El control administrativo y legal de Citgo, filial estratégica de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, permanece fuera del alcance del gobierno de Nicolás Maduro desde 2019, hecho que, según informó Europa Press, ha reducido la capacidad del Estado venezolano para proteger su patrimonio y gestionar directamente un activo con una facturación anual estimada entre 700 y 1.200 millones de dólares. En este contexto, el Ejecutivo calificó la reciente venta de acciones de la matriz de Citgo a un fondo estadounidense como una expropiación ilegítima, denunciando que la operación vulnera los intereses económicos fundamentales de Venezuela y cuestionando la legalidad y legitimidad del procedimiento.
De acuerdo con Europa Press, las autoridades venezolanas declararon su rechazo a la transferencia de Citgo a Amber Energy, filial de Elliott Investment Management, autorizada por el gobierno de Estados Unidos tras ocho años de litigio internacional entre Venezuela y al menos quince acreedores sociales y empresariales. La vicepresidenta Delcy Rodríguez emitió un comunicado oficial a través de Telegram en el que reiteró la postura del Estado venezolano de desconocer cualquier resultado derivado de los procedimientos jurídicos en tribunales estadounidenses vinculados a Citgo. Según consignó Europa Press, la funcionaria argumentó que el proceso representa una transgresión al derecho internacional y constituye, en palabras del Ejecutivo, una transferencia indebida de un activo considerado estratégico para la nación sudamericana.
El gobierno venezolano responsabilizó públicamente a figuras opositoras como María Corina Machado, Edmundo González y Juan Guaidó de facilitar, mediante supuestas maniobras internacionales, el traspaso de la filial petrolera. Caracas sostiene que estas acciones han permitido que la compañía pasara a manos extranjeras y agravaron la vulnerabilidad del Estado. Europa Press reportó que el Ejecutivo nacional advirtió que agotará “todas las acciones legales y diplomáticas” a su alcance, tanto en el plano nacional como internacional, para intentar revertir la medida, subrayando que quienes participaron en la operación enfrentarán responsabilidades ante las instancias competentes.
Europa Press detalló que el Estado venezolano y PDVSA fueron excluidos del proceso judicial central realizado en Estados Unidos, sin oportunidad de ejercer derecho a defensa en fases clave de la disputa. Según el relato de funcionarios de Caracas, esta exclusión constituyó una violación a las garantías institucionales y a los derechos estatales sobre Citgo. La venta de la filial petrolera se originó en reclamaciones colectivas de acreedores internacionales, que, debido a expropiaciones previas e incumplimientos contractuales atribuidos a Venezuela, exigieron un monto aproximado de 19.000 millones de dólares.
El procedimiento terminó en una subasta y adjudicación forzada de Citgo Petroleum Corporation, considerada el principal activo venezolano en territorio estadounidense. Este mecanismo convirtió a Citgo en garantía para satisfacer las reclamaciones de los acreedores, conforme a lo que detalló Europa Press. El Ejecutivo de Maduro tachó la operación de “vulgar y bárbaro despojo” e indicó que responde a una estrategia desde Washington para debilitar la economía venezolana, combinando litigios en el exterior y la imposición de sanciones económicas.
La administración venezolana también sostiene, según relató Europa Press, que el proceso judicial en Estados Unidos constituye un fraude y contraviene principios esenciales de soberanía nacional. El Ejecutivo afirma que la actuación del gobierno estadounidense representa un liderazgo directo en iniciativas judiciales y financieras orientadas a erosionar la capacidad del Estado venezolano para cumplir con sus obligaciones internacionales y operar con normalidad en los mercados globales.
La gestión de Citgo pasó a manos de sectores opositores, apoyados, según Europa Press, por estructuras políticas de Estados Unidos tras la crisis política de 2019 y el desconocimiento internacional del mandato de Maduro. Este traslado de la administración obstaculizó la defensa de los intereses de Venezuela ante instancias judiciales externas y limitó notablemente la disponibilidad de recursos para el país. La pérdida de control operativo sobre Citgo repercutió en la caída de las exportaciones petroleras venezolanas y en un contexto de sanciones internacionales reforzadas. Europa Press indicó que los ingresos generados por Citgo contribuían significativamente a las finanzas estatales y a la financiación de diversos proyectos, situación que se vio comprometida con la transferencia.
La transferencia de Citgo condiciona la capacidad de Venezuela para afrontar pagos internacionales, cerrar acuerdos de exportación e importación o sostener su posición en el mercado internacional de hidrocarburos. Europa Press puntualizó que esta situación incrementa la crisis financiera, repercute en la estabilidad interna y limita la disponibilidad de fondos para proyectos estatales.
Las autoridades en Caracas remarcaron ante Europa Press que la exclusión de la defensa estatal en la subasta judicial privó al país de posibilidades de resguardar su patrimonio. Frente a este escenario, el Ejecutivo anunció la movilización de todos los recursos legales y diplomáticos disponibles con el propósito de revertir los efectos de la decisión y sancionar a los actores involucrados, sean nacionales o internacionales.
El discurso oficial publicado por el gobierno de Maduro insiste en calificar la operación como una expropiación ilegítima y subraya el compromiso por recuperar activos considerados estratégicos que se encuentran en el exterior. Mientras continuaron los procesos judiciales y diplomáticos, las autoridades venezolanas reiteraron la declaración de ilegitimidad e invalidez de todas las resoluciones de tribunales de Estados Unidos en torno a Citgo y mantuvieron una denuncia constante ante foros internacionales sobre lo que consideran injerencia extranjera en su economía y asuntos soberanos.
Según lo consignado por Europa Press, el Ejecutivo venezolano analiza nuevas estrategias en los ámbitos económico y jurídico para proteger el resto de los activos nacionales expuestos a riesgos similares y garantizar la recuperación del flujo de ingresos tras la pérdida de Citgo. Este nuevo contexto redefine la relación de Caracas tanto con los acreedores multinacionales como con la administración estadounidense, situando la recuperación de activos y la defensa de la soberanía económica en el centro de la agenda gubernamental.
En este escenario, la administración Maduro reiteró a Europa Press la decisión de mantener acciones orientadas a identificar y sancionar a quienes, desde adentro o fuera del país, hubiesen colaborado o facilitado la pérdida de patrimonio público. Tal línea de acción se integra en la política defendida por el Ejecutivo de resguardar los intereses estatales y proteger los recursos estratégicos ante lo que consideran prácticas hostiles impulsadas desde el extranjero.
