además, la Fiscalía solicita que los acusados abonen de forma conjunta una indemnización de 75.322 euros a la cantante y su madre, conforme a la responsabilidad civil derivada del delito.
En cuanto a la acusación particular, ejercida por la propia artista afectada, la petición de penas se eleva: solicita para ambos cuatro años de prisión y multas de 4.500 euros, así como el pago de la misma cantidad defraudada a modo de indemnización. El proceso judicial por estos hechos quedó señalado para el miércoles 3 de diciembre a las 9:30 horas, con audiencia en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, según detalló el Tribunal Superior de Justicia regional.
Durante la investigación, según consignó la Fiscalía a los medios, se determinó que los fondos transferidos por la cantante y su representante tenían como destinatario una entidad bancaria controlada por los managers. La simulación de acuerdos contractuales, sumada a la falsa apariencia de relación con la discográfica, forman parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público para argumentar la existencia de un engaño premeditado.
Tanto la acusación particular como la fiscal insisten en que la suma entregada no se correspondió con servicios reales ni con la gestación de ningún contrato efectivo con la discográfica. El hallazgo de que la compañía musical había recibido menos de la mitad de lo pagado refuerza—según publicó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria—la tesis de la apropiación ilícita y la falsa representación por parte de los acusados.
El procedimiento judicial busca dirimir si los hechos relatados cumplen los elementos tipificados como estafa agravada, con la toma en cuenta de los antecedentes previos y de la gravedad del perjuicio económico ocasionado. El Ministerio Público y la representación de la artista reclaman la devolución íntegra del dinero defraudado como parte del resarcimiento a las víctimas.
La causa ha generado especial atención por el presunto abuso de confianza ejercido hacia la cantante y su madre, que confiaron en los managers para la negociación de contratos importantes en el inicio de la carrera musical de la artista. El juicio en la Audiencia Provincial de Cantabria permitirá a las partes exponer sus versiones y aportar testigos y pruebas sobre la existencia de los hechos atribuidos, según ha detallado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
