Las investigaciones identificaron que más de 6,7 millones de euros —un 75% del total de ingresos en la última década— ingresaron directamente desde Acciona a las cuentas de Servinabar, dato que colocó bajo escrutinio la legalidad de los contratos entre ambas empresas y generó un amplio dispositivo judicial bajo la dirección del Tribunal Supremo. Según informó Europa Press, este volumen de transferencias llevó a examinar a fondo la naturaleza y los posibles beneficios irregulares derivados de los acuerdos contractuales, dentro de la causa popularmente conocida como ‘caso Koldo’.
El medio Europa Press detalló que la intervención judicial contempló, en la jornada de este miércoles, la comparecencia como testigos ante el Supremo de un exdirectivo de Acciona y uno de sus subordinados. La sesión formó parte de una serie de diligencias dirigidas por el magistrado Leopoldo Puente, quien se basa en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La investigación tiene como objetivo desvelar cómo presuntamente funcionaba una red concebida para canalizar comisiones ilegales a través de contratos públicos adjudicados a una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por Acciona y en la que Servinabar ocupaba un lugar primordial.
Europa Press consignó que la revelación de los informes policiales desencadenó reacciones inmediatas en la cúpula directiva de Acciona. Tras la publicación del documento elaborado por la UCO, la empresa destituyó a Justo Vicente Pelegrini, entonces máximo responsable del área de Construcción en España, y procedió a cancelar todos los contratos en vigor que tenía con Servinabar. Esta serie de decisiones llegó poco después de que el Tribunal Supremo comenzara de manera formal la investigación sobre la red de acuerdos contractuales y la circulación de fondos detectada entre ambas compañías.
La reconstrucción de los hechos, según las fuentes judiciales, permitió situar la creación de la UTE en el centro de la trama, mostrando el papel central de Servinabar en el esquema de presuntos cobros irregulares. Directivos clave de Acciona, como Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel —responsables en las zonas norte y sur, respectivamente— fueron apartados de sus funciones tras detectarse indicios de una posible intervención directa en la adjudicación de contratos bajo sospecha. La suspensión de sus cargos se formalizó el 18 de noviembre, coincidiendo con la entrega de un nuevo informe policial que proporcionaba más detalles sobre la relación de la UTE con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.
Documentos recopilados en la causa y mencionados por Europa Press recogen que Santos Cerdán controlaba el 45% de Servinabar. Lo acompañaba como socio principal Antxon Alonso, mientras que Jon Aritz Santamaría contaba con una cuota del 4%. El origen de Servinabar se remonta a 2015, año en el que la nueva firma suscribió un acuerdo marco con Acciona, orientado a la colaboración conjunta en licitaciones públicas futuras y garantizando un 2% de participación de Servinabar en las operaciones realizadas. Justo Vicente Pelegrini y Antxon Alonso firmaron ese documento. El informe de la UCO señaló que ese convenio sentó las bases de una asociación que habría facilitado la creación de un entramado para la adjudicación supuestamente ilícita de contratos públicos.
La actuación de los implicados se materializaba en la gestión directa de proyectos adjudicados a la UTE y en la formalización de Memorandos de Entendimiento, firmados por Olarte y García Alconchel, según detalló Europa Press. Entre los contratos obtenidos figuran intervenciones de gran envergadura como la construcción de una autovía en Logroño, un puente en Sevilla o el tren de Sant Feliú, con un valor conjunto que alcanza los 245 millones de euros.
Además de la actividad en España, el vínculo entre Acciona y Servinabar se extendió a operaciones en el extranjero. García Alconchel resultó implicado en licitaciones internacionales, como un proyecto portuario en Kenitra, Marruecos. Según los datos recopilados por Europa Press, la investigación policial observó la participación de Santos Cerdán en una misión oficial realizada en 2019 por el Ministerio de Transportes a ese país magrebí. En dicha comitiva también participaron el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. En ese contexto se detectó preocupación entre los integrantes de la UTE, reflejada en un mensaje transmitido por Alonso a García Alconchel: “Marruecos, se les está presionando desde aquí”.
El juez Puente abrió el foco de la investigación hacia Fernando Merino, antiguo miembro de la directiva de Acciona, quien según la UCO, habría mantenido contactos con Koldo García, conocido colaborador de Ábalos, en relación a la adjudicación motivada de diversos contratos a favor de la UTE. Entre las medidas adoptadas por las autoridades sobresalen los registros efectuados en las propiedades de Merino, así como en las de sus familiares Antonio y Daniel Fernández Menéndez, responsables de la empresa OPR, igualmente bajo investigación. Los operativos incluyeron también las sedes de Acciona, OPR y viviendas ligadas a Pelegrini, extendiéndose a lo largo de noviembre con nuevas diligencias.
Europa Press proporcionó cifras que detallan el funcionamiento financiero de Servinabar. Entre sus ingresos, aparecen más de 2,1 millones de euros cuyas transferencias carecen de origen identificado, una suma que representa cerca de una cuarta parte de los fondos totales registrados. Los gastos de la empresa superan los 9,7 millones de euros, de los cuales la mayoría se destinó a pagos a otras empresas y a personas físicas, además de abonos a bancos en concepto de comisiones y, en menor proporción, a salarios y obligaciones fiscales.
Dentro del universo de beneficiarios de las transferencias de Servinabar destacan Santos Cerdán y personas de su círculo familiar, quienes recibieron indemnizaciones directas junto a importes correspondientes al alquiler de viviendas, entre ellos un piso situado en Madrid. El análisis de la documentación reveló la existencia de una tarjeta de crédito empresarial empleada en consumos habituales superiores a 33.000 euros. Europa Press también expuso un diálogo captado entre Antxon Alonso y su esposa: “Paqui, la mujer de Santos, la conocen todas las dependientas de El Corte Inglés”, en alusión a la asiduidad y cuantía de las compras particulares pagadas con fondos de la empresa.
Durante la investigación, varios de los implicados optaron por sistemas de comunicación orientados a eludir eventuales escuchas o interceptaciones. Algunas conversaciones se realizaban mediante mensajes escritos mostrados a través de videollamadas, evitando así la comunicación verbal con registro de audio.
Servinabar aparece presente desde su creación en el eje de los indicios sobre la presunta red de comisiones ilegales, mantenido una relación continuada con figuras políticas y recibiendo sumas relevantes por su participación en procesos de licitación y ejecución de obras. La investigación, según informa Europa Press, dejó constancia de la actividad permanente de Santos Cerdán en la gestión financiera y en las decisiones contractuales de la sociedad, lo cual le situó como una figura de especial interés para la instrucción.
En declaraciones realizadas ante Europa Press, fuentes oficiales de Acciona rechazaron haber realizado pagos de comisiones a las personas involucradas y manifestaron su disposición a recurrir a la vía judicial en caso de que se demuestre alguna conducta que perjudique los intereses de la compañía. La citación de García Alconchel —uno de los ejecutivos apartados— fue postergada hasta el 15 de diciembre, debido a una baja médica de su representante legal, de acuerdo con la información del medio.
El Tribunal Supremo, en coordinación con la UCO de la Guardia Civil, mantiene en marcha el análisis de flujos económicos, acuerdos entre empresas y la posible connivencia de las personas implicadas, para delimitar las responsabilidades legales derivadas y esclarecer el alcance real de las conductas bajo investigación.
