yo no conocemos y con la cual sé y me consta, Rafael nunca ha mantenido relación alguna».
En su escrito, González ha denunciado que ni ella ni su abogado tienen acceso al expediente del caso y que, en los diez meses de proceso, «nunca se nos ha permitido revisar las actas procesales del caso y, mucho menos, obtener una copia del expediente seguido en su contra». «Materialmente nos es imposible acceder al contenido de la sentencia, lo cual es totalmente injusto y genera una grave indefensión», ha lamentado.
En este sentido, ha acusado a las autoridades venezolanas de cometer una «grave violación de los derechos y garantías judiciales» de su esposo, después de que estas hayan defendido la supuesta confidencialidad del caso en su contra. «El proceso judicial y juicio penal que se realizó contra él ha violado flagrantemente sus Derechos Humanos y garantías establecidas en los artículos 2, 7, 9 y 14 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas», ha recalcado tras denunciar que Caracas le haya impedido designar su propio abogado y en su lugar le haya «impuesto el sistema de Defensa Pública».
«Además, ese proceso judicial ha violado el debido proceso y todos los derechos y garantías establecidos, entre otros, en los artículos 26, 44, 45, 49 y 257 de la Constitución. Es decir, ha sido un proceso inhumano, injusto, inconstitucional, ilegal, clandestino y, además, viciado de nulidad absoluta en virtud de lo establecido en el artículo 25 de la Constitución», ha agregado, antes de asegurar que seguirá «luchando por todas las vías humanitarias disponibles por la vida, la libertad, la integridad personal y los derechos de» su marido.
El excandidato presidencial venezolano ha rechazado en la misma red social la condena contra su yerno, alegando que «se trata de una decisión sin sustento jurídico, incompatible con la Constitución y utilizada como represalia política para intentar afectarme y distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio de 2024».
«Rafael y Mariana no tienen vínculo alguno con mis responsabilidades públicas. Utilizar el sistema de justicia para castigar a terceros es una práctica que confirma la confusión entre poder e impunidad que tanto daño le ha hecho al país», ha aseverado, después de afirmar que «la arbitrariedad exhibe fragilidad».
En línea con las palabras de su hija, ha defendido su «siempre firme» compromiso de trabajar por la libertad de Tudares, así como de «todos los presos políticos y de quienes permanecen en situación de desaparición forzada en Venezuela».