Donald Trump solicitó recientemente que quienes reciban indultos, conmutaciones de penas u otros documentos legales firmados automáticamente por la actual administración de Estados Unidos consideren que dichos papeles han sido revocados en su totalidad y no poseen validez jurídica. Así lo expresó el exmandatario en una publicación en la red social X, en la cual reiteró su rechazo a la legitimidad de las órdenes ejecutivas y demás actos firmados con la ayuda del autopen, una herramienta que replica la firma presidencial de Joe Biden. Según recogió la prensa, Trump aseguró que todos los instrumentos rubricados con ese método desde el inicio del mandato de Joseph R. Biden Jr. son «nulos, sin efecto y sin validez», instando a la ciudadanía a desestimar cualquier documento obtenido bajo ese procedimiento.
De acuerdo con la información difundida por los medios, esta declaración llega después de su mensaje previo emitido el viernes, donde ya cuestionaba públicamente los documentos firmados por Biden mediante autopen. En esa ocasión, Trump indicó que «cualquier documento» resultaba «rescindido» si se había firmado por medios automáticos durante la gestión del demócrata. The White House, de acuerdo a lo señalado por la prensa, no ha hecho público hasta el momento un compendio detallado de cuáles órdenes ejecutivas, indultos o contratos estarían sujetos a las acusaciones de Trump. Asimismo, expertos legales citados en diversos medios han señalado que revocar indultos presidenciales entregados por la vía del autopen carece de precedente y respaldo legal en la historia política estadounidense.
Tal como publicó la prensa estadounidense, Trump sostiene la postura de que Joe Biden no intervino directamente en el proceso de firma automática de tales documentos, lo que, según sus declaraciones, pondría en tela de juicio su legitimidad. Además, el exmandatario anticipó durante junio el inicio de una investigación para determinar hasta qué punto Biden habría recurrido a la firma robótica, sugiriendo que lo hizo a causa de un «deterioro cognitivo». Biden, por su parte, rechazó estas declaraciones. La utilización del autopen —un dispositivo capaz de reproducir de manera mecánica la firma del presidente tras la captura de un modelo manuscrito en papel— ha recibido recurrentes críticas por parte de Trump, quien cuestiona no solo la legalidad sino también la idoneidad de este recurso dentro del funcionamiento presidencial.
Según detalló el medio, la estrategia utilizada por Trump apunta a sembrar dudas sobre los procesos administrativos de la Casa Blanca y a restar validez a decisiones ejecutivas que podrían impactar en políticas migratorias, judiciales o de otra índole. El mensaje divulgado en X también busca influir en quienes actualmente serían beneficiarios de indultos, conmutaciones o contratos que requirieron firma presidencial. La Casa Blanca, de acuerdo a reportes periodísticos, se ha mantenido sin declaraciones públicas sobre un listado específico de las disposiciones emitidas con autopen durante la actual administración.
El uso del autopen no es exclusivo de la administración de Biden. Diversos presidentes de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, han empleado esta herramienta para acelerar la gestión de documentos oficiales, especialmente en circunstancias donde la firma personal resulta impracticable debido a la distancia física o a la programación de la agenda presidencial. Según repasó la prensa, la validez legal del autopen no se ha puesto en duda formalmente hasta el momento, ya que la Ley de Documentos Públicos y otras regulaciones federales reconocen mecanismos electrónicos o automatizados en la validación de actos ejecutivos, siempre que se cumplan ciertos requisitos de autorización. No obstante, la acusación de Trump eleva el debate sobre la transparencia del proceso y la supervisión de las acciones tomadas bajo esta modalidad.
La controversia que se mantiene girando en torno al empleo del autopen coincide con el repunte de la polarización política en Estados Unidos a pocos meses de nuevas elecciones presidenciales. Las afirmaciones de Trump en redes sociales, citadas ampliamente por numerosos medios, han recibido amplia atención al apuntar a la legitimidad de actos administrativos y señalar presuntos abusos de la herramienta firmante, además de insistir en el cuestionamiento del estado de salud mental de su sucesor. La reacción oficial desde la Casa Blanca ha sido limitada, sin pronunciamientos ni previstos sobre el futuro de los documentos señalados ni sobre la posibilidad de publicación del listado que solicita la oposición.
Esta situación, de acuerdo a la cobertura mediática, intensifica el escrutinio sobre las herramientas tecnológicas empleadas en la Presidencia de los Estados Unidos y sobre los límites legales de la delegación de facultades fundamentales, como la rúbrica de órdenes ejecutivas o la concesión de indultos. Así, el debate suma un nuevo elemento a la discusión pública sobre el alcance de la legitimidad de la firma presidencial y las prácticas administrativas, en el contexto de una campaña política marcada por la confrontación y el intercambio de señalamientos entre los principales actores nacionales.
