Los apoderados de cuatro agrupaciones políticas minoritarias fueron procesados por fraude, acusados de haberse quedado con el dinero recibido del Estado para la impresión de boletas partidarias en las PASO de 2023 en la provincia de Buenos Aires.
Los procesados son Ernesto Raúl Habra, Sergio Jesús Medrano, Yamil Eloy Salerno y Matías Mauricio Burgos, ligados a los partidos Justicia y Dignidad Patriótica, Proyecto Joven, Encuentro Republicano Federal y Esperanza del Pueblo.
La Cámara Nacional Electoral confirmó ahora los procesamientos dictados por el juez federal Ernesto Kreplak contra los cuatro imputados, por los delitos de defraudación a la administración pública y falsedad ideológica de documento público.
El fallo del tribunal lleva las firmas de los camaristas Daniel Bejas, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via.
Los hechos se cometieron durante la campaña electoral correspondiente a las primarias realizadas en la provincia de Buenos Aires en 2023 para la elección de candidatos a cargos públicos nacionales.
Los partidos políticos investigados percibieron aportes públicos para solventar la campaña electoral y para la impresión de las boletas; sin embargo, no pudieron acreditar ante la justicia federal electoral de Buenos Aires que el dinero percibido del Estado Nacional haya sido destinado al fin previsto en la legislación electoral nacional.
La Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, entregó al partido Proyecto Joven la suma de $352.050.020,32 en concepto de aportes de campaña e impresión de boletas, en tanto, a la agrupación Justicia y Dignidad Patriótica le asignó $124.224.124,30, también como aporte de campaña e impresión de boletas.
Sin embargo, los responsables de esas agrupaciones, desviaron esas sumas para otros fines. Por eso, están acusados de los delitos de fraude y de falsedad ideológica de documentos públicos.
Además, surge de la causa que los partidos sujetos a investigación habían presentado precandidatos que estaban fallecidos en el momento de la elección.
De 228 supuestos candidatos, 170 no ratificaron su postulación y los miembros de las juntas electorales partidarias negaron haber firmado las actas de oficialización de listas.
Según la investigación judicial, el dinero percibido fue direccionado casi exclusivamente a la “impresión de boletas” en la imprenta DWP S.R.L., que pertenece a la esposa del imputado Ernesto Habra y a José Bonacci, que era su socio. El tribunal destacó que esto representó un “negocio multimillonario” para los involucrados.
Según el fallo, aunque los cuatro partidos estuvieron involucrados, solo dos lograron cobrar efectivamente el dinero antes de que se detectaran las irregularidades y se frenaran los pagos. Los dos partidos que finalmente no cobraron tenían montos millonarios adjudicados.
El partido Esperanza del Pueblo tenía asignados más de $85.000.000 (sumando las categorías de diputados, parlamentarios del Mercosur y senadores), pero no cobró el dinero, y Encuentro Republicano Federal tenía asignados más de $86.000.000 (sumando las diversas categorías), que tampoco recibió.
Por eso, el tribunal ordenó embargos preventivos por sumas que van desde los $50 millones hasta los $480 millones de pesos.
Ernesto Raúl Habra, apoderado de Encuentro Republicano Federal, dijo que fue víctima de sus socios y negó haber gestionado otros partidos. Acusó a Sergio Medrano y a Bonacci.
Sergio Jesús Medrano, apoderado de Justicia y Dignidad Patriótica, admitió su rol formal, pero alegó ser un testaferro sin control real. Señaló a Habra como el verdadero “dueño” de la operación.
Yamil Eloy Salerno, apoderado Proyecto Joven intentó minimizar las irregularidades y también apuntó a la intervención de Habra y de Matías Mauricio Burgos, apoderado de Esperanza del Pueblo. Dijo que ignoraba todo, incluso su propia firma digital. La Justicia no les creyó y procesó a todos.
Entre las irregularidades detectadas encontraron datos falsos en los documentos que eran presentados con el objeto de que se aprobara la participación en los comicios y se habilitara el uso de los fondos públicos. La Justicia reunió pruebas de que varias personas no habían consentido ni suscripto las precandidaturas que fueron presentadas.
La Cámara Nacional Electoral señaló que los partidos políticos son “auxiliares del Estado”, “necesarios para el desenvolvimiento de la democracia” y, por lo tanto, “instrumentos de gobierno”. Por eso, dijeron los camaristas, “se requiere que su constitución, autoridades y cuerpos orgánicos sean transparente expresión de representatividad, a la vez que una clara manifestación programática de las corrientes de opinión que fluyan en el seno de tales agrupaciones”, afirmaron los jueces.
