Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, tendrá que responder ante la Fiscalía por la compra de lujoso penthouse en Bogotá

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 El presidente del conglomerado energético colombiano Ecopetrol, Ricardo Roa - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en calidad de indiciado, para que explique las presuntas irregularidades en la adquisición de un penthouse ubicado en el norte de Bogotá.

El inmueble habría sido vendido por una empresa bajo el control del empresario del sector de hidrocarburos Serafino Iácono, según informó la Fiscalía.

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La investigación se centra en esclarecer los detalles de la transacción inmobiliaria, en la que la compañía vinculada figura como vendedora del penthouse. La citación a Roa busca determinar si existieron conductas irregulares en el proceso de compra, así como el posible impacto de estos hechos en la gestión de la petrolera estatal Ecopetrol.

La Fiscalía comunicó que el interrogatorio a Roa forma parte de una serie de diligencias orientadas a establecer la legalidad de la operación y la eventual responsabilidad de los involucrados.

La Procuraduría investiga a Ricardo Roa por la compra de un apartamento en Bogotá y posibles beneficios a Serafino Lacono - crédito Colprensa, montaje Infobae

Defensa de Roa justificó ante la Fiscalía compra de inmueble

La defensa de Ricardo Roa Barragán, presentó ante la Fiscalía General de la Nación un voluminoso expediente con el objetivo de demostrar la legalidad de la compra de un penthouse valorado en $1.800 millones en el barrio El Chicó, en la capital del país.

Este movimiento responde a la investigación abierta por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, luego de que surgieran dudas sobre la procedencia de los fondos y la trazabilidad de la operación inmobiliaria.

De acuerdo con información suministrada por la W Radio, la defensa del funcionario radicó un total de setenta y seis folios que contienen registros bancarios, contratos de préstamo y certificaciones financieras, tanto de manera virtual como física, ante la Dirección Especializada contra la Corrupción.

El apartamento estaría ubicado en este edificio, sobre la calle 92 - crédito Google Maps

El abogado Juan David León, representante legal de Roa, explicó al medio radial que la documentación entregada busca probar que el apartamento 901 fue adquirido de forma lícita y que no existe ninguna irregularidad en la transacción.

León afirmó: “El apartamento 901 fue adquirido de manera lícitamente pagado en su integralidad y adicionalmente no existe ninguna tacha de irregularidad sobre esta adquisición.

El caso cobró notoriedad pública después de que, en septiembre, el periodista Daniel Coronell publicara documentos que evidenciaban supuestas contradicciones en las fechas y formas de pago del inmueble. De acuerdo con la información revelada, el apartamento pertenecía previamente a la empresa Princeton International, registrada en un paraíso fiscal y controlada por Serafino Iácono.

La transferencia de la propiedad a nombre de Roa se formalizó el siete de diciembre de 2022 mediante una escritura de la Notaría 34 de Bogotá.

Él el Guillermo Mancera, el coronel retirado que habría vendido el apartamento a Roa - crédito LinkedIn

La investigación también involucra al coronel retirado Juan Guillermo Mancera, que, según Coronell en su trabajo periodístico, habría realizado pagos asociados al apartamento incluso después de que la titularidad pasara a Roa, extendiéndose estos movimientos hasta febrero de 2024.

La Fiscalía inspeccionó las oficinas de Mancera en Bogotá e Ibagué el 29 de septiembre de 2025, y entre los documentos revisados figura una carta del representante legal de Princeton International dirigida al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en la que se detallan seis pagos realizados a cuentas de Bancolombia en fechas posteriores al traspaso del inmueble.

El abogado León subrayó que la defensa ha aportado todos los elementos materiales, probatorios y documentales necesarios para demostrar la legitimidad de la operación. Añadió que la trazabilidad de los fondos es completamente legítima y que Roa utilizó créditos bancarios para cancelar la obligación, como lo haría cualquier ciudadano.

León expresó su confianza en la labor de la Fiscalía y reiteró que la adquisición de vivienda, cuando se realiza conforme a la ley y se cancela la totalidad del precio acordado, no constituye una irregularidad.

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