Los directivos de tres de las principales droguerías beneficiadas en el presunto direccionamiento de compras al interior de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se negaron a declarar hoy durante su indagatoria en Comodoro Py, en la causa que sobrevino a los audios del exdirector del organismo, el libertario Diego Spagnuolo.
Se trata de Andrés Horacio Arnaudo, ejecutivo de Génesis, y de Silvana Vanina Escudero y Alejandro Fuentes Acosta, directores de New Farma y Droguería Floresta, respectivamente, quienes dieron a conocer a través de sus abogados que entregarán un descargo por escrito, una vez que analicen la imputación que les fue leída hoy.
Las sociedades que presiden resultaron favorecidas en el proceso de compras “reducidas” que revisa la Justicia en la causa, en la que participaba solo un puñado de empresas.
A New Farma y Floresta, en particular, el fiscal Franco Picardi las señala como las principales adjudicatarias de insumos auditivos dentro de la agencia, como audífonos o implantes. Entre septiembre de 2024 y agosto de este año, en ese rubro, las empresas ganaron más del 50% de las licitaciones y recibieron un total de $9.514.743.020.
Además, el fiscal las acusa de haber sido una suerte de oferentes testimoniales, al presentar precios no competitivos en determinadas licitaciones para simular una falsa competencia con otras empresas que ya habrían tenido garantizado el contrato de antemano.
A la droguería Génesis, por su parte, el fiscal Picardi la acusa de haber concentrado, junto con la droguería Profarma, el 93,11% de 21 órdenes de compra en ese mecanismo investigado de compulsas reducidas. Fue entre julio de 2024 y agosto de 2025.
Por la empresa Profarma ya había sido indagada Ruth Noemí Lozano, que eligió no declarar. Lozano es, a su vez, accionista de la firma Indecomm S.R.L, cuyo titular es Miguel Ángel Calvete, uno de los principales apuntados en el presunto esquema de direccionamiento.
Audios
La causa nació con la divulgación de los audios que describen un sistema de coimas al interior del organismo, atribuidos a Spagnuolo, que fue desplazado por el Gobierno cuando el tema se instaló en la agenda pública.
La defensa de la familia Kovalivker -dueña de Suizo Argentino- pidió anular la investigación, argumentando que esas grabaciones furtivas podrían haber violado derechos fundamentales y ser ilegales. Luego, la defensa de Spagnuolo haría un planteo similar, esgrimiendo que ese material de origen desconocido no podía incriminarlo.
Ayer, la Cámara Federal, por mayoría, le ordenó al juez Sebastián Casanello que investigue la procedencia y la veracidad de aquellos audios y que identifique los elementos que sustentan la causa por fuera de esos registros.
“Existen solo dos caminos posibles no excluyentes [en relación con los audios]: procurar establecer su origen y veracidad y exponer, entre tanto, que otros elementos abonaron la actividad jurisdiccional desarrollada si, como alegó la fiscalía, se ha omitido su utilización”, dice el fallo de la Sala II.
La puja en torno a los audios es acerca de si estos sirvieron de puntapié inicial para la investigación o constituyen la piedra angular del caso.
