El descubrimiento de más de 400 barriles con residuos radiactivos, colocados a menos de diez metros de casas y escuelas en la región de Madaouela, dentro de Arlit, provocó la decisión del gobierno de Níger de buscar reparación ante instancias judiciales nacionales e internacionales. Según detalló la Agencia Nigerina de Prensa (ANP), estos recipientes contienen compuestos peligrosos, como bismuto 207 y cromo X, que representan una amenaza directa a la salud de la población local y alteran su entorno cotidiano, afectando actividades pastoriles y educativas.
El medio estatal ANP informó que las investigaciones realizadas por las autoridades de Níger documentaron la presencia de estos desechos tóxicos como resultado de la gestión de la empresa francesa Orano, anteriormente conocida como Areva. De acuerdo con la ANP, el Estado nigerino acusa a la multinacional de violar de manera directa la normativa ambiental vigente y de desconfiar de la capacidad técnica de los operadores locales. Las autoridades consideran, según lo informado por ANP, que la exposición a estos residuos vulnera la seguridad de los espacios residenciales y educativos, además de perjudicar la economía y costumbres de las comunidades afectadas.
Entre las acciones desplegadas, el gobierno de Níger emprendió denuncias judiciales tanto en tribunales nacionales como en organismos internacionales, exigiendo una reparación integral por los daños ambientales generados y los consecuentes perjuicios sociales. Según consignó ANP, el ministro de Justicia Alio Daouda señaló que la contaminación persiste en la zona de Arlit, incidiendo sobre la estabilidad del entorno y el desarrollo local, pues los riesgos asociados a los materiales siguen latentes.
De acuerdo con la información de ANP, las autoridades estatales llevaron a cabo auditorías y revisiones técnicas junto con representantes de los habitantes, recogiendo pruebas del impacto sanitario y ambiental derivado del almacenamiento de residuos radiactivos. Los reportes oficiales describen casos concretos de contaminación y profundizan en las consecuencias directas sobre la vida de quienes habitan en las proximidades de los almacenes de desechos.
La confrontación legal con Orano incluye, según el medio estatal, la acusación de ignorar sentencias previas. En dichas resoluciones judiciales, se exigía el tratamiento o retiro de millones de toneladas de desechos depositados a cielo abierto debido a la actividad minera de la compañía. Níger sostiene, tal como reportó ANP, que el incumplimiento recurrente por parte de Orano constituye una infracción tanto de la legislación ambiental como del marco penal, revelando además una postura de desdén hacia las competencias de los profesionales nacionales.
El litigio tomó una dimensión internacional por las denuncias presentadas fuera del país, y la disputa se amplía con cuestiones relacionadas con el control y traslado de uranio. El gobierno, conforme a lo publicado por ANP, defiende su derecho a la supervisión y administración de las reservas minerales del país. Acusa a Orano de intentar apropiarse indebidamente de estos recursos estratégicos. Como parte de este proceso para recuperar el dominio sobre los yacimientos, el Estado anunció la nacionalización de la empresa minera SOMAÏR SA, antes operada en conjunto con la compañía francesa. Con esta medida, Níger buscó aumentar la propiedad y el control sobre los depósitos de minerales hasta entonces gestionados desde el exterior.
Orano, en respuesta a la transferencia de SOMAÏR, manifestó su desacuerdo con la decisión de Níger de manejar parte del uranio almacenado dentro de las instalaciones de la compañía. De acuerdo con los datos de ANP, la empresa multinacional sostiene que una decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, prohíbe cualquier movimiento de ese material mientras la disputa permanezca sin solución definitiva. Esta postura añadió complejidad al proceso judicial, subrayando la divergencia de intereses sobre el uso y control de los recursos minerales de Níger.
Según informó ANP, en el marco de la estrategia judicial, las autoridades intensificaron las inspecciones y el seguimiento en las áreas donde se ubican los depósitos radiactivos, involucrando activamente a los representantes de la población local. Estas verificaciones buscan consolidar la base probatoria sobre los impactos acumulados por décadas de minería. Los resultados obtenidos con estas inspecciones periódicas alimentan los procedimientos legales en marcha, documentando el alcance geográfico y temporal de los daños causados por la explotación y almacenamiento de materiales peligrosos.
El Estado, según subrayó ANP, mantiene su compromiso de ejercer presión institucional sobre Orano en los foros judiciales y administrativos, buscando no solo una compensación adecuada sino una regulación estricta de la disposición de residuos y minerales. Los funcionarios insisten en la necesidad de asegurar el cumplimiento riguroso de la legislación ambiental y penal, así como la defensa de la salud y el bienestar de los habitantes de Arlit y otras zonas afectadas por la extracción y transformación de uranio a cargo de empresas extranjeras.
Finalmente, representantes del ejecutivo resaltan el objetivo de afianzar la potestad nacional en la gestión tanto de actividades productivas vinculadas a la minería como de la administración territorial. La meta declarada, apuntó ANP, radica en reforzar la justicia ambiental y económica, garantizando que la explotación de recursos estratégicos beneficie a la población y cumpla las normas de protección ambiental vigentes en el país.
