Durante una sesión del gabinete en la Casa Blanca, la administración estadounidense expuso detalles sobre la ejecución de un segundo ataque armado contra sobrevivientes de una embarcación sospechosa de tráfico de drogas, acción que siguió a un bombardeo previo en aguas del Caribe. Este episodio, liderado por el almirante Frank Bradley y respaldado plenamente por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, marca una fase de intensificación en la respuesta militar del gobierno de Washington. Según informó la fuente, la ofensiva ha dejado un saldo de 82 personas muertas en 21 operativos recientes dirigidos contra narcolanchas en las rutas marítimas del Caribe y el Pacífico oriental, y cuenta con el respaldo total del más alto nivel de la cadena de mando estadounidense.
De acuerdo con lo publicado, Pete Hegseth aseguró durante la comparecencia que «apenas hemos comenzado a atacar narcolanchas y a dejar a los narcoterroristas en el fondo del océano», reafirmando así la línea adoptada por la administración de Donald Trump que ha instruido a sus fuerzas para escalar el uso de recursos militares en la lucha antidrogas. Las directrices emitidas por la Casa Blanca otorgan la máxima flexibilidad para que los comandantes navales ordenen ataques armados y permiten una respuesta letal ante las embarcaciones a las que se atribuye el transporte de drogas hacia territorio estadounidense. El medio citó a Hegseth explicando a periodistas que, durante la fase inicial del operativo más reciente, solo pudo observar por sistemas de vigilancia «una explosión y humo», sin poder verificar entonces la situación de los presuntos traficantes. Al recibir aviso de la decisión de hundir la nave, Hegseth respaldó la medida, afirmando que «tomó la decisión correcta de hundir el barco y eliminar la amenaza». Definió el contexto de las operaciones como «la niebla de guerra», aludiendo a la dificultad de contar con información precisa en esos escenarios.
La cobertura de la reunión del gabinete incluyó la intervención del presidente Donald Trump, quien ratificó que la política del Ejecutivo se centra en impedir que organizaciones criminales introduzcan sustancias ilegales en Estados Unidos. Trump expresó: «Cualquiera que produzca o venda drogas a Estados Unidos está sujeto a ataque», y justificó el uso de la fuerza con argumentos de autoprotección y defensa nacional. El mandatario recalcó que el propósito principal es evitar el “envenenamiento del pueblo estadounidense” y expresó de manera explícita su propósito de «eliminar» a las personas vinculadas con el tráfico de drogas. El medio recogió que tanto Trump como Hegseth defendieron la autonomía operacional en situaciones de combate nocturno, describiendo estos escenarios como “cosas oscuras y difíciles en la oscuridad de la noche en nombre del pueblo estadounidense”.
Según consignó la fuente, la ofensiva ha estado centrada en rutas marítimas calificadas como puntos neurálgicos del tráfico de estupefacientes desde América Latina hacia Estados Unidos. La campaña se ha apoyado en un despliegue intensificado de unidades navales y en reglas de enfrentamiento especialmente flexibles, lo que permitió una mayor libertad de acción a los comandantes responsables. Esta estrategia elevó de forma significativa el uso de la fuerza letal, como queda evidenciado en el saldo de personas fallecidas durante las intervenciones. Los operativos no sólo se limitaron al Caribe, sino que se extendieron al Pacífico oriental, dos zonas identificadas como corredores clave por las autoridades estadounidenses.
La administración Trump, según reportó el medio, fundamentó esta política en la defensa nacional, actitud corroborada por la postura oficial de la Casa Blanca y del Pentágono. Durante la comparecencia ante los medios, los portavoces del gobierno no abordaron en forma detallada los aspectos jurídicos o las restricciones legales internacionales vinculadas a tales operativos, concentrando la argumentación en la eliminación directa de amenazas y en el rechazo a medidas menos directas o menos contundentes.
El apoyo incondicional de los altos funcionarios del Ejecutivo a la cadena de mando operativa se manifestó en la ratificación pública de las órdenes emitidas para realizar el segundo bombardeo contra sobrevivientes, tras considerar que la amenaza persistía a pesar del ataque inicial. El reporte original indicó que la Casa Blanca transmitió con claridad su mensaje de continuar el énfasis en la flexibilidad táctica y en la contundencia del accionar militar, como una forma de disuasión dirigida tanto a los grupos involucrados en el tráfico ilegal como a eventuales observadores extranjeros o internos.
Pete Hegseth declaró que mantendrá el impulso de acciones similares en el futuro, en sintonía con la estrategia de erradicación de amenazas provenientes del narcotráfico en la región. El respaldo explícito a los oficiales que lideran las operaciones en el terreno constituye uno de los elementos centrales de la política vigente. La evidencia de que las reglas de enfrentamiento permiten ordenar ataques incluso tras un primer enfrentamiento muestra el margen operativo facilitado por la actual administración.
Las embarcaciones afectadas se vinculan, según datos proporcionados por el gobierno, a redes de tráfico internacional de sustancias ilícitas desde países latinoamericanos. Estos medios de transporte serían considerados de alto interés estratégico por las agencias de seguridad, debido al volumen de droga que intentan introducir en el mercado estadounidense. La ausencia de detalles sobre la identidad de las personas a bordo de las naves refleja el nivel de hermetismo que el Pentágono mantiene respecto de las operaciones, limitando la divulgación a cifras totales y declaraciones oficiales.
La política, según el reporte distribuido, busca consolidar un precedente militar y político capaz de enviar una señal inequívoca tanto a los llamados narcotraficantes como a socios y aliados internacionales, subrayando la disposición de Washington a adoptar medidas extremas en nombre de la seguridad nacional. La administración Trump ha sostenido que la continuidad de la campaña dependerá del análisis constante que el Pentágono realice sobre la evolución de lo que consideran amenazas persistentes.
El desarrollo de los 21 operativos ha sido calificado por fuentes gubernamentales y especialistas citados por el medio como un despliegue de una magnitud y alcance sin antecedentes previos para acciones similares en aguas internacionales. La reiteración oficial de la necesidad de recurrir a decisiones difíciles, sobre todo en situaciones nocturnas u operaciones de alto riesgo, acompañó la exposición pública de la estrategia. El Pentágono respaldó la amplitud de las reglas de combate vigentes, orientadas a permitir el uso total de la fuerza cuando, según sus evaluaciones, existan riesgos elevados para la seguridad estadounidense.
El medio detalló el rol central de la doctrina de máxima flexibilidad para los comandantes navales, que cuentan con autorización para realizar ataques adicionales si así lo consideran necesario para neutralizar amenazas. El enfoque operativo se apoya en recursos de inteligencia y vigilancia que guían las acciones sobre las embarcaciones clasificadas como narcolanchas, aunque la información proporcionada sobre los operativos rara vez incluye datos personales o identitarios de los ocupantes de las naves atacadas.
La magnitud de la ofensiva y la retórica empleada por los principales responsables del gobierno estadounidense indican la decisión de consolidar la neutralización física como eje de la campaña militar. Washington persiste en el hermetismo sobre acciones recientes y justifica la letalidad de los operativos en la creación de un disuasivo eficaz ante organizaciones criminales involucradas en el tráfico de drogas transnacional, según relató la fuente. La estrategia declarada continuará vigente mientras las autoridades consideren que existe una amenaza considerable para la seguridad nacional, con la promesa de mantener y escalar los operativos en el futuro inmediato según evolucione la situación en los corredores marítimos clave.
